“No crean que ha sido el único gobierno de los panistas que solicita dinero, todos han pedido, pero antes eran comisiones del 10 por ciento, ahora quieren el 50 por ciento y hasta convertirse en socios como condición para asignarte una obra o proyecto”, relató un empresario tijuanense frente a editores de ZETA, en alusión a funcionarios de la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Comentario similar hizo un activista que para recibir dinero para la atención de programas y problemas sociales del Estado, aceptó que un funcionario se quedara con la mitad del cheque que le entregaron de recurso oficial.
Las irregularidades no acaban ahí, la administración estatal asignó obras que después se suspendieron porque no pagó. También, periódicamente retrasó los recursos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el pago a maestros y la compra de medicamentes. Y al final de 2018, por primera vez en la historia, el Gobierno de Baja California dejó de pagar sueldos de organismos autónomos.
En ese contexto no parece descabellado que algunos organismos como la UABC pudieran recurrir sin intermediarios al Gobierno Federal para buscar que los recursos que le asignan, les lleguen directo, sin que la administración estatal les meta mano.
Efectivamente, en medio de ese desaseo financiero, resulta más atractiva la política anunciada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que “los recursos federales lleguen directo a las familias y sin intermediario”, para evitar que el dinero termine en los bolsillos de gobernadores, alcaldes, diputados y regidores.
Con estas medidas pretenden evitar lo que está a punto de suceder en Baja California, donde a meses de finalizar el sexenio, tenemos empresarios exitosos, ahora más adinerados, que se han desempeñado como funcionarios funestos, generadores de crisis presupuestales, déficit financiero, incremento de deuda pública, responsables de desvíos, incapaces de una efectiva planeación financiera. Funcionarios que podrían quedar protegidos por otra de las políticas anunciadas por López Obrador, la de “perdón y olvido”.
De inicio, la estrategia “que los recursos lleguen directos”, puesta en marcha, tampoco ha tenido un inicio terso. Los gobernadores de partido diferente al Presidente, han argumentado centralismo, afectación a la autonomía, a la soberanía. Acusan que el presupuesto federal no considera las necesidades de los estados, ni la corresponsabilidad de la Federación en los problemas de “abasto de agua, movilidad, acceso a la salud y a educación de calidad”.
Esto porque al reestructurar el presupuesto, el Presidente de la Cuarta Transformación canceló programas que él y su gabinete encontraron y consideraron, se prestaron a “desvíos, ‘moches’ y manutención de aparatos burocráticos”, y reasignaron los dineros a programas controlados enteramente por la Federación.
Como el Fondo de Migralidad que canceló para los estados, pero asignó recursos para migrantes en las secretarías de Relaciones Exteriores y la del Bienestar.
O los cambios al Fondo Minero que en Chihuahua las autoridades usaban para invertir en infraestructura pública, y ahora se entregarán en microcréditos de 6 mil pesos para la ciudadanía, modificación que el gobernador Javier Corral y veinte alcaldes chihuahuenses consideran representa grandes afectaciones, razón por la cual el 13 de febrero, presentaron 21 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el tema de los recursos directos el jaloneo apenas empieza, se trata de encontrar un punto justo y medio en que los estados reciban los beneficios de los recursos que generan en impuestos. Que efectivamente el dinero llegue a la comunidad y se invierta en obra, sin que funcionarios ladrones sean beneficiados.
Pero también que el Gobierno Federal sea capaz de escuchar, de palpar las necesidades en los estados para que este combate a la corrupción no termine convertido en un centralismo controlador basado en un populismo clientelar que obstaculice el desarrollo económico, social y de infraestructura integral en las entidades federativas.
Ahora, si se considera que es una estrategia en construcción, frente a estados corruptos, vale la pena que las diversas instancias afectadas en los estados, los organismos autónomos, revisen y analicen la posibilidad de buscar recibir los recursos federales de manera directa.
Al final, en las circunstancias actuales hay poco que perder y mucho que explorar.
