Humberto Moreira Valdés negoció con el Gobierno de Estados Unidos desde hace por lo menos tres años la entrega de información que permitió capturar en España a Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, presunto responsable de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas en Europa.
Según un correo electrónico hallado por la Fiscalía de España durante un cateo en Madrid, el gobernador de Coahuila de diciembre del 2005 a marzo del 2011, habría pactado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y otras agencias de EE.UU., entregar a El Mono a cambio de librar acusaciones por sus nexos y vínculos con Muñoz Luévano.
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EL diario Reforma, que informó del hecho, tuvo acceso al informe 31.929/’18 UDEF-BLA de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción entregado a un juez de la Audiencia Nacional española, luego de un cateo a la casa de Luis Javier Muñoz Ayup, hijo de El Mono.
Según el rotativo, el 23 de noviembre de 2016, Eugenio Pío Cisneros Rodríguez, ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Saltillo en 2009, envió un correo electrónico a las direcciones de Arturo Cabrero y el Bufete García Cabrero, defensores de El Mono en España, en el que afirma que el ex gobernador hizo el pacto en el Consulado de EE.UU. en Monterrey, Nuevo León.
El correo es parte de una agenda que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía registró con la clave R-01 doc 18. Como otros documentos y archivos electrónicos, éste forma parte de un informe más amplio que dicha institución entregó el 20 de agosto de 2018 al Juzgado Central de Instrucción Número Uno de la Audiencia Nacional.
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Cisneros Rodríguez aseguraba en su comunicación con los abogados madrileños, que un sujeto identificado Luis Monzón, que apenas había dejado de trabajar para Moreira Valdés, le informó de las gestiones que éste realizó para “entregar” al narcotraficante ocho meses antes.
Monzón -un supuesto experto en equipo tecnológico para hackear llamadas, cuentas y correos electrónicos y quien estaba interesado en contactar al hijo de Muñoz Luévano para venderle documentos e información- tenía en su poder la exoneración dictada el 22 de febrero de 2012 por la Procuraduría General de la República (PGR), en favor de Moreira Valdés, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Esta persona formó parte del grupo que se conformó junto con Humberto Moreira Valdez para fraguar la entrega de Juan Manuel a las autoridades tanto españolas como norteamericanas, mencionando Monzón que cuando acordaron lo narrado, él optó por no participar por inconformidades en cuestiones de dinero”, narró Cisneros Rodríguez en su correo.
“El principal instigador es Ariel Maldonado Leza, quien ya estuvo recluido en España por el delito de secuestro, y quien es socio y compadre de HMV. Esta persona fue quien le sugirió a Humberto entregar a Juan Manuel ya que el FBI y demás agencias de USA están dándole seguimiento a los delitos de Humberto y esta fue una de sus negociaciones con los agentes de USA en el consulado de Monterrey, Nuevo León”, indicó Cisneros Rodríguez.
Maldonado Leza fue director general de la Coordinación Interinstitucional de la PGR, cuando Jorge Madrazo Cuellar fungió como Procurador General de la República durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León y en la actualidad es consejero nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
A finales de la década de los 90 del Siglo pasado, Maldonado Leza fue acusado del secuestro del empresario Carlos Antonio Pilgram, crimen por el cual fue detenido en España en 2004 y extraditado a México en 2005. Sin embargo, tres años más tarde fue liberado.
El reporte de la Policía española señala que en el cateo a la casa del hijo de El Mono, se encontraron documentos judiciales, pagos de sobornos, transacciones bancarias, compras inmobiliarias y se obtuvieron comunicaciones de teléfonos y archivos de computadoras.
Moreira Valdés fue detenido el 15 de enero de 2016 en España y unos días después se le autorizó llevar en libertad su proceso de lavado de dinero. Dos meses después, en marzo de 2016, El Mono fue detenido en ese mismo país europeo en el que residía, y el pasado 1 de marzo fue extraditado a Estados Unidos.
EL MONO SE DECLARA INOCENTE EN ESTADOS UNIDOS
El martes 5 de marzo, Muñoz Luévano se declaró inocente de seis cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la jueza Elizabeth Chestney, de la Corte para el Distrito Oeste de Texas, quien ordenó mantener preso a El Mono, y sin derecho a fianza, mientras se determina fecha para el juicio en su contra, proceso que tomará varios meses.
El presunto enlace de los Zetas en Europa presentó su declaración por escrito, mediante un formato por el cual renunció a su derecho de comparecer en audiencia pública ante la Corte federal para escuchar los cargos en su contra, así como a su derecho de oponerse a la petición de la Fiscalía para mantenerlo en prisión.
