Antes del 31 de marzo, la Secretaría de Economía publicará en el Diario Oficial de la Federación una prórroga para que el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera siga vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.
Esta acción va en línea con lo hecho en las dos anteriores administraciones federales, las cuales emitieron prórrogas para evitar que más de cinco millones de autos “chocolate” puedan nacionalizarse, restringiendo también la importación de esas unidades.
A propósito, la Organización de Protección a los Mexicanos (Anapromex) anunció movilizaciones a lo largo del país a partir del 24 de abril. “Vamos a tomar acciones como en 2007, habrá quema de carros, toma de puentes. Lo que tenga que hacerse”, advirtió Fidel Villanueva Ramírez, presidente de Anapromex, ante lo que consideró una decisión que da “atole con el dedo” a los ciudadanos.
“No es una amenaza, pero es la única manera de que el Presidente nos escuché”, indicó Villanueva Ramírez, quien reprochó que desde México “le pidieron” al administrador gteneral de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, que “se calle” para no dar a conocer programas que aún no son oficiales.
Ello, en referencia a la nota publicada en un medio nacional que exhibe un oficio del Servicio de Administración Tributaria, en el que le informa sobre los errores cometidos en comunicación social e interna, el manejo de redes sociales y la omisión de separar del cargo al administrador Central de Investigación Aduanera, como se le había pedido previamente.
En conferencia de prensa, Villanueva Ramírez consideró que el plan impulsado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) no resolverá el problema al requerir un pedimento de importación temporal, con todo y que cuenta con un programa de chatarrización, porque “no es lo que el país necesita”.
En Baja California, “algunos le están hablando al oído al Presidente y lo están aconsejando para que nada más se dé el pedimento de importación temporal”, denunció el líder de Anapromex, quien criticó que la Canaco quiera otorgar los permisos, en vez de que sea directo con la agencia aduanal.
“No es que (el Presidente) esté mal asesorado, es que está atendiendo a un grupo de personas de Tijuana que traen intereses” y aspiran a que vuelvan las placas fronterizas y el viejo sistema por un permiso de la Canaco, pero no arreglará la situación de los autos irregulares.
Por lo que pidió que se legisle en el Congreso de la Unión para nacionalizar los carros en aras de que se regularicen los 400 mil vehículos que se estima hay en Baja California, y más de cinco millones a nivel nacional.
