“Está muy complicado, ni la misma procuraduría confía en sus elementos de aquella zona, cada operativo se mueve desde La Paz para ejecutar órdenes de aprehensión”, expuso a ZETA una fuente de seguridad tras la ola de ejecuciones, privaciones ilegales de la libertad y robos con violencia en los que policías municipales se han visto involucrados
Todo quedó al descubierto en el homicidio de Rafael Murúa Manríquez, director de la emisora comunitaria Radio Kashana, ocurrido el 20 de enero en una brecha de la comunidad de Santa Rosalía, a unas horas de haber sido “levantado” por Héctor Mora García “El Moreno” en compañía de sus sicarios identificados como “El Güerito” y “El Martín”.
Según informes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), “El Moreno” era considerado presunto líder de plaza de narcomenudeo en Santa Rosalía, además de estar protegido por células de seguridad de la Policía Municipal y de la Ministerial.
“Se envió un grupo de mandamientos judiciales de la Agencia Estatal de Investigación Criminal para esclarecer el homicidio del compañero periodista, con apoyo de agentes de la Secretaría de Marina, se pudo lograr el esclarecimiento de los hechos. Además, se abrió una carpeta de investigación contra oficiales que pudieran estar vinculados”, comentó escuetamente a ZETA un miembro de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur.
Las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, adheridas a la Mesa de Seguridad del Estado, conocen la problemática que se vive en Mulegé, sitio en el que, según inteligencia militar, aún hay operaciones del Cártel de Sinaloa.
Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como policías federales y cualquier servidor público que llegue a pasar o intentar quedarse en la zona norte, es amenazado y hasta vigilado; los grupos criminales se enteran porque las propias fuerzas de seguridad en la localidad se encargan de dar informes de lo que ocurre.
“Como agentes federales acudimos a un curso hace algunos meses, estando en el sitio todo muy bien, muy atentos los compañeros, la capacitación estuvo a la altura de los requerimientos, sólo dos compañeros acudimos y el resto eran de otras instituciones; resulta que estábamos listos para irnos al hotel y descansar para el día siguiente regresar, llegan compañeros de la Policía local a avisarnos que debíamos irnos, que no era seguro, que eran instrucciones del jefe de plaza. Desde luego que nos fuimos, pero es una pena que la misma gente de seguridad sepa lo que ocurre y no puedan hacer nada, allá hay una autoridad y no es la oficial”, confió a este Semanario un agente federal.
Cuerpos de seguridad están involucrados con bandas de la delincuencia organizada de Mulegé, incluso se sabe de ex policías al frente de células delictivas
En Mulegé la situación es crítica, todo está amañado y controlado por miembros de la delincuencia organizada, quienes hacen onerosos pagos a cuerpos de seguridad, desde 3 mil hasta 16 mil pesos semanales para que los dejen operar con tranquilidad.
“Está muy complicado, ni la misma procuraduría confía en sus elementos de aquella zona, cada operativo se mueve desde La Paz para ejecutar órdenes de aprehensión, incluso esto ya es viejo, siempre han sabido que hay operaciones de delincuentes y los han dejado actuar, es como un premio estar en la zona norte”, afirmó el miembro de la Mesa de Seguridad consultado por ZETA.
A principios de 2014, era claro el panorama de corrupción que persiste, la constante denuncia de habitantes causó molestia al entonces gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, en tanto que Óscar Anaya Gutiérrez “El Señor de los Cerros” había sido denunciado incansablemente por ciudadanos en cada gira que el panista se aparecía en público, lo que llevó a mandar una operación por parte del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) a manos del temido Comandante Rojas.
A “El Señor de los Cerros” se le identificó como presunto líder de plaza de Santa Rosalía, un delincuente sanguinario que causó preocupación en habitantes de la zona norte y fue detenido anteriormente con más de mil 500 dosis de diversas drogas y puesto en libertad en 72 horas.
Ahora la historia se repite. Miembros de la delincuencia han estrechado lazos con corporaciones de seguridad y mantienen en zozobra a los pobladores, quienes sólo esperan justicia para sus familias, “aquí los únicos afectados son los ciudadanos, porque ya es normal allá que se ponga una denuncia en contra de delincuentes, y éstos les hablan para amenazarlos, si no hay atención a las denuncias en contra la corrupción, si Contraloría Interna no actúa, de nada va a servir, van a seguir delinquiendo los servidores públicos corruptos y el malo aquí del cuento es el más afectado: sigue siendo el ciudadano”, fue el planteamiento desde la asociación civil Sólo por Ayudar.
