La decisión del tribunal electoral de una gubernatura de 5 años ha dividido el ambiente político. El PAN y el PRI se volcaron sobre MORENA y su virtual candidato, como si la elección ya estuviera decidida. Mientras las lluvias de declaraciones caen, la sentencia ya está impugnada y será el Tribunal Federal el de la última palabra
Una vez que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California resolvió en la sesión del 24 de febrero que la gubernatura debe tener una duración de 5 años, el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional le atribuyeron el acto a la voluntad de Jaime Bonilla, virtual candidato de Morena.
Por otro lado, una parte del sector empresarial alega inconstitucional en la decisión y respaldan el acto del PAN de impugnar ante el Tribunal electoral federal la sentencia votada en el Estado.
Un día después de que el Tribunal aprobara con dos de tres votos de los magistrados electorales, José Luis Ovando, dirigente estatal calificó la decisión de “aberrante y extraña que solo busca cumplir el capricho de Jaime Bonilla”.
El presidente del CEN panista Marko Cortés, a su vez, anunció que el 27 de febrero el partido había presentado un juicio de revisión constitucional a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en aras de revertir la decisión del TJE.
El líder estatal del PRI, David Ruvalcaba declaró para ZETA un posicionamiento similar, atribuyó la decisión de los magistrados a la voluntad de Bonilla de quien adelantó, no le sorprendería que pudiera ampliar el periodo una vez siendo gobernador.
El tema también llegó a la Cámara de Diputados local en donde Miguel Osuna Millán, del PAN calificó de “inconcebible” la sentencia de los magistrados y pidió a sus compañeros “defender la dignidad” del congreso del Estado… “no pasemos a la historia con vergüenza porque no supimos defender el honor de ser diputado… a mí me avergüenza cómo se ha pasado por encima de este poder legislativo”.
Por su parte, Senador con licencia de Morena, declaró de maneara sarcástica que sus adversarios encuentran poderes en su persona que ni siquiera él conoce: “ahora resulta que todo lo que ellos creen que no les beneficia soy yo el orquestador. Yo he dicho mil veces, nunca ha sido mi tema, no me encargo de esas cosas. Mi tema es enfocarme a hacer una buena campaña”.
Jaime Bonilla declaró que es un tema de leyes y que cualquiera que sea la decisión de los tribunales él respetará la decisión: “Yo me registré (a la candidatura) cuando eran dos años, no veo que sea una ventaja o desventaja para nadie, no creo que cambie de dos a cinco años. Nos debemos enfocar en hacer un buen gobierno, sean diez meses o dos años o seis años”.
Respecto a las acusaciones en su contra representaban “el tamaño de la capacidad de cada quien. Le quieren achacar a uno las decisiones cuando por décadas, aquí en Baja California, se han favorecido los gobiernos que han estado en el poder. De repente grita el ridículo del PRI, el señor Ruvalcaba, cuando dijo que era una falta a la democracia ¿cuándo has visto que el PRI sea realmente demócrata? El PAN sale a gritar que es un abuso cuando ellos han abusado desde el tiempo de los diputados”.
Bonilla dijo que no tenía que ver con la decisión y que si el PAN “se siente en desventaja es porque su conciencia la deben traer, han sido gobernantes tanto PRI como PAN, tienen miedo que de repente se les descubra mucho de sus fraudes. Ahora cuando se ven amenazados de perder no quieren que lleguemos ni por diez meses. Simple y sencillamente es el fin de su hamponada histórica”.
Empresarios esperaban que Kiko impugnara
Para el presidente de Coparmex-Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, la decisión del Tribunal de Justicia Electoral viola el Estado de derecho y a nombre del organismo empresarial, el dirigente refirió que a propósito de la sentencia la postura es “de rechazo”. Explicó que desde su punto de vista, la modificación establecida por el tribunal se hizo fuera del tiempo que marca la ley, además de que, según dijo, a esa instancia no le correspondía resolver al respecto, sino en todo caso al Congreso del Estado, órgano que en 2014 promovió modificar la duración del cargo de 6 a 2 años. En ese sentido asumió: “Nosotros consideramos que si hubo un trabajo en el Congreso pasado, por qué no se respeta”.
Rosas Jiménez deploró que el gobierno del estado haya determinado no impugnar la resolución del tribunal. Igualmente lamentó que la Coparmex no constituya una instancia facultada para interponer controversia.
CCE: Postura reservada
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Kurt Honold Morales se reservó su derecho de posicionarse a nombre de ese organismo, en lo referente a la resolución del Tribunal de Justicia Electoral referente a modificar la duración de la próxima gubernatura a pesar que en 2018, él personalmente se había manifestado a favor a una gubernatura de 5 años.
Argumentó que el CCE recurrió a la asesoría de abogados constitucionalistas para poder determinar si los magistrados que aprobaron la modificación procedieron correctamente o faltaron a la Carta Magna.
Sobre el hecho de que en 2018 el organismo se pronunció a favor de la gubernatura de 5 años, periodo al que finalmente habrá de extenderse de acuerdo con un proyecto aprobado por el tribunal el 24 de febrero, Honold Morales arguyó: “veíamos con buenos ojos que hubiera sido de 5 años porque nos hubiéramos evitado un gobernador de dos años, dos elecciones muy rápidas, en menos de tres años y un costo muy grande de dinero”, sin embargo, precisó, “lo importante aquí es hoy en esta decisión, encontrar si se está violando o no la institución más importante que hay en nuestro país, que es la Constitución”.
