A los colaboradores del alcalde Marco Novelo les pareció buena idea organizar una rueda de prensa para dar a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al Ayuntamiento de Ensenada, la suspensión sobre las retenciones de participaciones estatales que mes con mes le hace el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali). Novelo y su director jurídico, Tomás Burns, explicaron su versión de los hechos y el segundo hasta aseguró que en caso que la SCJN fallara a favor del Ayuntamiento, el Instituto tendría que devolverle 103 millones de pesos de participaciones retenidas. Pero el director del Issstecali, Javier Meza, no se quedó callado y el jueves 7 de febrero, tres días después de las declaraciones de Novelo y Burns, ofreció su propia rueda de prensa en la que recordó al primer edil la deuda de mil 700 millones de pesos que mantiene el gobierno local con la institución de seguridad social, de los cuales 319 millones corresponden a la actual administración. Para darle la estocada final, amagó con suspender el servicio a los derechohabientes del Ayuntamiento dentro de dos semanas si el alcalde no se sentaba a negociar, lo cual finalmente ocurrió el miércoles 13 de febrero. Tan mal manejado estuvo el tema por parte del Ayuntamiento, que al final el gobernador se colgó la medalla al anunciar en un boletín la instrucción de no suspender el servicio. A lo largo de su trienio, Novelo ha presumido no incurrir en desvíos, como lo hicieron sus correligionarios Enrique Pelayo y Gilberto Hirata. Sin embargo, en términos prácticos, descontar catorcenalmente cuotas a los trabajadores y no aportarlas al Issstecali, no puede llamarse de otra manera.
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