Los límites al gasto para campañas políticas ya fueron establecidos por el Instituto Estatal Electoral (IEE). A los candidatos al gobierno del estado, se les permitirá ejercer 23 millones de pesos y fracción, a cada uno; cantidad que en opinión de investigadores será sobrepasada de manera desmedida. “Aunque fueran 40 millones, sería lo mismo, se iba a rebasar”, asumió el ex presidente del IFE Luis Carlos Ugalde
A decir de Luis Carlos Ugalde, quien de 2003 a 2007 fungió como presidente del Instituto Federal Electoral (hoy conocido con las siglas de INE por su carácter de nacional), el tope legal para gastos de campaña “nunca ha importado”; lo relevante para los partidos políticos y candidatos es que en el terreno de la contienda “van a requerir mucho dinero para ser competitivos”, lo cual significa “cientos de millones de pesos” que en su mayor parte provendrán de “fuentes ilegales”, pues lo que reciben como presupuesto público “es una parte muy pequeña”.
En entrevista con ZOOM POLÍTICO, el ex consejero del IFE advirtió que tal es el escenario que se avizora para las campañas políticas que en el rubro de gubernatura tendrán lugar a partir del 31 de marzo, en esta entidad. “Ese es el fenómeno que se ha visto en todos los estados del país en los últimos años, no hay razón para pensar que sea diferente en Baja California”.
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De acuerdo con un estudio elaborado por Luis Carlos Ugalde en coautoría con María Amparo Casar, titulado “Dinero Bajo la Mesa”, las campañas para el cargo de gobernador en promedio pueden costar “hasta diez veces más que el tope legal”, aproximación que ambos investigadores determinaron con base en “la literatura académica, el análisis de fuentes oficiales, investigaciones periodísticas y más de 60 entrevistas” realizadas “a una multiplicidad de actores involucrados en las dinámicas electorales”. De modo que bajo esa premisa, el presupuesto establecido por el Instituto Estatal Electoral ascendente a 23 millones 716 mil 649.86 pesos, podría elevarse a 237 millones 166 mil 498.6 pesos.
Ello no quiere decir que necesariamente sea el caso particular, “pero siendo Baja California una entidad con tanta actividad económica y con tanta importancia política es obvio y evidente que ese tope que establece la legislación local es totalmente irreal”, mencionó el entrevistado, para quien habida cuenta del “tamaño geográfico y el tamaño poblacional” de esta entidad fronteriza “esa cantidad es una referencia totalmente ilusoria”.
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Foto: Margariro Pérez/Cuartoscuro.com.- Luis Carlos Ugalde, coautor del estudio “Dinero bajo la mesa”.
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Ugalde manifestó que el estudio publicado en 2018, previo a las elecciones del 1 de julio y el cual se encuentra disponible en línea, demuestra que el flujo de dinero ilegal a las campañas políticas “es un fenómeno sistemático” que “va a seguir ocurriendo hasta que se ataquen las causas”. Agregó que concretamente en las entidades donde habrá de renovarse la gubernatura este 2019 (Baja California y Puebla), “vas a ver el mismo fenómeno” sin importar “que sea PRI, PAN, PRD o Morena” el instituto político involucrado en tales prácticas.
Según expuso, a juzgar por las conclusiones obtenidas durante la elaboración del informe, en el marco de los comicios de 2018 “el problema se agudizó, y causó básicamente el mismo fenómeno, pero en el caso de las elecciones de gobernador, magnificado”.
Tal como mencionó el doctor en ciencia política, con todo y la fiscalización que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral sobre el recurso que ingresa a las campañas políticas, así como sobre el gasto que en el contexto de éstas se ejerce, esa labor “permite ver una parte muy pequeña de la película y por lo tanto la mayor parte queda por debajo de la mesa”. En materia de egresos irregulares, expuso que “son gastos erogados en servicios que no se observan, como es el clientelismo electoral (beneficios de gobierno a cambio de votos), la movilización de votantes; luego entonces no hay evidencia, no hay rastro, no hay manera de medirlo”.
A su vez, el investigador del Colegio de la Frontera Norte Víctor Alejandro Espinoza Valle explicó que las campañas para la gubernatura dan lugar al financiamiento ilícito, toda vez que los largos periodos por los que se extienden las vuelven demasiado costosas (dentro del actual proceso electoral durarán dos meses, desde el 31 de marzo, en tanto que las concernientes a los cargos de munícipes y diputados, mes y medio, a partir del 14 de abril).
Lo que la autoridad electoral establece como topes de gastos “no alcanzaría” para solventarlas, mencionó en coincidencia con Luis Carlos Ugalde.
En opinión del director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colef, la canalización de “dinero sucio” a las campañas seguirá preponderando “mientras el financiamiento de los procesos electorales” sea 90% público y 10 % privado, “como es el caso México”. Añadió que en tanto que no sea “legal apoyar a equis candidato como sucede en Estados Unidos, donde el financiamiento básicamente es privado y los candidatos se mueven y se promocionan para obtener recursos ciudadanos, empresariales, etcétera”, persistirá el flujo de recursos no fiscalizables.
