Por mayoría calificada, el Cabildo del XXII Ayuntamiento de Tijuana aprobó la venta de dos bienes inmuebles de un valor de 46 millones 976 mil 440 pesos, cuatro meses después de que el gobierno Juan Manuel Gastélum Buenrostro se comprometiera a pagar a la empresa Roma Food, los 228 millones de pesos que la sentencia de un proceso judicial mal defendido, asegura que se les debe.
El acuerdo lo suscribió derivado de la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en noviembre de 2018, pero sin someterlo a la aprobación del Cabildo de Tijuana, no obstante el millonario monto comprometido a pagar y que ameritaba la desincorporación de bienes por parte del municipio, hecho que fue observado por algunos ediles de oposición.
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Al respecto, Ana Marcela Guzmán Valverde, Síndico Procuradora y una de las firmantes del acuerdo fechado al 23 de noviembre de 2018, señaló en forma tajante a los regidores que cuestionaron el haber pasado por alto al órgano rector del Ayuntamiento: “mientras haya flujo de efectivo, no hay que pedir permiso al Cabildo”.
La solvencia económica de la administración de El Patas le permitió pagar del erario 25 millones de pesos durante 2018 a la empresa Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V., propiedad de Mauricio Fernández Margain, y al menos 30 millones de pesos en lo que va de 2019.
El acuerdo estableció abonos en 10 mensualidades, además de un pago por 108.1 millones de pesos, producto de la venta de seis predios propiedad del Ayuntamiento de Tijuana.
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Así lo acordó la ex Oficial Mayor María de los Ángeles Olague Contreras, quien recientemente pidió licencia al registrarse como candidata a Síndico Procuradora, en la planilla que El Patas presentó ante su partido en busca de la reelección; también fueron parte del acuerdo Leonardo Martínez, actual Consejero Jurídico; y el Tesorero Municipal, Ricardo Chavarría, con la empresa demandante.
De manera contradictoria la propia Síndico Procuradora reconoció que, por involucrase en el acuerdo la desincorporación de bienes inmuebles propiedad de los tijuanenses, así como pagos que trascienden a la administración de El Patas, ya que el último abono se pactó entregar como fecha límite el 31 de octubre de 2019, “se tuvo que someter al Cabildo”.
La demanda de Mauricio Fernández Margain deriva del depósito de 1 millón de pesos que un privado hizo para la compra de una porción del polígono situado en medio del Bulevar Rosas Magallón, dónde se ubica la Comandancia Margarito Saldaña, deuda que reconoció Héctor Magaña, cuando fungía como Síndico Procurador del XIX Ayuntamiento que presidió Jorge Ramos. Las dos administraciones municipales subsecuentes no lo atendieron, derivándose en la sentencia de un juez en contra del Ayuntamiento.
A decir de Manuel Rodríguez Monárrez, regidor de Morena, se pudo recurrir a una jurisprudencia de juicio concluido para revertir la sentencia de un juez, sugerencia de la que el alcalde declaró abiertamente “me río de ella, porque no se tiene el documento de la resolución”.
Finalmente el dictamen se aprobó por mayoría calificada, con once votos a favor, los de la fracción panista, aval al que se sumaron los ediles independientes: Marco Antonio Romero Arizpe y Luis Torres Santillán.
A quienes votaron en contra o se abstuvieron, como fue el caso de los ediles del PRI, el alcalde les advirtió que habría de dar cuenta al juez de su negativa.
También se aprobó facultar al consejero jurídico, Leonardo Martínez, contrate un despacho externo para dar seguimiento al caso de Roma Food.
