El no contar con una figura jurídica, no saber cuántos migrantes serán retornados a Tijuana, quién se hará cargo de ellos, de qué manera se les va a apoyar y cuánto durarán los procesos de asilo, son algunas de las circunstancias que han generado incertidumbre tanto a organizaciones civiles como a la propia ciudadanía y autoridades migratorias mexicanas. Razones por las cuales piden que se aclare toda la situación. Mientras tanto, el Gobierno de México responde que se atiende el hecho por razones migratorias, mientras que el Municipio asegura que no se hará cargo de los migrantes
Marlon Ariel Méndez Orellana salió de su natal Honduras en octubre de 2018, debido a la “incontrolable” ola de violencia que impera en su país, provocada principalmente por el crimen organizado, la Mara Salvatrucha y la represión allegada desde la dirigencia de Juan Orlando Hernández, presidente de aquel país centroamericano.
Cuando viajaba hacia Tecún Umán, El Salvador, fue víctima de lo que llama un “casi secuestro” dentro del tráiler en el que iba a bordo con uno de sus amigos, con quien emprendió el viaje, pero lograron escapar y posteriormente se internaron a Tapachula, Chiapas.
En noviembre arribaron juntos a Tijuana como parte de la caravana migrante, pero a los pocos días su amigo regresó a Honduras y él se quedó solo esperando cumplir su sueño de que le otorguen asilo político en Estados Unidos.
Foto: Cortesía.- Marlon Ariel Méndez Orellana migrante retornado.
En esta ciudad fronteriza esperó varios días para que le tocara su turno y, cuando por fin llegó el momento, presentó su caso ante los agentes de migración estadounidenses y posteriormente fue detenido; duró nueve días en territorio norteamericano y, el 29 de enero, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) como parte del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que el gobierno de Estados Unidos instrumentó de forma “unilateral” y que se detalla en la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual obliga a los solicitantes de asilo que entren por la frontera sur de ese país a esperar su proceso de asilo en territorio mexicano.
Marlon es uno de los once migrantes centroamericanos que hasta el miércoles 30 de enero habían sido “devueltos” para llevar de la misma forma sus procesos de asilo pero desde este lado de la frontera. Situación que ha puesto en alerta tanto a las autoridades migratorias mexicanas,
Cierran “El Barretal” de forma definitiva
El martes 29 de enero fue cerrado de forma definitiva el albergue temporal “El Barretal”, luego de que el gran grueso de la población migrante salió del mismo por razones de que se fueron a pedir asilo, se brincaron el muro fronterizo, se quedaron a trabajar y se acomodaron en casas en renta o pidieron sus retornos asistidos.
Rodulfo Figueroa Pacheco, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, informó que hasta el día del cierre solamente había 80 personas, lo cual era muy mínimo para mantenerlos en un espacio tan grande como ese, por lo que fueron canalizados a otros albergues cristianos.
De acuerdo con información proporcionada por el INM central, el albergue permaneció abierto durante 60 días y se brindó refugio a más de 4 mil 500 migrantes centroamericanos.
También se detalló que el costo que ahí se generó fue de 620 pesos por día por cada migrante, recurso en su mayoría fue aportado por el Gobierno de México, aunque también con contribuciones del Estado y el Municipio.
A propósito de la llegada de una nueva caravana a Tijuana, Figueroa Pacheco destacó que no se tiene contemplado un plan de acción concreto como reabrir “El Barretal”, debido a que están esperando que las autoridades centrales determinen exactamente el protocolo a cubrir, más allá de lo que ya saben que deben hacer.
activistas y la propia ciudadanía, quienes ven una forma del gobierno estadounidense de deslindarse de una responsabilidad y achacársela a su homólogo mexicano, sobre todo considerando que estos procesos suelen durar entre seis y doce meses.
PREOCUPAN DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES
José Luis Pérez Canchola, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y ex procurador de Derechos Humanos en Baja California, señaló que es sabido que en Estados Unidos hay un rezago “importante” de alrededor de 8 mil expedientes de asilo abiertos para ingresar al país vecino, lo que generará que cualquier persona o familia que regrese a Tijuana será para esperar seis meses o hasta un año en que se resuelva su situación.
Foto: Jorge Dueñes.- Por segunda ocasión autoridades migratorias de EU cerraron la garita de otay para realizar un simulacro de seguridad, esto desde la llegada de la caravana migrante a Tijuana.
Escenario que “no va a ser sencillo” de resolver para las autoridades mexicanas, sobre todo por el hecho de que los activistas aún dudan sobre quién se hará cargo de la manutención de los migrantes, razón por la cual surge la preocupación del respeto a los derechos humanos de los mismos.
La propuesta general que los defensores de derechos humanos han hecho es que el Gobierno de México se haga cargo de este asunto, admitiendo visas de trabajo y de cuidar especialmente a niñas, niños y adolescentes porque se sabe que “hay problemas de trata, de desaparición de menores”.