Por separado, ambos investigadores refirieron como formas indebidas de financiar candidaturas, las aportaciones de funcionarios realizadas como producto de desvío de recursos públicos y aquellas que provienen de particulares mediante maniobras como el lavado de dinero.
LOS MECANISMOS
Conforme al estudio Dinero Bajo la Mesa, elaborado por Luis Carlos Ugalde en su calidad de director general de Integralia Consultores y María Amparo Casar como presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, existen tres mecanismos de financiamiento irregular en el tema de los procesos electorales: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado, vertiente que no se contempló en la investigación.
Foto: Archivo.- Víctor Espinoza Valle, académico del COLEF.
Tratándose del desvío de recursos, hay diversas modalidades de materialización: recaudación en efectivo sin reporte de por medio a tesorería, facturas apócrifas por bienes o servicios inexistentes, adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas (a partir de las cuales se pueden inflar los precios o argumentar necesidad de más presupuesto), descuentos de nómina, utilización de programas sociales con fines electorales, pagos ilegales por permiso de construcción y ambulantaje y negociaciones con medios masivos para uso de publicidad gubernamental.
En lo concerniente a las aportaciones ilegales de particulares, para tales efectos los donantes suelen valerse de acciones como peculado, lavado de dinero, defraudación, evasión fiscal y simulación de operaciones por medio de empresas fantasma.
EXPECTATIVAS
Luis Carlos Ugalde también habló de las investigaciones en materia de conductas relacionadas con el flujo de recurso ilegal en los procesos electorales.
A su modo de ver, el hecho de que las indagaciones no suelan llegar a buen puerto tiene que ver con que existe “un problema de complicidad intrínseco en el sistema”, circunstancia que responde a que “el financiamiento de campañas va dejando un legado de compromisos pasados y futuros”.
Puso como ejemplo el caso de desvío de recursos desde la Secretaría de Hacienda al gobierno de Chihuahua para solventar las campañas del PRI durante la administración estatal de César Duarte (2010-2016).
Observó que a pesar de que el gobierno del estado encabezado por el actual mandatario panista Javier Corral actuó en consecuencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (entonces a cargo de Luis Videgaray, quien de 2012 a 2016 fungió como secretario de hacienda) no haya acelerado el proceso para extraditar a Duarte Jáquez, quien a la fecha se conduce como prófugo de la justicia.
En ese sentido, Luis Carlos Ugalde asumió que “una explicación muy probable es que se trata de un caso típico de complicidad del presidente de la república (Enrique Peña Nieto) y de su secretario de relaciones exteriores”, sobre quienes dijo que en ese contexto habrían sido “parte de la trama, porque claramente si ese dinero se desvió del gobierno federal al gobierno estatal pues fue con conocimiento del secretario de hacienda, quien después fue secretario de relaciones exteriores, y el presidente de la república”.
En cuanto al arribo de Morena al poder en el país, con Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo, Ugalde refirió: “Veremos si con este nuevo gobierno esa lógica (del financiamiento ilícito para campañas) se rompe, pero una vez más el mismo presidente de la república dijo que va a perdonar el pasado”, postura que a juicio del entrevistado puede obedecer a que, “(AMLO) tiene un corazón generoso” o “es parte de la misma complicidad que él envuelve con la idea del perdón”.
Confió en que al menos por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, pudiera hacerse frente a la situación, “porque ha sido alguien muy activo y es alguien que parece que quiere combatir los fenómenos de lavado de dinero, de defraudación fiscal, que están muy vinculados al tema de financiamiento ilegal de campañas”.
Nieto Castillo figura como uno de las 60 personas a quienes en el marco de la investigación “Dinero Bajo la Mesa”, se recurrió mediante entrevista para obtener el cálculo de cuánto se puede gastar demás en una campaña política.
Topes de gastos
Como cantidades máximas a ejercer por los candidatos durante el actual proceso electoral, el IEE estableció para quienes contiendan por las diputaciones en los 17 distritos locales de Baja California, 23 millones 716 mil 649.86 pesos, entre todos, cifra que se determinó con base en la multiplicación del valor unitario del voto (11.57617449 pesos) por el promedio entre la extensión de cada distrito, la densidad poblacional y “las condiciones de cada uno de los distritos”.
Tratándose de las alcaldías, el tope se estableció de acuerdo con la suma de los montos relativos a los distritos con cabecera en el municipio correspondiente: Mexicali, 7 millones 070 mil 900.06 pesos; Tijuana, 10 millones 999 mil 915.41 pesos; Tecate, un millón 693 mil 116.81 pesos; Rosarito, un millón 976 mil 358.79 pesos; Ensenada, un millón 976 mil 358.79 pesos.
Por lo que respecta a la gubernatura, la cifra equivale a la sumatoria de los montos distritales: 23 millones 716 mil 649.86 pesos.
