Por presuntamente haber cometido los delitos de Fraude, Ejercicio ilícito del servicio público, Administración fraudulenta, Coalición de servidores públicos, Falsedad de servidores públicos, Usurpación de funciones públicas, Falsificacion o alteracion y uso indebido de documento, Falsificacion o alteracion y uso indebido de documento equiparado y los que resulten, 12 diputados de la XV Legislatura de Baja California Sur, fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia.
Los legisladores expuestos mediante Denuncia y/o Querella son: Milena Quiroga Romero, Homero González Medrano, María Petra Juárez Maceda, Lorenia lineth Montaño Ruiz, Perla Flores Leyva, Rigoberto Murillo Aguilar, Sosalba Rodríguez López, Humberto Arce Cordero, Soledad Saldaña Bañales, Marcelo Armenta, Maria Mercedes MAciel Ortiz y Esteban Ojeda Ramírez y/o quien resulte responsable.
En los hechos los denunciantes mencionan que el 5 de marzo en sesión privada, 12 diputados se irrogaron la atribución de remover al Presidente de la Comisión de Cuenta y Administración, diputado Ramiro Ruiz y al diputado José Manuel Ortega como secretario. La remoción sería sin mediar fundamente legal o causa justificada, tomando el encargo el diputado Rigoberto Murillo como Presidente de dicha Comisión y Mercedes Maciel como Secretaria.
Sin embargo, la Diputación Permanente mediante un escrito remitido por Ramiro Ruiz y cuatro compañeros más, en donde solicitan la revocación de los acuerdos de la sesión del 5 de marzo, acto seguido que la Diputación Permanente revocó la sustitución y ordena que regrese todo a su lugar como estaba el jueves 6 de septiembre de 2018.
La operación de Milena
Entre los días 5 y 11 de marzo de este año, los quejosos detectaron conductas constitutivas a delito.
Primero por parte de la Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Milena Paola Quiroga Romero por la instigación a 10 legisladores de la Fracción de MORENA y diputada del Partido del Trabajo, para remover a los congresistas Ramiro Ruiz Flores y Héctor Manuel Ortega Pillado de sus responsabilidades.
La emisión de oficios a las diferentes áreas del Congreso del Estado para notificar la remoción, señalan que dicha diputada no tiene facultades legales para ejecutar acuerdos del pleno, mucho menos si son ilegales, configurando la hipótesis contenida en el delito de usurpación de funciones.
Los doce diputados incurren en delitos por “la autoría intelectual mediante orden al Oficial Mayor para que certificara el acta apócrifa de fecha 5 de marzo de 2019, ante el notario público número 9, el cual certificó hechos que no son ciertos, y que no le constaron. Ya que en principio dicha acta no está firmada por el Presidente de la Diputación Permanente, tal y como lo marca la ley reglamentaria. El acta fue alterada, lo cual es un delito”.
La firma de un escrito que anexaba un acta falsificada de la sesión privada de fecha 5 de marzo, para tratar de materializar actos administrativos, legislativos, financieros y mercantiles. Los escritos y el acta apócrifa fue enviada a Oficialía Mayor para impedir que se publicara en el Boletín Oficial el resolutivo del 6 de marzo; para registrar ante la institución bancaria Banorte las firmas del diputado Rigoberto Murillo en las cuentas mancomunadas.
En el acto fraudulento involucraron a terceros, un gerente del Banco y el Notario Público, que podrían ser sujetos a responsabilidad penal.
Rigoberto Murillo denunciado por Peculado
A la par se interpuso otra denuncia, en contra del diputado Rigoberto Murillo Aguilar, Presidente de la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes de la XV Legislatura, el cual solicitó la cantidad de 337 mil pesos con la finalidad de llevar a cabo una serie de foros y talleres de consulta en análisis sobre la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte para BCS.
El 5 de noviembre del 2018, Rigoberto Murillo mediante oficio número HCEBCS-RMA/030/2018, remitió una factura a nombre de Guillermo Sánchez Flores por la cantidad antes mencionada, por el concepto de Asesoría Profesional en relación a la Iniciativa de Ley de Movilidad.
El diputado Murillo Aguilar solicitó el recurso para cubrir la factura fuera a gastos por comprobar. Al legislador se le entregó la cantidad mediante el cheque 0194945 de Banorte, mismo que lo firmó en caja el 7 de noviembre del 2018.
Fue el 5 de marzo de 2019 que dieron cuenta que dicha factura habría sido cancelada por el proveedor porque no le hicieron el pago.
“Por qué cancelamos la factura, bueno se acercaba el cierre del ejercicio fiscal, como ustedes saben el que quede una factura por esa cantidad de 337 mil pesos para una persona física con actividad empresarial la verdad que es muy complicado. La factura está cancelada y se avisó en tiempo y forma. Estoy esperando que el Congreso o algún integrante se acerque con un servidor para expedir de nuevo la factura, al final de cuentas a mi lo que me interesa es que se nos pague por el servicio que nosotros entregamos en tiempo y forma”, dijo Guillermo Sánchez.
Justamente el diputado Rigoberto Murillo señaló en sus redes sociales que era falso lo que decía de él, además expresamente dijo que no recibió el cheque.
*“¿Diputado usted recibió el cheque? No, cómo creen, para nada”, expresó.
Sin embargo, la documentación en manos de ZETA exhibe que el diputado firmó las pólizas de cheque para recibirlo.
Según información extraoficial, se sabe que el cheque fue cobrado por un asistente legislativo enviado por Rigoberto Murillo.
