Es cierto que vivimos en una sociedad en crisis que enfrenta a ciudadanos contra ciudadanos al acentuarse las rivalidades entre los diversos partidos políticos y al interior de los grupos de poder, existe un resentimiento social que apenas está aflorando y que si no se manejan estas confrontaciones públicas con el debido cuidado, pronto nos veremos subsistiendo en la anomalía que justifica la violencia.
Hoy por primera vez en la historia de México, el gobierno de la república pide perdón a los padres de dos estudiantes que murieron en la ciudad de Monterrey al ser confundidos con sicarios durante un operativo de combate a elementos del crimen organizado. Después de 9 años, y a través de la representante del Estado mexicano, o sea, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, prometen a los asistentes a la ceremonia en el Instituto Tecnológico de Monterrey a que confusiones, actos imprudentes y de descuido por parte de las fuerzas armadas, no habrá de repetirse.
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Los autores de estos hechos que por cierto, según los medios informativos se encuentran purgando una condena en una de las cárceles del país, muestran la falta de entrenamiento y de respuesta inteligente durante los operativos contra criminales armados por parte de militares a enemigos del Estado. Pero lo grave es que la conducta de las fuerzas armadas no es capaz de identificar a un estudiante que yace en medio de una balacera.
En Guadalajara también se escucha el reclamo de un grupo de estudiantes por la desaparición de tres alumnos de la carrera de cine, sin que se pueda lograr hasta la fecha, la ubicación de sus cadáveres.
Fueron desaparecidos sin que sus cadáveres sean ubicados, un grupo de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y por lo que comentan los medios periodísticos, están aflorando diversos hechos que revelan el peligroso proceder de autoridades del Estado mexicano, y este hecho violatorio de derechos humanos como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la justicia, etc., pero lo que asusta, es la facilidad con la que funcionarios armados que están para protegernos y que tienen como obligación investigar, perseguir y en su caso llevar a prisión a los miembros de los diversos cárteles del crimen organizado, se concreten al combate de delincuentes comunes; y lo que es más grave, se crea una policía nacional teniendo como única variante la diversidad en el uniforme, porque no creemos que en unos cuantos meses de entrenamiento la actitud del personal pueda modificarse y pasar de soldado o marino a policía investigador.
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Nota: Se percibe un ambiente de choque entre los caudillos políticos del país que se revela en el lenguaje agresivo que están manejando estos líderes de los diversos partidos políticos cuando, dadas las condiciones de la república, deberían emplear severo cuidado en el trato que se prodigan porque puede ser esta la mecha detonante a enfrentamientos que desembocan en acciones cargadas de rencor gracias al desempeño de algunos torpes activistas, que es lo que el ciudadano común no queremos.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
