La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició desde este lunes una investigación formal contra el presidente Donald Trump y su entorno más cercano, por presuntos delitos de corrupción, abuso de poder y obstrucción a la Justicia.
El presidente de dicha instancia investigadora, el demócrata Kerry Nadler, informó sobre una serie de solicitudes de documentos a la Casa Blanca, su campaña, a las empresas, así como a 81 personas (familiares o funcionarios) relacionadas a Donald Trump o sus socios, proceso que podría llevar al mandatario a un proceso de destitución.
Entre los destinatarios de las solicitudes de información se encuentran dos de los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump; su yerno, Jared Kushner; el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg; y tres exasesores: Hope Hicks, Sean Spicer y Steve Bannon.
Entre los destinatarios de las misivas de Nadler están, también, los principales responsables de la campaña electoral que ayudó al magnate neoyorquino rumbo a la presidencia en 2016: Corey Lewandowski, Paul Manafort o Jared Kushner. También Brad Parscale, el director de campaña para la reelección de Trump el año que viene.
Las solicitudes de información de la Comisión legislativa también fueron destinadas a su secretaria durante años, Rhona Graff. En el listado destacan, además, organizaciones como WikiLeaks, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) o Cambridge Analytica.
“El presidente Trump y su Administración afrontan acusaciones amplias de conducta inapropiada que atacan al corazón de nuestro orden constitucional […] Estos últimos años el presidente Trump no ha tenido que dar explicaciones sobre sus ataques casi diarios contra nuestras reglas y normas legales, éticas y constitucionales fundamentales […] Se trata de un período crítico para nuestra nación y tenemos la responsabilidad de investigar”, escribió Nadler.
En los requerimientos de la Comisión legislativa investigará las acusaciones de corrupción, incluidas las posibles violaciones de la ley de financiamiento de campañas, la prohibición de la Constitución sobre las remuneraciones extranjeras, entre ellas Rusia, y el uso del cargo para beneficio personal.
Además de sucesos posteriores a la apertura de estas pesquisas. Entre estos hechos están las destituciones del asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn; la del fiscal general Jeff Sessions o la del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó la recepción de estas cartas. “La oficina del consejo y las autoridades competentes de la Casa Blanca las revisarán y responderán en el momento adecuado”, afirmó.
Trump, por su parte, declaró escuetamente que la indagación era una “farsa”, pero que aun así “cooperaré con todo el mundo en cualquier momento”. Todos los destinatarios tienen hasta el 18 de marzo para entregar la información requerida y la Comisión advirtió de que podría solicitar órdenes judiciales si alguno de ellos se niega.
Sin embargo, Nadler aseguró en un comunicado que era imperativo “comenzar a construir un caso ante el pueblo estadounidense sobre el abuso de poder” de Trump. En opinión del legislador neoyorquino, “está muy claro que el presidente hizo obstrucción a la justicia”.
“Mil 100 veces se refirió [Trump] a la investigación como caza de brujas. Trató de proteger a [Michael] Flynn de ser investigado por el FBI y despidió a [James] Comey para evitar la trama rusa”, enumeró Nadler, quien acusó, además, al mandatario, de “intimidar a testigos en público”.
El congresista reconoce que su investigación puede en algunos puntos ser coincidente con la que desarrolla el fiscal especial, Robert Mueller, quien también estudia si el mandatario obstruyó a la justicia, aunque en ese caso se trata de un caso criminal en el que trabaja el Departamento de Justicia estadounidense.
La semana pasada, Nadler declaró en una entrevista al diario The New York Times que, a pesar de que él creía que Trump había cometido delitos durante su mandato y que ha amenazado normas básicas de la Constitución, no se lanzaría a un proceso de destitución del presidente a menos que en el Congreso contase con una aplastante mayoría bipartidista.
