El gobernador afirma que este proyecto en Rosarito resolverá el déficit que existe en el abasto de agua para la Zona Costa de Baja California, legisladores resuelven detener “de momento” la iniciativa por su mala planeación financiera
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El 31 de diciembre venció el tiempo que había autorizado el Congreso del Estado, para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) buscara créditos para financiar la desaladora de Playas de Rosarito, y aunque se esperaba que se renovara el plazo, el 25 de febrero los diputados locales dijeron “no” a la continuación del proyecto, al menos durante esta legislatura.
De ahí que el tema de la desaladora se haya convertido en un tema importante dentro de la agenda del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, que en sus últimas apariciones públicas ha abordado el tema de una manera u otra.
Previo a que los legisladores tomaran la decisión de pausar el proyecto, en las redes sociales del Mandatorio Estatal se comenzaba a posicionar respecto al tema. Tal fue el caso del 22 de febrero cuando se publicó sobre una piedra de grandes dimensiones que después de desprenderse de La Rumorosa –a causa de las fuertes precipitaciones y nevadas registradas en la región por esas fechas- terminó sobre la autopista.
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En la publicación, acompañada por una fotografía de la piedra, en primera persona Kiko Vega aseguró que a unos metros de ésta se hallaba parte del Acueducto Río Colorado – Tijuana, infraestructura hidráulica que se encarga de abastecer del vital líquido a la Zona Costa de Baja California.
“Un hecho de esta naturaleza puede provocar una fractura en esta infraestructura hidráulica, dejando sin agua a más de 2 millones de bajacalifornianos en los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y parte de Ensenada”, se leía en el texto que acompañaba la gráfica.
Posterior invitaba a la conciencia sobre la importancia de la construcción y operación de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, sin embargo tres días después los diputados resolvieron que en no ampliar el plazo para obtener la financiación del proyecto.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Kiko aprovechó falla en Acueducto para presionar sobre el tema.
Se rompe tramo de Acueducto; Kiko lo usa para hacer un “llamado”
El 2 de marzo del presente año se registró una falla en un tramo del Acueducto Río Colorado – Tijuana (ARCT) -a la altura del municipio de Tecate- situación que Francisco Vega de Lamadrid usó para “llamar la atención” del Congreso por parar el proyecto de la desalinadora de Playas de Rosarito.
El tramo afectado había sido construido en 1982 contemplando una vida útil de cerca de 30 años, sin embargo estos fueron rebasados al igual que su capacidad al ser insuficiente para cubrir la demanda del vital líquido para los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y una parte de Ensenada.
“Esto es un nuevo llamado que el Acueducto nos hace, es un llamado para rápido iniciar lo que por mucho tiempo he estado pidiendo e insistiendo que no es ocurrencia de Kiko Vega, es la planta desalinadora que nos recomendó la Comisión Nacional del Agua en 2014”, expresó “Kiko” días después cuando supervisaba las obras de mantenimiento que se aplicaron de emergencia en el tramo dañado del ARCT.
“Nada más hay que tener muy claro quienes estamos empujando y quienes no empujan. A mí me da mucha pena y preocupación que no empujen algunas personas, e incluso en el Congreso, quienes automáticamente están en contra de todo lo que se presenta”, se quejó.
Mala planeación desde el principio
Por su parte el diputado Luis Moreno Hernández, del Partido Transformemos, explicó que uno de los principales problemas que siempre presentó el proyecto fue la mala planeación financiera, porque cuando se celebró el contrato con la CESPT valoraron un tipo de cambio y una tasa de interés muy distinta a la que ocurría en ese momento.
“Para poder hacer frente a esa mala planeación financiera, solicitaron una ampliación al decreto 57 para que pudieran ampliarse las garantías de pago y que de alguna manera, eso pudiera hacer frente a los problemas financieros que ellos tienen”, detalló.
Sin embargo, ese decreto mandataba a la CESPT a poder buscar créditos bancarios resolventes que también pagaran las garantías, pero ese plazo se venció junto con el 2018. La Paraestatal no pudo conseguir crédito con ninguna entidad financiera para garantizar las contraprestaciones, vencido su plazo se quedó sin la facultad para seguirlas buscando, comentó el legislador local.
“Estamos ante una situación de mucha desesperación de la compañía, porque se vuelva a aprobar en el Congreso esa autorización a la Comisión (CESPT) para ampliar el plazo de crédito. Y mientras eso no ocurra, las garantías de pago están en una incertidumbre jurídica y financiera, lo que provoca que la planta desalinizadora esté en un limbo jurídico, financiero y operativo”, agregó.