El 7 de enero de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense había presentado una acusación contra Muñoz Luévano, que desde entonces se conservó bajo reserva, hasta que el 21 de marzo de 2016, tras el arresto de El Mono en Madrid, se ordenó su publicación.
El “indictment”, de cuatro cuartillas, finca a Muñoz Luévano seis cargos penales: cuatro por posesión, importación y distribución de cocaína, uno por uso de armas para mantener una empresa criminal, y otro por lavado de dinero obtenido de narcotráfico.
Sin embargo, según lo señaló el diario Reforma, en la acusación del Gobierno estadounidense contra Muñoz Luévano no hay otros detalles sobre sus actividades, además de que el documento no menciona a alguna otra persona involucrada, y en la causa penal no hay coacusados.
Muñoz Luévano, detenido en Madrid el 18 de marzo del 2016, se encontraba en prisión en España acusado de delitos de blanqueo y narcotráfico. Fue a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Gobierno español decidió entregarlo a EE.UU., donde se le considera sospechoso de liderar una organización de tráfico de estupefacientes.
Según la justicia de ambos países, dicha organización estaría asociada al cártel mexicano de los Zetas, que se dedicaba a la importación de cocaína desde México hasta los Estados Unidos, desde 1999 hasta el 2015.
Además, la organización dirigida por “El Mono” Muñoz, utilizaba armas de fuego adquiridas al cártel de los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en territorio estadounidense, y blanqueaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas a través de varios negocios de su propiedad utilizados para tal fin.
Alias “El Mono” guardó documentos en casa de su hijo, ubicada en un suburbio de Madrid, España, en donde se desvelan el trasiego de 2 mil 100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares, en una operación que duró tan sólo seis días: entre el 11 y el 17 de febrero de 2012.
Muñoz Luévano, según lo aseguró el diario español El País en octubre del 2016, guardó en dos computadoras intervenidos en su domicilio, detalles de 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje, maletas, y hasta en cajas de cartón, a los jefes de la organización en distintos hoteles de la zona centro de la Ciudad de México.
Según la contabilidad guardada por “El Mono”, el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2 mil 100 kilogramos de cocaína en Europa, de los que se repatriaron alrededor de 63 millones de euros a los Zetas, organización criminal de la cual, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), considera a Muñoz Luévano un miembro importante.
En diciembre del 2016, el mismo rotativo difundió un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, en el que se indicó que alías “El Mono” Muñoz, estaba supuestamente relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.
Además, del actual procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria; así como con Adrián Emilio de la Garza Santos, ex alcalde de Monterrey, Nuevo León, y que de 2011 a 2015 fue procurador General de Justicia de dicha entidad.
Además de Jesús Torres Charles, exfiscal de Coahuila y exconsejero jurídico en los gobiernos de los Moreira Valdés, quien dejó su cargo tras las acusaciones de que Los Zetas pagaban millonarios sobornos a funcionarios para recibir protección. Sin embargo, todos los personajes involucrados negaron de forma rotunda los supuestos nexos con Muñoz Luévano.
Las intervenciones telefónicas, de las que dio cuenta El País, dieron cuenta de las órdenes de Muñoz Luévano a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México. Incluso un supuesto plan para asesinar a una Fiscal en Coahuila, del que España avisó a las autoridades mexicanas sin recibir respuesta.
En octubre del año pasado, el diario Reforma informó que a pesar de ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) como operador de una red de robo de combustible a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto otorgó a Muñoz Luévano, permisos y concesiones para transportar y vender gasolina.
El rotativo abundó que el 16 de marzo del 2017, un año después de ser detenido en España acusado de lavar dinero para Los Zetas y ser requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó la autorización para operar una gasolinera en un ejido de Saltillo, Coahuila.
“Este permiso autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina Magna, Premium y Diésel en la estación de servicio ubicada en Carretera Zacatecas-Saltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila […] De conformidad con la Resolución Núm. RES/406/2017, emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 16 de marzo del 2017”, establecía el texto firmado por Ingrid Gallo Montero, actual Secretaria Ejecutiva de la CRE.
En enero del 2016, dos meses antes de su detención en España, ese mismo organismo le otorgó a “El Mono” una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región Laguna, mismo que permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona de Mapimí, entre Durango y Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila.
“Este permiso definitivo de transporte por autotanque de gasolina y diésel autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm. RES/010/2016 emitida por esta Comisión Reguladora de Energía el 14 de enero del 2016”, se lee en el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del organismo.
Según el citado rotativo, el área concesionada a “El Mono” está catalogada por la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de Pemex.