EX POLICÍA DETENIDO
“Aquí el problema de que sólo corran a policías corruptos, es que se salen a seguir delinquiendo, no hay seguimiento de a dónde van a parar, son los mismos policías o ex policías los que ahora operan y con otros policías en activo, porque ya conocen la red y cómo entrarle”, denunciaron habitantes de la zona norte.
Héctor Mora García El Moreno, Presunto líder de plaza de Santa Rosalía evidenció la red de corrupción entre agentes de seguridad de diversas corporaciones en la zona
norte y que están vinculados con delincuentes
Demian “N” fue aprehendido por la PGJE, por mucho tiempo protegió a grupos criminales, hasta que causó baja y se unió a las líneas criminales.
Al ex agente de Seguridad Pública le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones de agentes estatales de Investigación Criminal. El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Judicialización de Delitos de Vizcaíno probó ante el Juez de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio del Partido Judicial de Mulegé, que el hombre de 33 años en compañía de otros pistoleros robaron con violencia a una estación de gasolina que se ubica en el Kilómetro 137 del tramo carretero Santa Rosalía-Paralelo 28.
“A bordo de un vehículo Honda color plateado con el rostro cubierto, junto con otras personas, amenazaron con armas largas a las víctimas, las amarraron para despojarlos de sus teléfonos celulares y 2 mil 500 en efectivo, llevándose la caja fuerte que contenía 181 mil 772 pesos”, informó la PGJE.
Desde el 30 de diciembre de 2018, su cómplice, Marco “N”, habló con los agentes de investigación e indicó quienes eran los vinculados en el asalto y un homicidio, desde entonces se conocía la participación de ex policías y agentes de la zona norte que no actuaron.
Aún faltan por caer más implicados, pues además de Demian “N”, fue vinculado a proceso por el homicidio que ocurrió el 26 de octubre de 2018 en un bar que se ubica en el Kilómetro 193+500 del tramo carretero Santa Rosalía-Mulegé. El delincuente privó de la vida a una persona y, pese a lo pequeño de la comunidad, estuvo protegido.
“Algo tan lamentable es que en Mulegé, el crimen actúa a su manera y a su gusto, y esto deriva en que ni el Gobierno del Estado ni las fuerzas de seguridad cuenten con helicópteros para caerles de sorpresa y hacer operativos que realmente ataquen el problema, que desintegren grupos criminales, ya que el trayecto de aquí para allá, por ejemplo a Guerrero Negro, cuántas horas son, entre diez y doce, entonces de qué sirve hacer un operativo si realmente la gente que trabaja sale de La Paz y en ese trayecto ya comunicaron a los malandros que van para allá. La gente de seguridad está en Mulegé, ellos están con el narco, están coludidos”, afirmaron activistas de la zona norte.
Las denuncias, ya en manos de la PGJE, coinciden y, según se informó a ZETA, células delictivas plenamente identificadas operan con agentes municipales, ministeriales y federales, así como la jefa de grupo de la Policía Ministerial de Santa Rosalía y de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto a cargo del agente de apellido Soriano.
“Operaban para el cártel, sólo se encargaban de detener y entregar a grupos contrarios narcomenudistas para que éstos los ejecutaran”, dijo la fuente.
El ex subprocurador de apellido Moreno estuvo a cargo de proteger al ex líder de plaza de Santa Rosalía conocido como “El Moreno”; sin embargo, algunos agentes que han sido verificados a través de una denuncia anónima recibida en ZETA y por propios activistas y reporteros de la zona norte, confirmaron que hay duda de que sus operaciones sean en favor de la justicia.
Se habla de David Alberto Benítez, Edgar García “El Tanguera”, Luis Flores “El Chivirito”, Bautista “El Chilango”; además de los apodados “El Corona”, “El Quirino”, “El Noriega”, “El Gato Seco” y Carbajal, todos denunciados ante Contraloría de la PGJE.
Agrupaciones civiles han denunciado extorsión, privación ilegal de la libertad, abuso de poder, incluso vínculos en diversos homicidios, “ya que han sido mencionados por personas levantadas y narcomenudistas, supuestamente por haber participado en secuestros”, refieren los activistas.
“Hay servidores públicos que está comprobado de investigárseles y se les encuentra algo, comandantes de la Judicial, del COE, han hecho negociaciones con gente de ahí mismo, de la población, donde prácticamente los están extorsionando: ‘Tienes que darme cuotas, tienes que darme esto’”, lamentó Gemima Hernández, de la asociación civil Sólo por Ayudar.
