El Congreso de Baja California – la segunda entidad con más mujeres denunciadas ante la PGJE por abortos espontáneos-, junto con Tamaulipas, Nuevo León y Campeche, son los primeras entidades federativas en proclamarse contra el intento de despenalizar el aborto en el país, lo cual externaron el 14 de febrero en una sesión que, consideraron integrantes de colectivos feministas, distó mucho de un debate. Incluso lo consideraron violencia institucional. Marcela Vaquera, presidenta del Frente Nacional por la Vida y la Familia, asegura que deben hacerse a un lado las mentiras sobre el tema y defenderán la vida bajo cualquier circunstancia
En 2019, se cumplen 19 años del caso Paulina, joven víctima de violación que, pese a cumplir con todos los requisitos para interrumpir su embarazo, las instituciones le impidieron abortar. Hoy en día es un estandarte para los colectivos en favor de la despenalización del aborto.
A casi dos décadas del caso, el Congreso de Baja California -por iniciativa de la mayoría panista- presentó el 14 de febrero un exhorto con dispensa de trámite para exigir a su homólogo a nivel nacional, frenar las intenciones de legislar en favor del derecho a las mujeres a decidir, planteado desde finales de octubre de 2018 por los legisladores Porfirio Muñoz Ledo y Silvia Lorena Villavicencio, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con respaldo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por lo que puede considerarse una política de interés para el nuevo gobierno. Sólo Tamaulipas, Campeche y Nuevo León se han manifestado de la misma forma, pero son 18 estados los defienden en su Constitución el derecho a la vida desde la concepción.
En el documento presentado por la diputada Eva María Vázquez, muestra su rechazo a la ideología de género, culpándola de varios problemas de la actualidad, además de calificarla como “una nube roja, cuya intención es teñir de sangre humana a la sociedad ya lastimada por otros problemas más importantes como la violencia y la delincuencia”.
Los dichos de Eva María Vázquez se contraponen a varios elementos que avaló en la recién aprobada Ley Estatal de Víctimas, publicada en octubre de 2018, donde en algunos apartados precisa que deben facilitarse mecanismos para el aborto en estas condiciones.
Marcela Vaquera, presidenta del Frente Nacional por la Vida y la Familia, no tuvo problema en decir que el exhorto es un reclamo de los colectivos que simpatizan con esta idea, y afirmó que debe dejar de mentirse sobre las cifras de muertes de mujeres por aborto, además de exigir a los cinco diputados que se abstuvieron de la votación, a que decidan una posición, pues “no se puede estar con Dios ni con el diablo”.
Colectivos feministas de Mexicali calificaron de lamentable este tipo de señalamientos y consideraron que el conservadurismo y la Iglesia se encuentra activamente tomando decisiones en el Congreso local, lo que representa una barrera para promover los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. Algunos incluso consideran que se trata de un caso de violencia institucional de género.
EL SUPUESTO DEBATE
Rodeada de colectivos autoproclamados pro vida, el 14 de febrero, la diputada Eva María Vázquez -quien acudió al recinto con un pañuelo azul para demostrar su apoyo a estos grupos- presentó una dispensa de trámite para exhortar al Congreso de la Unión a que cese en sus intenciones de despenalizar el aborto.
La diputada Eva María Vázquez, con el pañuelo azul en su cuello, que simboliza el respaldo a los grupos “ProVida”
El documento, plagado de juicios de valor, adjetivos y de cifras sin sustento, era un ataque a la ideología de género, al feminismo y sugería un retroceso en el Código Penal vigente en la entidad, o por lo menos eso consideraron grupos feministas tras escuchar el debate.
Entre las frases destacadas del discurso se encuentran:
* “Corrientes ideológicas abanderadas por la ideología de género, que pretenden imponer una postura supremacista con la bandera del feminismo, pero con grandes intereses ocultos cuyo fin es manipular a la humanidad”.
* “El camino de la ideología de género, se construye con el cemento de la ignorancia, porque muchas veces, no se sabe, ni se dice: cuál es la verdadera intención, por ello muchos países que han descubierto sus malévolas intenciones, han dado marcha atrás a la agenda de perspectiva de género: porque su sociedad ha colapsado”.
Más adelante, el texto refiere:
* “El aborto no está justificado ni siquiera en caso de violación porque supondría condenar a muerte a seres indefensos e inocentes de las circunstancias de su concepción, de aquí entonces que surge la interrogante: ¿Acaso una injusticia justifica otra injusticia?, ¿tiene algún sentido añadir más violencia al acto violento inicial?”.
