Tras el reclamo del sector empresarial por la aprobación de la reestructuración de la deuda, de las actualizaciones de las desaladoras y la aprobación para firmar el contrato del segundo piso de Tijuana, en una de las sesiones de Congreso más lamentables registradas en los últimos años, el Gobierno del Estado salió a responder los señalamientos que sugieren corrupción, afirmando que el reclamo de un sector de la Iniciativa Privada tiene una agenda política.
Lo anterior fue referido por Carlos Reynoso Nuño, subsecretario de Gobierno, quien acompañado del subsecretario de Infraestructura de la SIDUE, Óscar Alberto Gracia Valencia, y el secretario Técnico del Gabinete Financiero, Miguel Ángel López Arroyo, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar de forma detallada los orígenes de la deuda histórica del Gobierno del Estado, su problema deficitario y la justificación de los proyectos.
A groso modo, el Poder Ejecutivo justificó la urgencia de la reestructuración de la deuda de 12 mil 500 millones de pesos con la que se cuenta actualmente, argumentando que eso vendría a generar mayor solvencia económica para el cierre e inicio de la administración entrante. También refirió que dicha reestructuración está respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Miguel Ángel López Arroyo, comentó que básicamente se cuenta con una deuda de 12 mil 500 mdp a pagarse en 14.5 años, y lo que se hará es trasladarla a 20 años, con lo que se reduciría el pago anual, pero que evidentemente incrementaría el pago de intereses.
Aunque no quiso establecer cuánto se pagaría con exactitud, las cuentas generales superaban los 30 mil millones de pesos, juntando la reestructuración para liquidar los préstamos a corto plazo, que representan uno de los principales problemas de la administración, pues deben liquidarse tres meses antes de la administración.
Reiteró que no se trata de una mala administración del gobierno actual, sino que se cuenta con un déficit presupuestario que se arrastra desde hace más de 30 años, además de la falta de participaciones federales extraordinarias para cubrir pagos del diferencial de retiro de maestros, jubilaciones dinámicas, maestros interinos, entre otras responsabilidades que deberían –según dijo- ser del Gobierno Federal. También indicó que existe un déficit en el sector salud, donde se aporta un porcentaje para cubrir los gastos.
Por su parte, Óscar Alberto Gracia, aseveró que los proyectos de las desaladoras y el segundo piso de Tijuana, ya estaban aprobados y sólo requerían un ajuste en la actualización de costos y la autorización de la firma.
Referente a que falta un estudio técnico para el segundo piso, comentó que ya se cuenta con él y se estima que en la totalidad circularían alrededor de 50 mil vehículos en ambos sentidos, lo que representa un aforo ideal para el pago de la cuota correspondiente. Afirmó que no se pagará con recurso público, sino con el mismo pago de cada usuario. Según sus estimaciones no habrá problemas en el flujo del mismo.
Sobre el cuestionable proceso legislativo en donde se aprobaron los proyectos y la reestructuración, Reynoso Nuño, aseveró que diputados tuvieron acceso a los documentos una semana antes y que se trataba de una necesidad urgente.
