Un retraso de 90 días tuvo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para definir la convocatoria para el próximo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, la cual debió estar lista desde el último día de noviembre del 2018.
El encargado de este tema era el diputado Andrés de la Rosa, quien al parecer estaba más preocupado con la grilla al interior de su partido y el posible interés para contender por la Alcaldía de Mexicali, que por ciertos temas en el Congreso local.
Cuando por fin pretendían llevar el tema a comisiones, los priistas observaron una gran oportunidad para ocupar un espacio, sugiriendo su total y completa fidelidad en algún tema próximo a cambio de dicha posición. Sin embargo, al ser exhibidos, sobre todo el diputado Benjamín Gómez, decidieron dejar el tema.
En fin, la convocatoria no varía en prácticamente nada a lo que establece la Ley de Derechos Humanos de Baja California, como el ser mexicano y tener pleno goce de ejercer sus derechos civiles y políticos, contar con residencia no menor a cinco años; acreditar capacidad y experiencia de por lo menos cinco años en materia de Derechos Humanos o actividades afines; no haber desempeñado una dirigencia nacional o estatal de un partido político al menos cinco años antes de la elección, no haber desempeñado un cargo de Secretario o Subsecretario de Estado por el mismo periodo previo a la elección; no haber sido titular de la Procuraduría de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o Municipal; no haber sido agente del Ministerio Público, o integrante de un cuerpo policíaco o en el sistema penitenciario en la entidad, cinco años atrás.
Tampoco se podrá elegir a cualquiera que haya sido acusado de algún delito intencional que amerite pena corporal mayor a un año, a menos que sea un robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público.
Tener buena reputación y ser –preferentemente- licenciado en derecho con cinco años de trabajo. Esto último es prácticamente una recomendación, pues la misma Melba Adriana Olvera, cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
De acreditar todos los requisitos y ser entrevistado por los diputados, habrá un espacio para que asociaciones civiles y académicas expertas en el tema, briden su opinión sobre los aspirantes.
Cabe recordar que la elección del nuevo titular debe realizarse antes del 31 de mayo, fecha en que termina el periodo de la actual Presidenta, lo cual se dará en medio del periodo electoral, por lo que esperemos que esto no afecte las intenciones de nuestros legisladores.
