¿Recuerdan lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete la primera semana de enero de 2019 para combatir el “huachicoleo”, cuando ordenaron cerrar todos los ductos de Petróleos Mexicanos? Dijeron que fue para que los criminales no pudieran robar el combustible y detectar los puntos de dónde se lo estaba sustrayendo, lo que aunado a las compras de pánico, generó desabasto en algunas zonas del país.
Pues es más o menos lo que está pasando con el sector salud y el abasto de medicamentos.
En aquel momento se afectó la vida económica y laboral, incluso social en el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, pero finalmente era gasolina.
Pero tratándose de medicamentos la historia es distinta y los resultados pueden ser aún más desastrosos. Con personas en tratamiento por HIV, cáncer y otras enfermedades con pronósticos limitados de sobrevivencia, cancelar sin previo aviso el abasto de medicamentos, suspender de tajo los contratos de empresas farmacéuticas sin hacer un plan o tomar medidas para evitar el desabasto, tiene similitudes con un cuasidelito o delito culposo “referente a una acción u omisión no intencional” como el homicidio culposo: “… acción en la que se causa la muerte a alguien por imprudencia, negligencia o impericia, pero sin que el autor haya tenido intención de matar ni de provocar la muerte”.
Evidentemente ni “El Peje” ni sus secretarios tienen la intención de afectar la salud de sus gobernados, pero parece que solo decidieron aplicar su estrategia básica favorita y no revisaron toda la información a sus disposición, no analizaron todas las variantes, no pensaron con claridad.
Esto a pesar que las conferencias mañaneras demuestran que eso de las tres empresas, Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Mayo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico acaparando el 65 por ciento de los contratos, es algo que le estaba molestado al Ejecutivo desde los primeros días del mes de marzo -es más, desde diciembre de 2018-, cuando había comprometido a sostener los contratos por seis meses para evitar el desabasto.
Que funcionan como monopolios, sí; qué es probable que haya precios inflados, contratos a modo y tráfico de influencia, también; que los medicamentos no llegaban todos a las unidades médicas, cierto; que el gobierno de AMLO tiene el derecho y obligación de investigar y si encuentra delitos castigar, siempre. Pero que el derecho a la salud está por encima de todo lo antes mencionado, tampoco existe la menor duda. Que castigue a los delincuentes, pero no se lleve entre los pies a los enfermos.
Menos cuando el gobierno pejista se está tomando todo el tiempo para organizar ese Nuevo Sistema de Salud Pública que anunció en diciembre, de entrada no presentó en febrero la nueva Ley General de salud como anunció, de hecho el 9 de abril, al anunciar la creación del Instituto Nacional de Salud, repitió lo dicho en el último mes de 2018: que el programa de salud se aplicará en etapas y se favorecerá primero a los estados con mayor pobreza: Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco Veracruz y Yucatán; aquí se aplicarán 25 de los 90 millones programados.
Los restantes en un lapso de dos años, y aún no sabemos cuándo le corresponderá a las entidades norteñas, porque de acuerdo al gobierno central, tenemos menos necesidades.
Como se habla de enfermedades, no deja de resultar riesgoso que la renovación del sector salud no se puede aplicar en todo el país, y decidan hacerlo como el Plan Nacional de Seguridad que deberá implementarse por zonas y en tiempos distintos, debido a que no hay personal suficiente y se está reclutando a agentes para la Guardia Nacional. Pero en el sector salud no lo están haciendo.
Acaso prometieron regularizar a los trabajadores eventuales, de hecho tienen suspendidas las contrataciones de suplentes en los hospitales locales, se han dejado de pagar quincenas en algunos hospitales, bonos y becas a médicos residentes en hospitales de especialidades, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cossío”. Seguro porque encontraron irregularidades, corrupción y se están organizando, pero eso tampoco les da derecho a violentar el derecho a un salario y condiciones de trabajo digno.
Para los bajacalifornianos la situación es más complicada y los riesgos son mayores, porque además de cargar con las consecuencias de la indiferencia y los desatinos de la Federación, en el tema de salud se deben agregar la corrupción, precios inflados, moches, contratos leoninos, abusos, ineficiencia, solicitudes a destiempo y malos manejos del gobierno estatal, que han generado problemas de desabasto durante el presente sexenio.
En Baja California, con más de 270 pacientes de cáncer con tratamiento suspendido, de nuevo el gobernador Francisco Vega de Lamadrid refirió hace algunos días que desde 2018, el Gobierno Federal ha dejado de entregar 42.2 millones de pesos, porque algunos de los contratos del seguro popular están en revisión.
De nuevo, es plausible y harto deseable que persigan, denuncien y castiguen a los delincuentes de cuello blanco, a los nacionales y los de Baja California, pero cuando hay vidas de por medio deben planear, no solo “cerrar el ducto”, poniendo en riesgo la salud y la vida de los mexicanos.
