El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California expresó su rechazo al endeudamiento por 40 años que aprobó el Congreso del Estado en días pasados para autorizar la reestructuración de la deuda pública, así como el financiamiento de la desalinizadora de Playas de Rosarito y del Segundo Piso en Tijuana, ambas por medio de Asociaciones Público Privadas (APPs).
En conferencia de prensa, los empresarios reprobaron “la manera con la que el Ejecutivo y los diputados se condujeron: sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los ingresos del estado para garantizar el pago a dichos proyectos, en un momento en el que ya se enfrenta una situación claramente muy complicada”.
El 28 de marzo, la mesa directiva del Congreso aprovechó un receso para modificar la orden del día, la cual había sido aprobada al inicio de la sesión ordinaria, para así incluir un dictamen suscrito por el diputado panista Ignacio García Dworak para aprobar el refinanciamiento de la deuda y los contratos de las dos APPs.
“Consideramos inadmisible que se apruebe el refinanciamiento de la deuda sin que se haya socializado suficientemente. En diciembre acordamos con el señor gobernador crear el Consejo Consultivo Financiero para apoyar en el análisis de las finanzas públicas y construir soluciones junto con la sociedad. Sin embargo, se nos ha privado de la información necesaria y ahora, de la oportunidad de lograr algo significativo. Vemos pues que no hay voluntad”, suscribió el grupo empresarial.
Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE de Tijuana, señaló que esperan que en una semana el gobernador dé respuesta si continuarán con los trabajos conjuntos, para los cuales la cúpula empresarial contrató un despacho privado, para decidir cuál es la mejor opción de refinanciamiento para la deuda pública estatal.