* “El aborto es el mayor genocidio de la historia. ¡¡¡Se calcula en ¡MIL MILLONES! el total de abortos llevados a cabo a nivel mundial desde que se inició esta macabra práctica”.
El debate fue abierto por la diputada Patricia Ríos, quien sugirió que el tema debería debatirse ampliamente, y agregó que miles de mujeres sufren por no poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
Esto provocó abucheos por parte de los grupos pro vida, al grado que tuvo que pedirse moción de orden.
Catalino Zavala, Alejandro Arregui y Jorge Núñez se unieron a Ríos argumentando que es un tema apasionado, ideológico y religioso que debe brindar espacios a otros sectores de la sociedad.
La respuesta corrió por cuenta de Andrés de la Rosa, quien comentó que Baja California dejó claro en 2001 su pensamiento sobre el aborto, reformando la Constitución local para proteger la vida desde la concepción. A esto se unieron Claudia Agatón, Eva María Vázquez y Luis Moreno, quienes indicaron, no era urgente fijar una postura porque en pocos días volvería el debate a San Lázaro.
Victoria Bentley, Mónica Hernández y Alfa Peñaloza, terminaron con el debate incluyendo situaciones personales, como la dicha que representa ser madre, abuela y las experiencias que ellas han vivido desde que tuvieron a sus hijos en sus vientres.
“Nuestros padres decidieron tenernos, cuidarnos y bendecirnos, debemos ser respetuosos de las opiniones pero también respetuosos del derecho a la vida. Todos estamos hechos por amor y creo que debemos cuidar las formas y vivir con amor hacia el prójimo. Todavía no se puede defender, pero tenemos que velar por ellos”, comentó Bentley
Hernández quebró su voz cuando indicó que su nieto tiene siete meses de edad y lucha por su vida, mientras que Eva María Vázquez compartió el sufrimiento de haber perdido un embarazo por cuestiones de salud.
“Me parece que todas esas madres que abortaron, no dejan de ser madres, sólo que ahora son madres de un niño muerto”, opinó.
Terminado el debate, sólo cinco diputados se abstuvieron de votar la dispensa de trámite, los cuales aseveraron que algunos comentarios del documento les parecen incorrectos.
BC, 179 DENUNCIAS POR ABORTO EN TRES AÑOS
La prueba más grande de la criminalización de la mujer en Baja California, es que se inicie una investigación contra ella al perder un producto, aun cuando ello ocurra de manera espontánea.
La consejera de Inmujeres, María del Carmen Rioseco.
Aunque en la entidad son pocos los casos de mujeres judicializadas por este delito, forma parte de la incidencia delictiva, colocando al Estado en el lugar número 2, sólo por debajo de Ciudad de México.
Maricarmen Rioseco, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), criticó severamente que se contabilicen este tipo de delitos y no se tenga certeza de los casos clandestinos que se registran en la entidad.
Agregó que resulta particularmente perverso porque las niñas y mujeres de clase alta de comunidades acaudaladas pueden fácilmente viajar a San Diego o El Centro, California, y practicarse abortos con toda seguridad, mientras que las de comunidades periféricas o humildes, no encuentran salida ante sus problemas.
Reclamó que el conservadurismo del Estado quiere a mujeres en las cárceles y a niñas teniendo hijos, pues Baja California es de las entidades federativas con más casos de embarazo adolescente e infantil, lo que para ella es algo perverso.
La doctora Areli Veloz, experta en estudios de género del Instituto de Investigaciones Culturales, afirmó que es un tema invisibilizado por la sociedad y, según estudios de campo realizados en la entidad, un aborto clandestino cuesta entre 10 mil y 15 mil pesos, y es practicado habitualmente por médicos, pero no precisamente en las mejores condiciones. Es por ello que considera que en los lugares donde se prohíbe el aborto, sufren más las féminas de condición humilde.
Agregó que en los recientes estudios han notado el incremento de viajes a Ciudad de México para interrumpir la gestación, donde es legal hasta las doce semanas. Sobre ello, Rebeca Maltos, integrante de Gente Diversa, consideró que es lamentable, pues en la Capital del país se tienen más derechos que en Baja California, lo cual no puede ser, sobre todo porque se trata de derechos civiles reconocidos por organismos internacionales.
En el mismo sentido, las tres reconocieron que es un acto aberrante que un Congreso local sugiera o desacredite uno de los abortos no punibles en la entidad, como lo es la violación.
La doctora Veloz consideró que este tipo de reclamos se debe a la idea de identificar a la mujer como madre, por encima de reconocerla como persona. Esta conducta es tan arraigada que las propias féminas condenan la interrupción del embarazo.
