El mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, presunto responsable de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas en Europa, fue extraditado de España -donde se encontraba detenido- a Estados Unidos, país cuyo Departamento de Justicia le imputa los delitos de lavado de dinero y liderar una organización criminal.
Este día, agentes estadounidenses recogieron a Muñoz Luévano en una de las pistas del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas. La entrega fue acordada por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que hace dos años acordó su extradición.
Según el diario Reforma, que informó del hecho basado en fuentes, hace un año el fiscal de Texas que pidió su extradición, se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz Luévano en compañía del abogado estadounidense del presunto capo mexicano.
Ante ello, el testimonio de Muñoz Luévano, en el supuesto de que colabore con las autoridades de Estados Unidos, “podría poner en aprietos a una larga lista de políticos y funcionarios del Estado de Coahuila con las que el presunto narco mantenía relación”, indicó el citado rotativo.
La defensa en España del mexicano no se opuso a la extradición, ello a pesar de que en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional se tramita otra acusación en la que se le señala de delitos similares que en Estados Unidos.
Para la entrega, se decretó la libertad provisional de Muñoz Luévano, e inmediatamente la Sala de lo Penal española acordó su prisión y comunicó a las autoridades norteamericanas que se lo podían llevar, según informaron fuentes judiciales.
El pasado 13 de enero de 2017, el Consejo de Ministros de España acordó conceder a Estados Unidos la extradición de Muñoz Luévano, por su presunta responsabilidad en tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales para el Cártel de Los Zetas.
Muñoz Luévano, detenido en Madrid el 18 de marzo del 2016, se encontraba en prisión en España acusado de delitos de blanqueo y narcotráfico. Fue a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Gobierno español decidió entregarlo a EE.UU., donde se le considera sospechoso de liderar una organización de tráfico de estupefacientes.
Según la justicia de ambos países, dicha organización estaría asociada al cártel mexicano de los Zetas, que se dedicaba a la importación de cocaína desde México hasta los Estados Unidos, desde finales de los años 90 del Siglo pasado, hasta 2015.
Además, la organización dirigida por “El Mono” Muñoz, utilizaba armas de fuego adquiridas al cártel de los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en territorio estadounidense, y blanqueaba el dinero obtenido de sus actividades ilícitas a través de varios negocios de su propiedad utilizados para tal fin.
Alias “El Mono” guardó documentos en su casa de Madrid, España, en donde se desvelan el trasiego de 2 mil 100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares, en una operación que duró tan sólo seis días: entre el 11 y el 17 de febrero de 2012.
Muñoz Luévano, según lo aseguró el diario español El País en octubre del 2016, guardó en dos computadoras intervenidos en su domicilio, detalles de 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viaje, maletas, y hasta en cajas de cartón, a los jefes de la organización en distintos hoteles de la zona centro de la Ciudad de México.
Según la contabilidad guardada por “El Mono”, el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2 mil 100 kilogramos de cocaína en Europa, de los que se repatriaron alrededor de 63 millones de euros a los Zetas, organización criminal de la cual, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), considera a Muñoz Luévano un miembro importante.
En diciembre del 2016, el mismo rotativo difundió un informe de la Policía española, basado en intervenciones telefónicas hechas por varios meses, en el que se indicó que alías “El Mono” Muñoz, estaba supuestamente relacionado con políticos y funcionarios, entre ellos, los hermanos Moreira Valdés: Rubén y Humberto.
Además, del actual procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria; así como con Adrián Emilio de la Garza Santos, ex alcalde de Monterrey, Nuevo León, y que de 2011 a 2015 fue procurador General de Justicia de dicha entidad.
Además de Jesús Torres Charles, exfiscal de Coahuila y exconsejero jurídico en los gobiernos de los Moreira Valdés, quien dejó su cargo tras las acusaciones de que Los Zetas pagaban millonarios sobornos a funcionarios para recibir protección. Sin embargo, todos los personajes involucrados negaron de forma rotunda los supuestos nexos con Muñoz Luévano.
Las intervenciones telefónicas, de las que dio cuenta El País, dieron cuenta de las órdenes de Muñoz Luévano a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México. Incluso un supuesto plan para asesinar a una Fiscal en Coahuila, del que España avisó a las autoridades mexicanas sin recibir respuesta.
En octubre del año pasado, el diario Reforma informó que a pesar de ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) como operador de una red de robo de combustible a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto otorgó a Muñoz Luévano, permisos y concesiones para transportar y vender gasolina.
El rotativo abundó que el 16 de marzo del 2017, un año después de ser detenido en España acusado de lavar dinero para Los Zetas y ser requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó la autorización para operar una gasolinera en un ejido de Saltillo, Coahuila.
“Este permiso autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina Magna, Premium y Diésel en la estación de servicio ubicada en Carretera Zacatecas-Saltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila […] De conformidad con la Resolución Núm. RES/406/2017, emitida por la Comisión Reguladora de Energía el 16 de marzo del 2017”, establecía el texto firmado por Ingrid Gallo Montero, actual Secretaria Ejecutiva de la CRE.
En enero del 2016, dos meses antes de su detención en España, ese mismo organismo le otorgó a “El Mono” una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región Laguna, mismo que permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona de Mapimí, entre Durango y Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila.
“Este permiso definitivo de transporte por autotanque de gasolina y diésel autoriza a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm. RES/010/2016 emitida por esta Comisión Reguladora de Energía el 14 de enero del 2016”, se lee en el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del organismo.
Según el citado rotativo, el área concesionada a “El Mono” está catalogada por la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de Pemex.
