En dos análisis realizados a los fondos para educación por el Gobierno del Estado de Baja California en el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró 21 millones de pesos en recursos no ejercidos, más de 4 millones de pesos pagados a aviadores y determinó que las escuelas “registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento”
A partir de la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos federales que el Gobierno del Estado de Baja California ejerció durante el año fiscal 2017, se desprenden dos informes de fondos destinados a educación pública.
Se trata del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), ambos publicados en febrero de 2019 como parte de la tercera entrega de resultados de la ASF.
Por medio del FONDE, Baja California recibió 11 mil 235 millones 707 mil pesos, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de financiamiento en el sector educativo. Mientras que para Escuelas de Tiempo Completo, fueron transferidos 285 millones 494 mil pesos.
Los hallazgos de irregularidades en ambos casos son similares. Millones de pesos destinados a salarios de personal que sólo aparece en la nómina, pero no se presenta a laborar, más de 30 millones de pesos cuya aplicación no se pudo comprobar y subejercicios, principalmente.
Estas auditorías revelan los malos manejos financieros que la administración de Francisco Vega de Lamadrid ha hecho con los fondos educativos. Apenas en diciembre de 2018, docentes y personal educativo tomaron oficinas estatales para encabezar paros laborales en exigencia del pago de sus salarios.
Uno de los principales reclamos que ha enfrentado “Kiko” Vega han sido los de los profesores.
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