La escena descrita a continuación pinta completo al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en Baja California. El protagonista es su mensajero principal. Un joven ahora adinerado pero de modestos orígenes. Primero fue su secretario privado y el enlace para llegar al gobernador y negociar. Después le dieron un rango más amplio de control, al hacerlo coordinador de gabinete estatal.
Se trata de Miguel Ángel Bujanda. El sábado 26 de enero, un día antes que cerrara la ampliación al registro de aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado por el Partido Acción Nacional, citó al único panista que se inscribió en tiempo y forma en esa justa electoral: Óscar Vega Marín. Fue en un restaurante de la Capital del Estado y al coordinador del gabinete le acompañaron los secretarios general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, y el de Desarrollo Social del Estado, Alfonso Álvarez Juan.
El objetivo de Bujanda y sus acompañantes era convencer a Vega Marín que se bajara de la contienda interna, para ellos inscribir al empresario y ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, Federico Díaz Gallego, quien había sido el único de seis ciudadanos ajenos al PAN en aceptar encabezar la candidatura a gobernador por ese partido en la elección del 1 de junio de 2019. De hecho su única condición es que se “sacrificaría” prácticamente para ser el candidato perdedor de la contienda, siempre y cuando Óscar Vega se saliera del proceso interno.
En la comida convocada por Bujanda, en ninguno de los tiempos gastronómicos lograron convencer a Vega de salirse del proceso al que democráticamente entró. Entonces en la sobremesa abundó el licor. Botellas de vino, alcohol fuerte para todos. Especialmente para los tres funcionarios de gobierno: el coordinador de gabinete -a quien le gustan los vinos caros-, Rueda y Álvarez. Pero ni borrachos convencieron a Vega Marín.
Al finalizar la tarde, después de horas de ingerir bebidas embriagantes y viendo que su esfuerzo era en vano, Miguel Ángel Bujanda se levantó de la mesa y anunció estoico su retirada justo cuando el mesero depositó la cuenta de lo consumido. Óscar Vega vio el monto, unos 17 mil pesos por bebidas y alimentos, y le dijo a Bujanda que por lo menos pagara, no sólo porque él había invitado a la comida, sino porque los comensales eran mayormente del Gobierno del Estado.
Entonces Bujanda, protegido y casi asociado del gobernador, le soltó la frase (palabras más, palabras menos): “Si no tienes para pagar esto, no tienes para pagar la campaña”.
Y de ahí pasaron a las amenazas por parte de los tres funcionarios de “Kiko” Vega hacia Óscar Vega Marín. Harían todo lo que estuviera de su parte para que perdiera. Al final, el único registrado en el PAN, tuvo que pagar los 17 mil pesos que se zamparon los funcionarios.
Este trío de kikistas son quienes personifican al gobernador en negociaciones políticas, económicas, financieras, electorales, partidistas y demás. Los tres actúan como su líder y en representación de él. El tono amenazante de la comida en cuestión es el que han utilizado con otros candidatos a presidencias municipales. Se niegan a apoyarlos si no les conceden espacios, candidaturas y lealtad. Han prometido, junto a Loreto Quintero, negar el apoyo (de hecho ilegal) del Gobierno del Estado a los candidatos del PAN que no son de su grupo o no acatan sus demandas políticas.
Señalados junto al titular del Ejecutivo estatal por grupos de la sociedad civil, resistencias, abogados, representantes ciudadanos, consejos ciudadanos e investigadores sociales como corruptos, los funcionarios y “Kiko” se quedaron solos. Mejor dicho, los dejaron solos.
Ninguno de los ciudadanos buscados y consultados por Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN, para convencerlos de encabezar la candidatura a gobernador del Estado por Acción Nacional, aceptó. En gran medida porque anticipan una derrota, y eso lo hacen basados en el desprestigio del Gobierno del Estado que titula Francisco Vega, debido a su mala administración que ha dejado a miles de trabajadores sin pago de sueldos y aguinaldos, y a muchas instituciones sin recursos para su operación, porque los dineros estatales, con la venia del Congreso del Estado, los utilizaron en otro tema y no para el que estaban etiquetados.
Efectivamente, a saber, fueron cinco ciudadanos los que dijeron no a la candidatura al Gobierno del Estado por el PAN. Según cuentan, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, fue el primero en decir no. A pesar que estuvieron muy avanzadas las negociaciones con Juan Manuel Hernández Niebla, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado al final también les dijo que no. Otro que les rechazó el encargo político fue el ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Felipe Cuamea, igual que el empresario Mario García Franco.
Vega de Lamadrid logró lo que ningún panista en 30 años en Baja California: que la candidatura a gobernador por ese partido dejara de ser atractiva. El desprestigio que impera entre quienes encabezan el gobierno y sus distintas áreas ha llegado hasta el partido que ha gobernado Baja California durante ese periodo de tiempo.
Si al escenario de corrupción, de concesiones a modo, Asociaciones Público Privadas ventajosas, endeudamiento del Estado por los siguientes 37 años, la irresponsabilidad de dejar sin sueldo a miles de trabajadores del Estado y otras instituciones en Baja California y un adeudo histórico de más de 950 millones de pesos a la UABC, se suma la derrota del PAN nacional el 1 de julio de 2018 y el arrastre de Movimiento Regeneración Nacional en prácticamente todo el país, el futuro del albiazul en la entidad no se ve halagador.
En 30 años, la probabilidad de que el PAN pierda la gubernatura de Baja California es más tangible gracias a Francisco Vega de Lamadrid. Él y su gobierno han conseguido lo que la oposición no pudo.