Habitantes de Mulegé están hartos de que las instituciones ignoren las denuncias por la alta incidencia de criminalidad, por ello han tomado justicia por propia mano contra delincuentes menores, pero narcotraficantes son intocables
Los ciudadanos del norte de BCS están cansados de ser víctimas de la delincuencia, y ello ha quedado al descubierto desde finales de 2018, cuando habitantes de la comunidad de La Bocana en Mulegé, amarraron al presunto ladrón conocido como “El Gibrán” y casi lo linchan porque ya se había denunciado ante las autoridades y éstas no actuaron contra la ola de robos en la zona.
Lo mismo ocurrió en Santa Rosalía a Édgar Joaquín “El Gallito”, detenido por elementos de la Policía Municipal en Mulegé pero no por hacer su trabajo. Ciudadanos lo amarraron al Bulevar Emiliano Zapata y lo marcaron en la espalda con la leyenda “Por Rata” en las mismas fechas que el anterior.
Estas son sólo pruebas del hartazgo de los pobladores en contra de la delincuencia, el problema no es que no se denuncie, sino que los cuerpos de seguridad no atienden los llamados y la ciudadanía debe recurrir a prácticas como el linchamiento para que policías y subprocuradores vayan a rescatar a delincuentes.
DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
“Es un grave problema y preocupación, primero te dicen ,‘Di que eres su culpable y te ayudamos’, y después que siempre no, es un desastre con los expedientes, entonces en dónde está Contraloría Interna, qué hace; si no hace su trabajo, Gobierno del Estado no va a poder despedir a la gente que está haciendo mal a las instituciones. La subprocuradora Fátima renunció, pero qué tal si no hubiera renunciado, ahí estaría todavía, y el licenciado Gámez es gente que los ciudadanos señalan y no pasa nada”, aseguraron a ZETA activistas de Mulegé.
Activista Gemima Hernández de “Solo Por Ayudar AC” recurrió al Presidente de la República para solicitar que se acabe con la ola de corrupción en Mulegé y se haga justicia a inocentes inculpados por Policías corruptos
“Hemos entregado pruebas suficientes para que castiguen a servidores públicos corruptos, incluso hay llamadas que se grabaron de ellos, audios donde salen hablando de narcotráfico y de cómo aprovecharse de la gente”, expuso una activista.
“Todo eso se ha querido aportar al Ministerio Público, y el propio Ministerio Público ha dicho que esas pruebas se obtuvieron de una manera ilegal, ni siquiera las aceptaron para ellos investigar por su cuenta, los protegen, la misma comandante de la Ministerial que estaba con el Ministerio Público dijo que esas pruebas se habían conseguido de manera ilegal, eso qué significa: que no quieren investigar”, agregó.
“De entrada ya tememos por nuestras vidas, que sepan que nosotros pasamos información. No pasa nada, nada, nada, en cambio a uno lo van ignorando porque nomás da problemas y no atienden las denuncias, verdaderamente solamente quieren comparsas, no quieren gente que coadyuve, sino comparsas que ellos puedan mover a su antojo y justificar trabajo, nada más”, reitero la entrevistada.
En la reciente visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto ella como Gemima Hernández, de Sólo por Ayudar, pudieron acercarse al mandatario y entregarle trece denuncias de abuso de poder e incriminación de ciudadanos que están purgando condenas que no cometieron.
Además, hizo el llamado para que desde la Presidencia de la República se erradique la corrupción en las instituciones de la zona norte, “petición que fue aceptada y encargada a Víctor Castro Cosío, de Programas Federales, a él le dijo que se encargara directamente de darle seguimiento”.
Esperan que pronto haya solución a sus peticiones y que la gente inocente deje de pagar por delitos que no cometieron, incluso hay detenidos y encerrados en el Centro de Reinserción Social de Santa Rosalía que, según las fuerzas de seguridad, cometieron delitos estando internos. “¿Cómo puede ser eso?”, cuestionó Gemima Hernández.
“Como activista me acerqué a entregar solicitudes al Presidente de la República por violaciones a derechos humanos y abuso autoridad en Mulegé, porque es un pueblo sin Ley, y aunque López Obrador diga que está en contra de la corrupción, nada se puede hacer, porque nadie toma en cuenta a los muleginos, aquí tenemos un caso en que servidores públicos están revictimizando a las víctimas. Los pactos de corrupción con que se manejan los servidores públicos es lo que más le duele, de lo que más adolece la población en el norte”, cerró la representante de Sólo por Ayudar.
