Contratos con empresas prestadoras de servicios quitaron trabajo a los encarcelados
Luis Carlos Sáinz (Enviado especial)
Además de los cuantiosos daños del huracán y lo incosteable que resultaba mantener el Complejo Penitenciario Islas Marías, otro factor que influyó para determinar su cierre definitivo fue el hecho de que las personas privadas de la libertad (PPL’s) se convirtieron en dependientes del sistema, situación contraria a los principios de la reinserción social.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), aseguró que los contratos contraídos por el gobierno federal con empresas privadas -durante la última etapa del modelo neoliberal- “infantilizó” a los internos.
La actividad conocida como la melga, que era la obligación de trabajar y realizar actividades para el complejo penitenciario se fueron diluyendo. La compañía contratada hacía prácticamente todo. Elaboraba los alimentos, la limpieza y el mantenimiento de las áreas, con excepción del aseo en las estancias de los presos.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)
“Entonces el (la) PPL era un infante al que le tenían que dar las cosas, cuando en el sistema carcelario lo fundamental es el trabajo y la disciplina”, expuso el funcionario federal encargado del abandono de la isla para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El último gasto llegó hasta los ocho mil millones de pesos anuales para el complejo penitenciario enclavado en el Océano Pacífico. Garduño Yáñez dijo que “a los PPL´s se les daba desayuno, comida, cena, sábanas, ropa, botas, medicina, se gastaba en jueces que están adscritos, el hospital del IMSS, y todo tiene un costo”.
En la isla existen versiones contradictorias. Quienes aún trabajan ahí, incluida la directora Gabriela Cerón, el modelo de reinserción era exitoso, al grado de que los cuatro Centros Penales Federales (CEPEFE’s) del complejo estaban certificados por la Asociación de Correccionales de América (ACA).
Cuestionado al respecto, el comisionado expresó que la decisión de cerrar la prisión del archipiélago si es polémica, pero solo para los penitenciaristas. “Los penitenciarios decimos: mis presos, mis islas, mi sistema… No. Nada es nuestro. Nosotros somos nada más emisarios del pueblo para trabajar transitoriamente y en un tiempo por un proyecto, pero no podemos decir y apropiarnos de las cosas”.
Francisco Garduño habló de la injusticia de que la familia de los internos, entre ellos los niños, pague una condena que no les corresponde, alejados de la sociedad. “Yo no podría concebir que un niño esté en un ambiente educativo de esta naturaleza. Sin conocer el mundo”.
El nuevo proyecto que estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tendrá el beneficio de que más de 100 mil niños y adolescentes puedan visitar la isla, lo que para el comisionado “no tiene comparación”.
“En verano se tiene proyectado traer a todos los ‘niños de 10’ como premio a estas islas en barcos y que tengan una estancia de entre ocho y quince días. Son campamentos. Es senderismo”, agregó. Niños de otro nivel económico pagarían cuota de recuperación para conocer la flora, fauna y los vestigios carcelarios del lugar ubicado en el mar en dirección al estado de Nayarit.
Advirtió que habrá un poco de mantenimiento tal vez, entre otras cosas la reconstrucción del muelle de guerra afectado por el huracán Willa del 23 de octubre de 2018, meteoro que causó daños en la isla de entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. De ahí en más, no habrá recursos económicos para María Madre. “Tiene suficientes recursos para dejar el testimonio de cómo era, para que los niños vean dónde dormían los presos y son instalaciones excelentes”.
Respecto al tema de los huracanes, el funcionario dijo que es cíclico, “que cada dos o tres años llegan huracanes de nivel 5 y destruyen la isla”, lo que sembró dudas entre los comunicadores que visitaron el complejo sobre la seguridad que habría para los supuestos viajes que emprenderían con niños y jóvenes en fechas futuras.
Sobre la posible construcción de nuevos centros penitenciarios, Francisco Garduño Yáñez dijo que no los habrá, pues existe capacidad para 41 mil internos en cárceles federales y se cuenta con una población de 17 mil. Más bien se apoya a los estados para llevar a internos a los Ceferesos, entre ellos a los que tienen mayor población como Ciudad de México, Edomex, Jalisco y Chihuahua.
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