La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) para que emita “sin demora” la resolución a las impugnaciones presentadas por distintos partidos y personas contra la determinación, del 24 de febrero, del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que modificó de 2 a 5 años el periodo del próximo gobernador.
Sabemos que hay un proyecto avanzado en el cual se mantendría la convocatoria tal como fue emitida, por dos años, señaló el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien pidió a los actores políticos nacionales del Gobierno se mantengan ajenos a esta determinación y permitan “sin presiones de ningún tipo” -como lo ha ofrecido el presidente de la república- que el TRIFE pueda responder en apego a derecho.
Expuso que no hay duda que la resolución del TRIFE deberá ser en el sentido de preservar la convocatoria por un plazo de dos años, lo que sería acorde a Derecho. Además de que tendría que emitirse antes de que inicie el registro de los candidatos a la gubernatura, el próximo 20 de marzo, con el fin de que haya certidumbre en el proceso electoral.
En conferencia de prensa, en la que respaldó el rechazo de Coparmex Tijuana, Ensenada y Mexicali a la determinación de extender el periodo de la próxima gubernatura que tomó el Tribunal Electoral del Estado, y al posterior intento de modificar la ley por parte del Congreso local (previsto para el viernes 8 de marzo); De Hoyos Walther consideró “lamentable” que desde el Poder Legislativo se esté intentando hacer esas modificaciones “furtivas, insólitas”, cuando el proceso electoral ya está en curso.
Aunque identificó al diputado panista Carlos Torres Torres, como el instigador del intento de reformar la ley en días pasados, consideró que los diputados locales que pretendan violentar la ley deberían tener una sanción por parte de sus partidos.
“Ningún partido debería de apoyar el intento de reelección de un actual diputado que obrara de manera sospechosamente contraria al Estado de derecho”, afirmó el líder empresarial, y confió en que la modificación a la ley no se lleve a cabo, ya que sería “una vergüenza, de traición a la democracia del Estado”.
Agregó que es “extremadamente preocupante” la resolución del Tribunal Electoral del Estado debido a que viola el estado de Derecho.
En cuanto a la posibilidad de que la resolución del TRIFE ratifique el criterio tomado por el Tribunal Electoral Estatal, De Hoyos Walther dijo que sería “desastrosa” como precedente no sólo para Baja California, sino para muchos otros asuntos en la que “esta interpretación laxa de las facultades metaconstitucionales de un tribunal para ir por encima de la constitución podría conducir a un caos democrático en el país”.
En su oportunidad, el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, señaló que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado se “excedió en sus facultades” al modificar la ley electoral para que se ampliara de 2 a 5 años el plazo del próximo gobierno estatal, toda vez que sólo el Poder Legislativo puede legislar.
Además de que las leyes electorales como ésta no se pueden modificar una vez iniciado el proceso electoral, ya que se viola el principio de certeza establecido en el artículo 105 de la Constitución, por lo que dichas modificaciones deben hacerse 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
Por ello, dijo, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado es la sentencia más impugnada, con 12 demandas, en su contra.
Por otro lado, explicó que la impugnación que resolvió este Tribunal Electoral de BC estuvo “fuera de tiempo”, puesto que se presentó 12 días tarde. De modo que es “incorrecto” que el Tribunal la haya considerado como aplicable al señalar que se puede impugnar la convocatoria a voluntad de quien demanda, ya que la norma es constitucional y no permite interpretación.
Rosas Jiménez, hizo énfasis en que Coparmex está pidiendo que se respete la constitución, el Derecho, y el trabajo de la legislatura pasada, toda vez que en 2014, la anterior legislatura reflexionó y consensó para que el periodo de la gubernatura, que se elegirá el 2 de junio de 2019, fuese por dos años.
