Ocho años después del homicidio del transportista, los cuatro acusados fueron absueltos y liberados el miércoles 24 de enero de 2019. PGJE apelará la sentencia de la jueza Martha Flores Trejo. Hay dos órdenes de aprehensión por cumplimentar
Impune ha quedado el homicidio del regidor y empresario transportista Arturo Castellanos Ruiz, ocurrido el 6 de febrero de 2011, tras la sentencia del Juzgado Único Penal a cargo de Martha Flores Trejo, quien absolvió y liberó a los cuatro acusados del crimen.
A unos días de cumplirse ocho años del asesinato, el miércoles 24 de enero de 2019 se dictó la sentencia de la causa penal 161/2017, instruida contra Noé Javier Armenta Beltrán “El Tanga” o “El Grande”, Martín Rochín Armenta, Saúl Camargo Avendaño y Medardo Meléndrez Armenta y/o Jesús Jiménez Rivera.
Los cuatro “no son penalmente responsables del delito de homicidio calificado (…) por lo que se les absuelve de la acusación (…) por lo que se decreta su inmediata y absoluta libertad”, consta en la cédula de notificación “fijada en la puerta” del domicilio de la esposa del regidor el jueves 24 de enero a las dos de la tarde.
La defensa presentó un parte informativo de la Policía Municipal en la delegación Puertecitos, en el cual se afirma que “El Tanga” se encontraba detenido por una falta administrativa en esa demarcación el día que se perpetró el asesinato.
El resto de las declaraciones y todo el trabajo de servicios periciales que en su momento fue presentado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no fueron tomados en cuenta, derivando también la liberación de los otros tres acusados.
El lunes 28 de enero, la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva fue cuestionada sobre las razones esgrimidas por el Juzgado para absolver y liberar a los cuatros detenidos. Acerca del parte informativo; respondió que “los detalles no los puedo manifestar aquí, está haciéndose precisamente ahorita el análisis de los agravios, pero todos esos detalles se revisarán en su momento en la segunda instancia”.
Uno de los voceros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal comentó que el tema es de índole judicial, por lo que no corresponde a la corporación preventiva emitir declaración al respecto.
Abogados consultados por ZETA coinciden en tres cuestiones: la capacidad de la PGJE para dar seguimiento a un caso, la estrategia de la defensa y la posible corrupción del Juzgado.
SI ELLOS NO FUERON, ¿QUIÉN MATÓ AL REGIDOR?
Tras participar como ponente ante el Grupo Madrugadores, la procuradora Perla del Socorro Ibarra reconoció que hay dos órdenes de aprehensión por cumplimentar, a las cuales se está dando seguimiento.
Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora del estado
“Si los dos prófugos son capturados, es muy probable que obtengan su libertad porque seguramente su implicación deriva de los testimonios de Armenta Beltrán, quien el día del homicidio supuestamente estaba detenido en Puertecitos, con lo que se cayó el caso, reflexionó un abogado a este Semanario.
Al haber una sentencia a favor de los cuatro acusados, el asunto debe retornar a investigación, “ya que si la verdad legal indica que no fueron los homicidas del regidor, la pregunta es ¿quién lo mató?”, agregó.
Sobre la versión de los familiares que tienen miedo y se sienten intranquilos tras la liberación de los acusados, la procuradora negó tener alguna manifestación en ese sentido, aunque si ello surgiera, la PGJE está abierta y atenta.
“Si ellos se sienten inseguros o han recibido algún tipo de amenaza, lo importante es que se acerquen con nosotros”, reiteró.
ZETA buscó a los familiares del regidor para un encuentro periodístico, pero hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.
APELA PGJE; “NO ESTAMOS DE ACUERDO”: PROCURADORA
La tarde del miércoles 30 de enero, la PGJE reveló que ya se había presentado la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Definitivamente no estamos de acuerdo con la determinación en el sentido que se realizó, el Ministerio Público va a presentar apelación, a fin de que sea revisada por el Poder Judicial”, declaró dos días antes la procuradora general de Justicia del Estado de Baja California.
Insistió en que los detalles por los que la jueza Martha Flores Trejo decidió absolver a los responsables del crimen del regidor Castellanos, están siendo analizados por el Ministerio Público para manifestar los motivos de agravio.
El proceso a seguir, detalló, es apelar, “el asunto se va a segunda instancia y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado se designa para su análisis una sala de las tres existentes, posteriormente se señalarán día y hora para celebrar audiencia; enseguida pasará al magistrado ponente y vendrá la resolución colegiada, lo cual puede ocurrir dentro de uno o dos meses”, estimó la funcionaria.
Otro de los abogados particulares abordados por este Semanario, indicó que de no quedar conforme con el fallo del tribunal, el Ministerio Público puede interponer un amparo indirecto ante un juez de Distrito.
