Para José Carlos Jiménez Payán, el responsable de su exilio de Baja California es Óscar Vega Marín, el actual candidato a gobernador del PAN. El ex director de Cecyte, fue acusado en 2009 de desviar 55 millones de pesos etiquetados para apoyar a la educación superior.
Hoy la PGJE confirma que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado, la cronología del expediente muestra que se interpusieron una serie de amparos y recursos que terminaron en 2014 cuando se hizo la solicitud formal de extradición, misma que permanece en espera.
Respecto a los señalamientos, Oscar Vega declaró que conoció a Jiménez Payán, pero que su relación fue meramente de trabajo y negó tener un motivo especial en contra del ex funcionario, quien reside en los Estados Unidos para evitar ser capturado.
Diez años han pasado desde que se destapó el escándalo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California (CECyTEBC), en el que un grupo de funcionarios del sistema educativo de media superior fueron acusados. Hoy, los detenidos fueron absueltos y el único que se encuentra prófugo de la justicia es José Carlos Jiménez Payán, ex director de la institución.
Refugiado en El Centro, California, donde goza de libertad dado a que cuenta con la doble nacionalidad, Jiménez Payán ofreció una entrevista a ZETA, a través de una videollamada para dar su versión dela historia.
Detalló que existen dos órdenes de aprehensión en su contra por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, de los cuales el primero es considerado grave en el Sistema Tradicional. Esto quiere decir que su prescripción llegaría hasta el 2024, aproximadamente, según la legislación vigente en ese entonces.
Jiménez Payan, aseguró que las acusaciones en su contra en el Tribunal Contencioso Administrativo ya fueron desechadas hace 4 años, y no solo se determinó que era inocente, sino que además se ordenó al Poder Ejecutivo pagarle salarios caídos, lo cual no ha ocurrido.
El documento firmado por la magistrada Flora Arguiles Robert y que tiene número de expediente 223/2013, declara la nulidad del procedimiento administrativo contra Jiménez Payán. Sin embargo, la acción penal derivada de la sanción administrativa continúa vigente, por lo que ya solicitó un sobreseimiento, con la intención de poder volver a México, donde contaba con empresas y era profesor en una preparatoria federal.
De los fondos desviados, refirió que un día normal en el año de 2009, se le solicitó acudir a las oficinas de la SEBS, para hablar sobre un programa de cultura de la legalidad que debería comprarse. El monto eran 20 millones de pesos y serían otorgados a una empresa ubicada en Sinaloa. “Son paisanos del Gobernador”, comentó Jiménez Payán, que escuchó durante la charla.
Entonces Jiménez Payán, asegura haber dicho que Cecyte ya contaba con un programa de esta naturaleza, por lo que era innecesario comprarlo, y sugirió que mejor le entregara el dinero para comprar equipo de cómputo que se requería.
Pese a ello, Vega Marín, entonces secretario de Educación, le pidió que lo analizara, mandando de frente la imagen del entonces Gobernador. Pese a ello, se negó a comprarlo. A los días, el Gobierno del Estado le pidió que hiciera una donación de un predio ubicado a un costado de las instalaciones de CecyteBC, en la Zona Río de Tijuana.
Desconocía los motivos de la donación, pero también se negó, argumentando que esos terrenos los consiguió para Cecyte con el Ayuntamiento de Tijuana, por lo que no podía entregarlos de esa forma.
Jiménez Payán, señaló que tres meses después de esos conflictos, Vega Marín, lo citó en las oficinas de Gobierno del Estado para analizar algunos temas. Jamás se imaginó que la intención era detenerlo y procesarlo por el desvío de casi 55 millones de pesos de las arcas de Cecyte.
Aunque fue detenido, recobró su libertad varias semanas después, y emprendió la huida a California, donde permanece refugiado en espera de solucionar su situación legal.
Tras varios amparos y procesos judiciales, tanto en el área administrativa como penal, ha logrado desestimar algunas acusaciones, entre ellas el de falsificación de documentos, mismo que fue desechado.
Respecto a los 55 millones de pesos desviados, Jiménez comentó que no tiene idea de dónde sacaron esas cifras, y que durante los juicios presentaron documentos falsos o algunos los declararon inexistentes. Las facturas –dijo- iban de todo tipo, desde papelería hasta trabajos de infraestructura en las escuelas.
“Nosotros no tenemos ningún manejo dentro del presupuesto de inversión que incluyen los campos deportivos, edificios, etc. Todo eso lo manejaba el Gobierno del Estado. Ni el recurso que conseguíamos para Cecyte, llegaba a Finanzas”, señaló el exfuncionario hoy prófugo de la justicia, quien agregó que presentaron hasta factura de libros que ellos mismos editaron.
Se le preguntó a Óscar Vega Marín, de las supuestas facturas apócrifas y fabricadas para enjuiciar a Jiménez Payan, y respondió que desconoce toda información al respecto, y agregó que después de su detención no volvió a saber nada de él.
Sobre un supuesto programa de 20 millones de pesos que le pidió comprar al ex director, Vega Marín mantuvo la misma postura, y agregó que la intención de Jiménez es repartir culpas por sus actos.
“Cuando alguien es acusado, y pues condenado en cualquier esquema por una irresponsabilidad, pues quiere seguir compartiendo culpa. En todas las administraciones he sancionado y despedido funcionarios, si uno quiere decir que no le gustó, en este caso no fui yo quien lo despidió”.
Agregó que las responsabilidades que se fincaron en su contra se deben a hechos ocurridos en una etapa previa a su ingreso como Secretario de Educación, por lo que dijo desconocer el estatus legal del hecho.