Empresa muestra comportamiento “sospechoso” en bolsa de valores
Consolidated Water, perteneciente a Fredeick McTaggart y responsable del proyecto de la desaladora, debió haber presentado su informe trimestral desde hace tres semanas y no lo ha hecho, comentó Moreno.
“Algunos analistas financieros de Estados Unidos que revisan el comportamiento bursátil, están diciendo que está demasiado sospechoso el comportamiento de Consolidated Water en Nasdaq, y que tal vez, la empresa se está preparando para vender sus acciones”, dijo.
Sería la “desaladora más grande de América Latina”, pero solo hay la primera piedra
Fue en septiembre de 2016 cuando el Gobierno del Estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, firmó un convenio con un consorcio de empresas denominado “Aguas de Rosarito” para establecer la Asociación Público Privada (APP) que garantizará la construcción de la desaladora en Playas de Rosarito, en ese momento ya se le consideraba como la “más grande de América Latina”.
El conjunto Aguas de Rosarito fue conformado por las empresas NSC Agua, que a su vez era propiedad de las empresas Consolidated Water y NSA Agua, y Nuwater, y resultó ganadora en la licitación para la construcción de la desaladora en el quinto municipio, en un terreno ubicado cerca de la central termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El objetivo, de acuerdo con lo que declaró el Mandatario Estatal en ese entonces, era tener una medida efectiva para resolver el desabasto del vital líquido que afecta a la Zona Costa de Baja California, en específico en los municipios de Tijuana y Tecate que son los que presentan un mayor crecimiento poblacional.
Conforme fue avanzando el proyecto se supo que éste tendría un costo de 76 mil 740 millones de pesos, lo que se traducía a una deuda que los bajacalifornianos tardarían en pagar por 37 años.
El jueves 22 de marzo de 2018 el Juzgado Décimo Civil, especializado en materia mercantil, ordenó el embargo del predio elegido para hacer la desaladora y la suspensión de cualquier actividad comercial por “simulación de actos en prejuicio de uno de los socios”, derivado del litigio que promovió el empresario Gough Thompson.
Thompson denunció el engaño del que fue víctima por parte del resto de los socios, al informarle que el proyecto estaba avanzado y se requería una mayor inversión de su parte, sin embargo no aceptó y sus acciones, que eran el 25 por ciento del proyecto con un valor de 37 mil pesos, fueron vendidas por un millón de dólares.
A pesar de esta situación, el 23 de marzo de ese mismo año Kiko Vega protagonizó la colocación de la primera piedra del proyecto entre manifestaciones y un fuerte operativo policiaco, dentro del mismo predio embargado que al día de hoy sigue siendo sólo un terreno “bardeado” sin el registro de ningún movimiento ni construcción.
En su momento, Semanario ZETA documentó cómo Vega de Lamadrid se negó a dar declaraciones sobre el litigio y el embargo del predio, concluyendo el evento de la colocación de la piedra –que representaba el posible arranque de la obra- salió huyendo y diciendo que no daría declaración alguna “sobre esta noticia ni de ninguna otra”.
Por último, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) tenía como plazo el 31 de diciembre de 2018 para conseguir más financiamiento para el proyecto, sin embargo la Paraestatal no lo logró y el Congreso local decidió no aumentar el plazo y pausar el proyecto al menos en lo que resta de la actual administración. Lourdes Loza Romero
“Es cierto que la empresa está teniendo problemas de liquidez, el presidente de la empresa, Frederick McTaggart sigue dando garantías a sus inversionistas asegurando que el Congreso pronto va a autorizar de nuevo más tiempo, para que puedan conseguir los créditos, pero hasta este momento ni siquiera se ha discutido el tema, es decir, no se ven condiciones políticas para que eso ocurra” añadió.
Aunque Moreno Hernández no descartó la posibilidad de que se vuelva a poner el tema sobre la mesa, compartió que el presidente del Congreso –el diputado Carlos Torres- le aseguró de propia voz que al menos en lo que resta de la legislatura, no se volvería a hablar sobre Consolidated Water y la desaladora de Rosarito.
“Lo que ellos están solicitando son las garantías para las contraprestaciones que son de 149 millones y medio de pesos durante 37 años, más intereses y accesorios de la deuda, ronda más o menos en unos 80 mil millones de pesos. Es muchísimo comparado con los 9 mil millones de pesos de inversión, entonces, se invierten 9 mil y ganan 80 mil, esa diferencia, nadie me la ha sabido explicar en términos de gasto corriente”, aseguró Luis Moreno.