Maltos fue más agresiva al señalar que se está legislando desde la ignorancia y desde las creencias religiosas, calificándolo como un “fascismo axiológico”.
ABORTO NO ACABARÁ CON LA POBREZA Y LA VIOLENCIA: VAQUERA
De los 32 estados del país, 18 protegen la vida desde la concepción, afirmó Marcela Vaquera, en cuya opinión, el Congreso de Baja California ha hecho bien en definir claramente su postura ante un tema que está en el debate a nivel nacional y es de gran trascendencia.
Si bien están dispuestos al debate, la mayoría del país está de acuerdo en mantener la prohibición de la suspensión del embarazo, sobre todo porque este tipo de actos no resolverá la pobreza y marginación que se experimenta en territorio mexicano.
Según Vaquera, en días pasados estuvieron en Ciudad de México con diputados de todos los partidos para hablar del tema y, gracias a las movilizaciones del Frente, se logró retirarlo de la agenda de una sesión en el Congreso de la Unión.
Agregó que existen grandes mentiras sobre la despenalización del aborto y sus justificantes, como las cifras de mujeres que fallecen por malas prácticas abortivas. De acuerdo con sus datos -tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía-, el 93 por ciento de las muertes de féminas están asociadas a hipertensión, preclamsia, entre otros padecimientos ajenos a la interrupción del embarazo.
Congreso casi trasgrede el Estado laico con exhorto: CEDH
Casi dos semanas des pues de la aprobación del exhorto emitido por el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fijó su postura, reclamando que no se cumplieron con los principios básicos de democracia, la participación ciudadana, la consulta pública y los ejercicios del gobierno abierto.
En el texto compartido a ZETA, la institución indicó que esta acción pone en riesgo la laicidad del Estado, pues en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de distintos sectores para emitir un planteamiento frontal ante un tema tan delicado.
“Es importante que el Congreso inicie con el análisis y la discusión del tema en comisiones, evitando adoptar posturas que fomenten la estigmatización y criminalización de las mujeres”, indica el documento.
Asimismo, refiere que la CEDH piensa en favor de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual; las que viven en pobreza y recurren a medios inseguros para abortar; las que sufren agresiones sexuales y los embarazos forzados.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los países donde el aborto está prohibido, sólo uno de cada cuatro abortos fue seguro; caso contrario en las naciones donde el aborto es legal, en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos. Restringir el acceso al aborto no reduce su número.
INMUJER VA POR LA PREVENCIÓN; GIRE EXIGE REFORMAS
Mónica Bedoya Serna, titular del Instituto para la Mujer en Baja California (Inmujer), aseveró que su dependencia se encuentra enfocada en atender casos de violencia intrafamiliar -o la mujer en general-, no los temas de prevención.
Sin embargo, afirmó que cuentan con pláticas para promover que los jóvenes sean responsables sobre su sexualidad, y así evitar embarazos.
Cuestionada sobre los resultados, al ser Baja California la entidad donde más partos prematuros se registran, dijo que la dependencia encargada es la Secretaría de Salud, pero como medida de prevención se facilitaron “unos muñequitos” a jóvenes, con la intención de que conozcan lo que representa tener un hijo.
Bedoya Serna agregó que se encuentra en favor de la vida y que el Código Penal establece las excluyentes para que el aborto no sea punible.
Por su parte, el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), organización que realiza estudios a nivel nacional, indica que la Ley General de Víctimas establece una serie de lineamientos que los estados -entre éstos BC- deben homologar en materia legislativa para casos de violación.
Dicha Ley federal -que prácticamente fue copiada por las legisladoras Victoria Bentley y Triny Vaca Chacón- establece en su Artículo 29 que las instituciones están obligadas a brindar atención de emergencia a víctimas que lo requieren, independientemente de su capacidad socioeconómica, nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.
En su punto número 9, contempla la interrupción del embarazo, por lo que -según GIRE- no se necesitaría interponer una denuncia ni la autorización del Ministerio Público para solicitar un aborto antes de las doce semanas; bastaría un oficio donde la víctima se comprometa a decir la verdad.
En esos términos fue aprobada la Ley Estatal de Víctimas por los actuales diputados. Sin embargo, existiría una controversia con el Código Penal, por lo que lo ideal sería una reforma.
En su Artículo 132, el Código Penal del Estado establece al aborto como la muerte del producto en cualquier etapa, el cual tiene una penalidad de uno a cinco años de prisión; mientras que la propuesta de la diputada Lorena Villavicencio es imponer una sanción de tres a seis meses de trabajo en favor de la comunidad a la mujer que lo practique después de las doce semanas de embarazo.
