En México se lava dinero de actividades
ilícitas por entre 20 y 30 millones de
dólares anuales, lo que mantiene el
combate a ese flagelo como prioridad del
nuevo gobierno nacional. Las
investigaciones se centrarán más en los
delitos derivados de la corrupción, que
del narcotráfico. Casos de rezago en las
pesquisas y escasas condenas por
blanqueo de capitales mantienen al país
con baja calificación ante el Grupo de
Acción Financiera (GAFI). Aún se investiga
a empresarios y compañías vinculados con
los narcotraficantes Rafael Caro Quintero
y Juan José Esparragoza desde 1985
Aunque la “guerra contra el narcotráfico” terminó, según anunció el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora su lucha contra la delincuencia la enfrentará con el combate a la corrupción y el lavado de dinero, en la que se involucran personajes de la política, narcotraficantes, sus familiares y empresarios.
De esa forma, el gobierno mexicano inició su sexenio con dos denuncias por lavado de dinero. La primera, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra una red de blanqueo de capitales formada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La segunda, por el robo y reventa de combustible, pesquisa en la que hasta el momento se involucra a más de 200 sujetos relacionados con actividades financieras e irregularidades fiscales.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que el combate al lavado de dinero será prioridad, por lo que será una obligación política promover el entendimiento y voluntad de los tres niveles de gobierno en la misión de pacificar al país. Aunque la primera tarea, poner orden en todos los cuerpos de seguridad federal, seguramente llevará su tiempo.
El tamaño de las operaciones con recursos de procedencia ilícita o dudosa en México es de entre 20 y 30 millones de dólares anuales, de acuerdo con Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, quien ha expresado que el fenómeno está estrechamente vinculado con el abuso de poder, asociado con la corrupción en los entes públicos y delitos como la evasión fiscal.
El reto de atacar al lavado de dinero ilegal para las nuevas autoridades es muy elevado, tomando en cuenta que para su primer año de ejercicio, a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le fue reducido el presupuesto en un 19.2 por ciento respecto al año inmediato anterior. Aun así, se destinaron 176 millones 560 mil pesos para realizar su trabajo.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, ha afirmado que este detalle no afectará la operatividad de la dependencia, pues los objetivos siguen siendo los mismos, sólo tendrá que ser más eficiente para obtener mejores resultados. México deberá luchar primero contra el estigma de que su efectividad es extremadamente baja, calificada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en términos de cantidad de investigaciones iniciadas, acciones penales promovidas y escasas condenas obtenidas en tribunales.
A la fecha existe rezago en averiguaciones previas y carpetas de investigación por denuncias de años pasados, incluso se investiga a personas físicas y morales que anteriormente habían sido investigados o procesados por su relación con estructuras criminales que han infiltrado el sistema financiero nacional.
Pendientes del sexenio de Enrique Peña Nieto, existen tres investigaciones emblemáticas, independientemente de las que relacionan a políticos y ex gobernadores que son enjuiciados por su relación con el desvío y lavado de activos del erario público. Se trata de los empresarios Javier y Eduardo “N”, quienes ya estuvieron detenidos en la década de los ochenta por sus vínculos con el Cártel de Guadalajara; las compañías de blanqueo del CJNG en la persona de la hija del líder del grupo criminal; y la red internacional en Coahuila que, además de lavar dinero, practicaba fraude fiscal.
LOS MISMOS NOMBRES
Los hermanos Javier y Eduardo “N” estuvieron presos entre mediados y finales de los años ochenta porque se les ligó como prestanombres del narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara. También, de haber facilitado la huida del país del fugitivo a bordo de una aeronave de su propiedad. Luego de su paso por prisión, los empresarios del ramo automotriz fueron exonerados.
Sin embargo, hoy en día son nuevamente investigados por lavado de dinero y su presunta relación con el mismo grupo criminal encarnado por personajes cercanos al capo sinaloense y la organización del desaparecido Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, motivo por el cual la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la FGR les aseguró inmuebles y bloqueó sus cuentas bancarias.
La UIF formuló denuncia ante el Ministerio Público de la Federación en 2016 en contra de los indiciados, a quienes identificó como accionistas de compañías distribuidoras de automotores en Guadalajara, Jalisco, que desde 2002 hasta el año de la denuncia, “han utilizado el sistema financiero mexicano, de forma irregular para hacer movimientos de activos, los cuales se consideran de procedencia ilícita, de lo cual se acumula que durante los ejercicios de 2009 a 2015 se realizaron deducciones que superan los ingresos acumulables para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta”.