Algo que también comparte Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos en San Diego, sobre todo ante la incertidumbre de que no saben qué respaldo legal existe para los migrantes, aunado a que en un principio se dijo que serían máximo veinte personas las que estarían devolviendo cada ocasión, pero “no es claro” que así será, si todas serán por la parte de Tijuana y cuánto van a durar en resolver a cada una su situación
“Otra cosa es que en México, en el INM dicen que es una acción ‘unilateral’ del gobierno de Estados Unidos, pero los estadunidenses dicen que es evidente que hay comunicación y colaboración entre ambos países, lo que genera que todavía existan muchas preguntas sin respuestas, razón por la cual la situación está bastante complicada para los migrantes que sean retornados”, dijo.
“UNA POLÍTICA DE ODIO”
En el caso de organizaciones como Coalición Pro Defensa del Migrante en Tijuana y San Diego Immigrant Rights Consortium, rechazaron “tajantemente” esta política migratoria impulsada por el Presidente Donald Trump, al considerarla una “política de odio” que pone “en peligro la vida de las personas vulnerables”.
Al igual que la organización Pueblos sin Fronteras, señalaron que va en contra de las leyes internacionales de asilo que han sido “abrazadas y respetadas” por ambos países durante décadas, ya que las personas que buscan asilo “no son una amenaza”, por lo que pidieron a las autoridades norteamericanas considerar los impactos negativos que esta política podría tener en los albergues “sobrepoblados y sobresaturados” de Tijuana.
Ambas organizaciones hicieron extensiva la petición de abandonar esta práctica que no significa más que “un paso más hacia la prohibición de refugiadas y refugiados de Estados Unidos y hacia la conversión de todo México en una policía migratoria para el gobierno estadounidense”.
Ello considerando el hecho de que el Gobierno de México resulta “cómplice” en esta “violación” a los derechos humanos al aceptar que se le entreguen solicitantes de asilo, los cuales huyeron de sus países a través de ese país para refugiarse en EU.
Foto: Manuel Ayala.- Carlos Gómez Perdomo, originario de Honduras, el primer migrante retornado por E.U.
“El nuevo Gobierno de México, al aceptar el plan de Trump, está ejecutando una política de tercer país seguro sin reconocerlo y permite una violación incluso más profunda de la soberanía mexicana”, mencionaron integrantes de Pueblos sin Fronteras mediante un comunicado.
MÉXICO RECIBE MIGRANTES “DEVUELTOS” DE EU POR RAZONES HUMANITARIAS
Ante la incertidumbre que se ha compartido entre la ciudadanía y los propios activistas, Rodulfo Figueroa Pacheco, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, compartió que el Gobierno de México, a través de la instancia que representa, estará recibiendo a los migrantes “devueltos” por razones meramente humanitarias.
Confirmó que si bien se trata de una situación “compleja”, cada día estarán recibiendo personas que cuenten con su condición de estancia en México, por el momento solamente por la Garita El Chaparral, aunque recalcó que el número de personas retornadas dependerá de lo que decida el gobierno estadounidense.
El funcionario federal reiteró que es una medida “unilateral” que no comparten, pero la atienden porque así se decidió en el gobierno central federal y tratarán de hacerlo de forma ordenada, para ello Grupo BETA estará coadyuvando en canalizar a los migrantes a los distintos albergues, si así lo requieren.
A propósito de qué autoridad se hará cargo de los migrantes, el secretario general del Ayuntamiento, Leopoldo Guerrero Díaz, aclaró que el Municipio no asumirá la responsabilidad, dado que se trata de una situación que corresponde al Gobierno de México.
Como administración, ayudarán y estarán “al pendiente”, pero no asumirán “la responsabilidad” que ello implica, a menos que la Federación les designe un recurso especial para poder atender y brindarle asistencia a la población retornada a este territorio.
NO SE DEBE DESCUIDAR A MIGRANTES
Pese a que varios titulares de esos albergues han manifestado que no recibirán a los migrantes porque su opción es dar asilo a los que están en tránsito, son deportados o porque ya están llenos, el activista Pérez Canchola refirió que “sería una tortura” si se les abandona, por lo que se requiere de una coordinación entre los tres niveles de gobierno.
“En Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos, así que en términos poblacionales no nos contrae ningún problema, pero se debe prestar atención en el derecho de estas personas a refugiarse, porque están desprotegidos por sus propios gobiernos, la gente de Honduras, por ejemplo, vienen por la violencia, más que por el empleo”, manifestó. Mientras eso sucede, los migrantes que han sido “devueltos” a México, como Marlon Ariel Méndez Orellana y Carlos Gómez Perdomo, también hondureño y quien fue el primero en ser devuelto a Tijuana como parte de este proceso, coincidieron en que buscarán trabajar y vivir de manera tranquila en la ciudad para esperar las fechas en que tendrán que presentarse nuevamente ante las autoridades migratorias