REABRIERON INVESTIGACIÓN CONTRA MOREIRA EN ESPAÑA: EL PAÍS
En noviembre del 2018, Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional de España, acordó reabrir la causa que la Sala de lo Penal de la misma institución archivó hace dos años, de la investigación sobre Humberto Moreira Valdés, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal con el Cártel de los Zetas.
Según informó en su momento el diario español El País, basado en fuentes judiciales, la reapertura de la investigación se derivó del testimonio de dos testigos en San Antonio, Texas, que señalan al político mexicano en un supuesto blanqueo con sus empresas.
El juez dictó a mediados de dicho mes un auto en el que acuerda que se proceda a dictar una comisión rogatoria, o de auxilio judicial, a San Antonio, Texas, para interrogar a las dos personas que acusan al también ex líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y otra a México para que se investiguen las sociedades del político.
Moreira Valdés fue detenido el 15 de enero del 2016, en Madrid, para ser puesto en libertad una semana después. Luego, el 25 de mayo de ese mismo año, la la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó archivar la causa en contra del ex gobernador, en un auto firmado por los magistrados Ángela Murillo, Carmen González y Juan Francisco Martel.
La decisión del magistrado Pedraz, señal el País, tiene lugar después de que la Fiscalía Anticorrupción española aportó al juez los nuevos indicios que se desprenden de la declaración de los dos testigos en el marco de una investigación sobre blanqueo y narcotráfico que se sigue en contra de Moreira Valdés en Estados Unidos.
Fuentes judiciales citadas por el rotativo español señalan que en función de las pruebas que se aporten en las dos comisiones rogatorias, se continuará o no con la investigación. Asimismo, los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa presentaron una querella criminal contra el también ex gobernador de Coahuila por su presunta relación con Los Zetas.
La iniciativa partió después de que recibieran información del Departamento de Aduanas de Estados Unidos que implicaba al ex presidente nacional del PRI. Los dos fiscales anticorrupción españoles viajaron a San Antonio, Texas, donde se entrevistaron con varios testigos protegidos de la Fiscalía estadounidense que apuntaron a Moreira Valdés.
Moreira Valdés fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero del 2016, en una operación auspiciada por la Fiscalía Anticorrupción española y que pretendía demostrar la vinculación al crimen organizado del político mexicano.
El ex gobernador de Coahuila estuvo preso, en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real durante una semana y después de que le fuese devuelto el pasaporte decidió volver de forma precipitada a México el 3 de febrero del 2016.
Ello después de que el juez instructor afirmó que la investigación continuaría y que se llevarían a cabo nuevas diligencias, tanto en España, México como en Estados Unidos, donde se encuentra detenido Rolando González Treviño, su supuesto prestanombres.
Tras la detención del político mexicano en Madrid, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarlo de la cárcel, según una investigación dada a conocer en su momento por El País.
La gestión a mayor nivel la protagonizó Arely Gómez González, la entonces titular de la PGR y ex senadora del PRI. La entonces funcionaria habló a su homóloga española Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado español, para interesarse por el caso y conocer la opinión de los fiscales españoles, negándose a presentar declaraciones por la reapertura del proceso.
Previamente, el juez Pedraz archivó provisionalmente el caso tras regresar de Texas donde había escuchado el testimonio de un testigo protegido. Concluyó que las acusaciones contra el ex gobernador sobre su supuesta relación con Los Zetas y el presunto blanqueo de capitales, no eran suficientemente concretas.
Fue entonces que los fiscales españoles recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso y afirmó que no había indicio alguno con la relevancia suficiente contra Moreira Valdés, quien renunció a la presidencia nacional del PRI en diciembre de 2011, tras verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.
En 2013, se conoció que Moreria Valdés residía en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del homicidio de su hijo José Eduardo, asesinado el 3 de octubre de 2012, supuestamente por presuntos miembros de Los Zetas.
En abril del año pasado, el mismo rotativo aseguró que en junio de 2011, durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se inició una indagatoria en contra de Moreira Valdés, por enriquecimiento ilícito, pero 16 meses después fue archivada.
En noviembre del 2016 Moreira Valdés responsabilizó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, del incremento de la violencia, no sólo en su entidad, sino en todo el país, “a consecuencia de la guerra declarada en 2006, al crimen organizado”.
El 26 Abril el PRI expulsó a Moreira Valdés, quien fue su presidente nacional de marzo a diciembre del 2011, y en el que militó durante toda su vida pública. La decisión se tomó por unanimidad en el Consejo de Justicia Partidaria del instituto político, porque el ex gobernador aceptó desde un mes antes la candidatura plurinominal a una diputación local por el Partido Joven.