Por dichos señalamientos, el 22 de febrero de 2017 un fiscal adscrito a la UEIORPIFAM ordenó el aseguramiento de bienes de ambos negociantes y solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la inmovilización de cuentas bancarias en los bancos Bansí, Santander, Del Bajío, BBV Bancomer y HSBC, a nombre de los investigados. También fueron incluidos sus nombres en la lista de Personas Bloqueadas de la SHCP.
Uno de los datos de prueba en la investigación hace referencia a que Eduardo “N” tuvo movimientos en su cuenta bancaria por más de 4 millones 587 mil pesos entre 2006 y 2015, interactuando con otros indiciados vinculados a empresas bloqueadas por la Oficina de Control del Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, al considerar que son organizaciones de lavado de dinero con sede en “La Perla Tapatía”.
Por lo anterior, la autoridad ministerial estimó que los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias aseguradas son producto e instrumento de alguna actividad ilícita, “ya que existen indicios suficientes que los indiciados han utilizado de forma irregular el sistema financiero mexicano, y no han acreditado su legítima procedencia de los mismos”. Además, se estima que dichas cuentas sirvieron para transferir, captar, retirar y almacenar moneda nacional y extranjera, haciendo mal uso de estos instrumentos bancarios.
Javier y Eduardo han promovido diversos juicios de amparo, tanto para no ser aprehendidos, como para que sus bienes asegurados e inmovilizados sean desbloqueados por la FGR, la UIF y la CNBV. Autoridades judiciales les han otorgado la protección constitucional para que el Ministerio Público Federal justifique pormenorizada y jurídicamente la motivación de las órdenes de aseguramiento.
PIFIAS MINISTERIALES
Aunque no se puede asegurar que el gobierno de Enrique Peña Nieto no combatió al CJNG, se puede concluir que la lucha fue ineficaz e ineficiente, pues muchos de los líderes que fueron detenidos recuperaron su libertad o consiguieron la anulación de órdenes de aprehensión. En la parte del combate al lavado de dinero de dicha organización criminal, los resultados tampoco fueron favorables.
Primero salió de prisión al pagar una millonaria fianza Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, la hija de ambos, Jessica Johanna, obtiene un amparo que deja sin efecto la orden de captura dictada el 23 de mayo de 2018 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
Rafael Caro Quintero. – Nemesio Oseguera, “El Mencho”. -Rosalinda Gonzalez Valencia.
La hija del “Mencho” es acusada por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, a decir del magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el Ministerio Público de la Federación cae en inconsistencias durante la investigación, lo que hace dudar de la presunta responsabilidad de la joven empresaria en las ramas restaurantera y de publicidad. En 2015 y 2017, jueces del sistema de justicia tradicional y del acusatorio, ya habían negado el mandamiento de captura por las mismas imputaciones.
En la última denuncia -por los mismos hechos- formulada el 3 de mayo de 2018 por el coordinador jurídico del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se señaló la existencia de dos sociedades mercantiles de las que Jessica Johanna es accionista y que presuntamente fungen como operadoras financieras para el CJNG. También se hizo alusión a que dichas empresas están anotadas en el listado de la OFAC como lavadoras de dinero ilícito y que la mujer es hija del líder del conglomerado delictivo.
En informes de investigación criminal se adjuntaron conversaciones telefónicas de dos líneas diferentes en las que presuntamente habla la indiciada, se efectuaron cateos a las empresas, análisis contable de las mismas y se aseguraron cuentas bancarias y otros bienes. La UIF denunció que no se localizaron declaraciones de impuestos de Jessica que justifiquen sus ingresos en cuentas bancarias. Por lo que se refiere a las empresas, una declaró en ceros por los periodos 2015 y 2016, mientras la otra lo hizo por 122 mil 600 pesos por los mismos ejercicios fiscales, elementos que sirvieron al fiscal para ejercitar la acción penal y solicitar la orden de aprehensión contra Jessica.
Al promover el juicio de amparo, la joven hizo notar las contradicciones, pues mientras la UIF destaca que no existen declaraciones de la imputada, expertos de la UEIORPIFAM -de la ex PGR- señalan que “sí realicé declaraciones, e incluso, refieren expresamente que la suscrita “presentó declaraciones anuales por los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015, acumulando ingresos por la cantidad de seis millones ocho mil 990 pesos y préstamos recibidos por la cantidad de cuatro millones 581 mil 306 pesos”.