El viernes 25 de enero, un día después que ZETA diera a conocer la absolución y liberación de los cuatro acusados, la PGJE difundió un comunicado para notificar de la apelación de sentencia.
La declaración se le atribuyó al nuevo subprocurador, Cristian Colosio Lule, quien recién llegado al cargo, enfrenta este asunto.
Según el funcionario, la resolución se analiza a detalle para acreditar en la segunda instancia la acusación que la PGJE hizo contra Noé Javier Armenta Beltrán, Martín Rochín Armenta, Saúl Camargo Avendaño y Medardo Meléndrez Armenta, por el delito de homicidio calificado.
Corresponderá al Tribunal Superior de Justicia del Estado resolver en cuanto al recurso de “inconformidad” pertinente y, con base en la Ley de Víctimas, la familia del occiso también puede promover un amparo en contra de la resolución de la juzgadora para revocar la sentencia y que los cuatro indiciados sean reaprehendidos.
Martha Flores y Jesús Reynoso, a audiencia por impugnación
Bajo el Número Único de Caso 01-2017-18481, a las once de la mañana del miércoles 6 de febrero, se realizará una audiencia para resolver un recurso de impugnación, tema en el que están relacionados los jueces Martha Flores Trejo y Jesús Reynoso González, mixto de San Quintín.
Se trata del asunto PRE 00116/2018 promovido por una mujer de San Quintín. La audiencia se celebrará en la Sala Dos, a cargo de José Luis Castañeda, como consta en el calendario de audiencias del Poder Judicial, disponible en su página de internet.
Abogados que conocen del caso refirieron que Verónica fue víctima de un delito, denunció y el Ministerio Público halló responsable a una persona, la consignó al Juzgado Penal en San Quintín, donde hace alrededor de tres años Martha Flores estaba al frente.
Por su relación con el presunto responsable, Flores Trejo prefirió no conocer el caso y se lo heredó al juez Reynoso, quien la suplió en lo que se convirtió en el Juzgado Mixto de San Quintín con la entrada del Sistema de Justicia Penal Oral.
Reynoso también guardaba relación con el acusado, por lo que envió el caso a Ensenada, donde cayó en el Juzgado Único, a cargo de Martha Flores, quien de nueva cuenta se excusó y al final, presuntamente el delito prescribió.
Con lo anterior se retrasó el acceso a la justicia en agravio de la víctima, por lo que en su momento el juez Castañeda podrá imputar a sus colegas.
CASO RENÉ VILLA
El más reciente homicidio de un político local ocurrió el 28 de diciembre de 2018. Se trató de René Villa Martínez, subdirector comercial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.
De acuerdo con la procuradora Perla del Socorro Ibarra, la investigación sigue y espera tener resultados positivos, encontrar al responsable y someterlo a procedimiento.
DETENIDOS Y LIBERADOS
El regidor priista Arturo Castellanos Ruiz, socio de la cooperativa Rojo y Blanco, fue asesinado a tiros el 6 de febrero de 2011 al salir del table dance Los Mostachones en Avenida Cortés.
Noé Javier Armenta Beltrán “El Tanga” y/o “El Grande” fue detenido el 30 de agosto de 2012 en Estación Bamoa, Sinaloa. Al momento de su captura, se le señalaba como miembro del Cártel de Sinaloa. Fue acusado por la PGJE como uno de los agresores materiales contra Castellanos.
Para detener a “El Tanga”, el entonces procurador de Justicia en Baja California, Rommel Moreno, informó haber desplegado 40 policías ministeriales de Sinaloa, 30 elementos del Ejército Mexicano, dos helicópteros y tres vehículos blindados, además de peinar nueve domicilios en Guasave.
Saúl Camargo Avendaño, originario de Guasave, Sinaloa, fue detenido el 20 de diciembre de 2012 en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina. Se le acusó de manejar uno de los dos vehículos usados en el asesinato del regidor y haber ayudado al resto de los sicarios a escapar de Ensenada con rumbo a Mexicali y de ahí a Sinaloa. Fue chofer de Rojo y Blanco.
Martín Rochín Armenta, ubicado como autor intelectual y asegurado en Colima el 24 de diciembre de 2013 durante un retén, fue señalado de proveer armas, vehículos y alojamiento a los homicidas. También ex chofer de Rojo y Blanco, posteriormente socio, es nativo de Mazatlán, Sinaloa.
Medardo Meléndrez Armenta, acusado de ser el autor intelectual, fue detenido en marzo de 2018 en Hermosillo Sonora, donde trabajaba como empleado de una empresa de limpieza bajo el nombre de Jesús Jiménez Rivera. Según una investigación del Ministerio Público, pagó 200 mil pesos por matar al ex dirigente transportista, con quien mantenía una pelea intestina por el control de la cooperativa Rojo y Blanco.
