La noche del 27 de marzo, por unanimidad, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, votaron a favor de revocar la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que el 24 de febrero, con dos de tres votos, cambió el periodo de dos años que el Congreso del Estado aprobó en 2014 para que la elección a gobernador de 2019, por uno de cinco años.
El estado regresa a tener, como se programó y consensuó desde 2014 y sin dedicatoria, una gubernatura de transición de dos años, para empatar las elecciones estatales de gobernador, alcaldes y diputados, a la intermedia federal cuando se eligen diputados federales.
De hecho ni partido político ni persona alguna había tenido conflicto por un periodo de dos años, hasta que llegó a la efervescencia electoral Jaime Bonilla Valdez del Movimiento de Regeneración Nacional. Es más, tampoco él lo tuvo de entrada, cuando asumía que alguien más sería candidato de ese partido al gobierno del Estado en 2019, y él esperaría al 2021 para buscar la de seis años.
Pero donde manda presidente Andrés Manuel López Obrador, no gobierno nadie más, y Jaime Bonilla fue designado candidato de unidad al gobierno del Estado en el 2019. Entonces a los suyos les entró el ansia por cambiar lo aprobado en el Congreso del Estado en 2014 y ampliar el periodo a cinco años “para que valga la pena”.
No de manera frontal. Jaime Bonilla ha sido muy cuidadoso con su discurso público en relación a la gubernatura de dos años que quisieron ampliar a cinco. En una entrevista con el editor de política de ZETA, Isaí Lara Bermúdez, fue muy claro cuando declaró:
“Yo me registré (a la candidatura) cuando eran dos años, no veo que sea una ventaja o desventaja para nadie, no creo que cambie de dos a cinco años. Nos debemos enfocar en hacer un buen gobierno, sean diez meses o dos años o seis años”.
Así, es de suponer que no insistirá más en ampliar el periodo de la gubernatura, aunque en otra etapa de la entrevista, dijo cuándo se le refirió que él estaría detrás de las personas que intentan cambiar la ley: “ahora resulta que todo lo que ellos creen que no les beneficia soy yo el orquestador. Yo he dicho mil veces, nunca ha sido mi tema, no me encargo de esas cosas. Mi tema es enfocarme a hacer una buena campaña”. El “no me encargo de esas cosas” podría significar que sí hay quién, dentro de su equipo, se “encargue de esas cosas”.
Tal hipótesis cobró valor cuando en el Congreso del Estado y ante en pronóstico de que en el tribunal Federal revocarían la resolución local, los diputados de Morena, Víctor Morán primero, y su suplente Héctor Mares después, cabildearon, negociaron, acordaron y transaron, con diputados de todos los partidos, especialmente del Partido Acción Nacional, para que el cambio se hiciera en el Congreso y no en tribunales electorales. Pero las negociaciones nacionales tumbaron los acuerdos estatales y el tema no pasó… hasta ahora.
El miércoles 27 de marzo por la noche, cuando los magistrados electorales federales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Janine Otálora Malassis, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez, votaron todos para revertir la resolución local, el primer pensamiento de algunos políticos en BC, fue que el equipo que “se encarga de esas cosas” alrededor de Bonilla, buscaría la manera de impugnar de nueva cuenta, o de aprobarlo en el Congreso local a pesar que no está en el ánimo del dirigente nacional del PAN, Marko Cortez, y así se lo ha hecho saber a sus diputados.
Una de los argumentos, refieren, es que podrían ahora sí directamente con el nombre de Jaime Bonilla, impugnar de nueva cuenta por la afectación a sus derechos políticos, pero la realidad es que a Bonilla lo hicieron virtual candidato el 21 de enero de 2019, el mismo día que los partidos Morena, Transformemos, Partido Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo, registraron su alianza ante la autoridad electoral para el proceso 2019 en Baja California, el delegado nacional de Morena, Leonel Godoy anunció en el mismo acto, que el candidato de unidad de la alianza, sería Jaime Bonilla Valdez.
A pesar de ello, de ser público el registro de la alianza para competir por la gubernatura de dos años como se determinó en la convocatoria, y de ser público también que Bonilla era el candidato de unidad, un día después, el 22 de enero de 2019, la abogada Blanca Estela Favela, impugna el periodo de dos años y el 24 de febrero el tribunal electoral local le da la razón. La señora ya sabía que no era candidata de Morena, pero aun así lo hizo.
En el entendido que el candidato de Morena fue determinado el día del registro de la alianza, y con una convocatoria para una gubernatura de un periodo de dos años, Jaime Bonilla no puede argumentar que sus derechos políticos están siendo afectados, pues incluso esto sucedió un día antes que la abogada Favela se inconformara y más de un mes antes que dos magistrados del tribunal local cambiaran la regla.
Pareciera entonces que no habría otro argumento para impugnar por parte de quienes en el equipo de Bonilla “se encargan de esas cosas”, especialmente cuando él declaró que sería respetuoso de la decisión de los tribunales, y el tribunal federal ha revocado la decisión del local y la gubernatura regresa al periodo de dos años. Pero en política ni la lógica, ni la palabra, ni la Ley imperan cuando el interés personal es mayor.
Podrían intentarlo de nueva cuenta en tribunales, o simplemente podrían intentarlo en el Congreso, donde ya en una ocasión, estuvieron a punto de lograrlo al sumar –según comentó el diputado de Morena, Héctor Mares- 19 votos de los 17 de mayoría calificada que requieren para modificar el transitorio que determina el periodo de dos años. Podrían intentarlo, pero ahora sí, quedaría evidenciado el capricho, y la venta de voluntades en el legislativo.