La quejosa también advirtió que es ilógico que si una de las empresas, de corte rural, no realizó ninguna operación con recursos monetarios, no tuvo ingresos y se declaró en cero durante dos años, haya lavado dinero. Sobre el hecho de que Nemesio Oseguera Cervantes “supuestamente es mi padre” y Abigael González Valencia “según él, es mi tío”, Jessica Johanna argumentó que esos hechos no la inculpan como operadora financiera encargada de lavar los recursos obtenidos por el grupo criminal CJNG. Tampoco que Estados Unidos la incluyera en una lista.
El Ministerio Público Federal tampoco acredita que los fragmentos de conversaciones relevantes que resultaron de la intervención de dos líneas telefónicas de las que estimó, se desprenden conductas al parecer ilícitas, correspondan a la voz de la imputada, pues no existe constancia de peritaje alguno al respecto.
RED FAMILIAR INTERNACIONAL
Si la de “Los Cuinis” es considerada una organización familiar con actividades criminales altamente redituables, otro clan que ha llegado a otras partes del mundo como presuntos narcotraficantes, lavadores de dinero y defraudadores fiscales, es el de Salomón “N”, textileros y políticos del norte del país e investigados desde inicios de la década por la FGR.
A la fecha están señaladas por lo menos doce empresas detectadas -y en algunos casos aseguradas-, diversas cuentas bancarias en México y Estados Unidos, además de que varios de los presuntos miembros de la organización delictiva cuentan con órdenes de aprehensión en el país y de detención provisional con fines de extradición; por los cuales existe una ficha roja por parte de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.
Una denuncia anónima puso en alerta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el 1 de diciembre de 2010. El mensaje decía: “Quiero denunciar a una organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de droga, la cual opera recursos utilizando empresas mediante las cuales simulan exportaciones de puertas de madera y mezclilla a empresas ubicadas en los Estados Unidos de América y a otras que se encuentran en toda la República, pero en realidad lo que trafican es droga y armas”.
El señalamiento destacó que el grupo empresarial defraudaba al fisco al documentar operaciones con facturas y registros contables falsos, con lo que posteriormente solicitaban a Hacienda la devolución indebida de impuestos. Se dieron a conocer los nombres de los miembros de familiares de Salomón “N” padre y Salomón “N” hijo, quienes según la denuncia, gozaban de influencia social y política.
El anónimo agregó que los imputados “tienen puestos en la política, lo cual aprovechan para pasar desapercibidos y así construir empresas, adquirir inmuebles súper lujosos, aeronaves, vehículos de último modelo e inflar sus cuentas”.
Casi un año tardó la autoridad ministerial en actuar en consecuencia, iniciando la averiguación previa el 1 de noviembre de 2011 en contra de socios, administradores únicos, representantes legales, accionistas y autorizados bancarios de las empresas señaladas. Los delitos imputados son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De las acciones realizadas por fiscales y por la UIF, se intervino a las empresas y se obtuvieron datos de sus actividades comerciales, cuentas bancarias nacionales y en los bancos extranjeros Wells Fargo y American National Bank; asimismo, se efectuaron cateos y aseguramientos al considerar que un grupo de aproximadamente 40 personas físicas y morales investigadas adquirían y transferían los recursos producto de devoluciones obtenidas indebidamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la finalidad de ocultar su origen e impedir su localización y destino.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió a una de las empresas 234 millones 159 mil 872 pesos de IVA correspondiente al periodo mayo a diciembre de 2008; 158 millones 374 mil 859 por el mismo motivo a otra compañía por el periodo marzo a diciembre de 2008; 29 millones 382 mil 727 pesos de IVA a una persona moral por el periodo de enero a marzo de 2009; y 19 millones 420 mil 451 pesos de IVA a una empresa más, correspondiente al periodo enero-marzo de 2009. Las investigaciones por narcotráfico no prosperaron.
El 16 de junio de 2015, el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la UEIORPIFAM ejercitó acción penal en contra de los implicados, obteniendo un día después las órdenes de aprehensión dictadas por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, por los delitos antes reseñados.
En el caso de lavado de dinero se hizo hincapié en la modalidad de “adquirir y transferir recursos dentro del territorio nacional y de éste hacia el extranjero y a la inversa (del extranjero a territorio nacional), con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, como lo es la defraudación fiscal, con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen localización, destino y propiedad de dichos recursos”.
Los mandamientos de captura están pendientes de cumplimentar, por lo que desde el 8 de abril de 2016, la Interpol cuenta en su base de datos con la ficha roja con alerta migratoria en contra de Salomón “N”.
Recientemente, el 3 de enero de 2019, la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México negó un amparo al empresario, quien pretendía la cancelación de la ficha que le impide transitar por diversos países sin ser detenido.
