Ministeriales despojaron a una usuaria que adquirió legalmente un equipo a una casa de empeño, el cual fue sustraído de una oficina de gobierno. El caso quedó asentado en una denuncia ante el Ministerio Público, mientras el negocio prendario sigue operando al igual que otros 29. Sin contar los no registrados, a sabiendas de la autoridad que ofertan artículos robados

Las casas de empeño en Baja California son escaparates de artículos robados o facilitadores de las operaciones de grupos delincuenciales.

El jueves 24 de enero de 2019, una comerciante, cuya identidad se reserva, adquirió una computadora portátil en la casa de empeño La Mejor en Calle Sexta entre Ruiz y Gastélum, Zona Centro de Ensenada.

Pagó 4 mil 500 pesos y, al llegar a su negocio, encendió el equipo para descargar programas propios de su giro comercial, sin imaginar que activó en automático el sistema GPS.

Pasaron unas horas cuando varios elementos de la Policía Ministerial intervinieron el establecimiento con el propósito de asegurar la computadora.

“Hace unas semanas la robaron de las oficinas del Gobierno del Estado, no me dijeron en qué ciudad”, le recriminaron los agentes, al tiempo que le advirtieron estar sujeta a investigación.

Para evitar problemas, la víctima entregó el artículo y de inmediato interpuso denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Le prometieron una solución, pero desde ese día nadie se ha comunicado.

“Son negocios que operan en toda la ciudad con permiso del gobierno, creí que estaban regulados, jamás compraría algo robado, pero estoy en shock”, comentó, y además, se muestra desconfiada, ya que  no la auxiliaron para tener de vuelta el dinero que invirtió, como tampoco castigaron al negocio, el cual sigue operando.

TRIANGULAN ARTÍCULOS ROBADOS 

Abogados de Ensenada han detectado que en casas de empeño mueven las prendas de una ciudad a otra, en las distintas sucursales de los cinco municipios, debido a que los propietarios saben que en el inventario hay artículos que no se puede comprobar su legal procedencia, es decir, son robados.

Una de las obligaciones de los administradores de estos lugares, es presentar de manera diaria la lista de los artículos recibidos un día antes.

Sin embargo, los abogados asumen que esta medida no sirve, ya que al trasladar las piezas de un municipio a otro, al momento que la policía investigadora  busca coincidencias entre el inventario y los reportes de robo, no encuentra evidencias.

José Ángel Bustamante Arvizu, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, recordó un caso específico que intentó llevar a la Corte, pero fue complicado.

“Una ciudadana lleva un puño de joyas a empeñar, la casa prendaria trasladó a Tecate las piezas y, cuando la usuaria intentó recuperar su joyería, ya la habían vendido en ese municipio por un error de registro”, describió.

El hecho que llevaran los artículos a otra sucursal, evidenció una práctica viciada que da lugar a una sospecha.

“Cuando trasladan los bienes atemperan la posibilidad que el Ministerio Público pueda recuperar las cosas”, calificando como “una deficiencia legislativa” el que las casas de empeño funcionen sin regulación alguna.

La responsabilidad de esta grave problemática, indicó, recae en los diputados del Congreso de Baja California, quienes deben generar órganos de fiscalización, “sobre todo hacer leyes que eviten que todos se beneficien del robo”, insistió Bustamante.

La opción legal es interponer una demanda civil  por daños y perjuicios, siempre y cuando se conserven en documentos las características particulares del objeto.

IDENTIFICACIONES APÓCRIFAS SON UN PROBLEMA: PGJE

La procuradora de Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, reconoció la facilidad con que se comercializa con artículos robados en los negocios de empeño.

“Hacemos operativos periódicamente no como algo regular, sino con estrategias de operatividad”, dijo.

Tras escuchar a un grupo de empresarios que la cuestionó al respecto, contrastó con otro problema delictivo que se comete en los yonques: “Es culpable el que roba y el que compra robado, que no cumplen con ningún requisito en algunos casos, sobre todo en el área de los yonques, sí se han procesado e iniciado carpetas para personas que han comprado vehículos”.

La titular de la PGJE lamentó que el único requisito para empeñar sea un documento  que, además, puede falsificarse con facilidad, “desgraciadamente, en muchos casos son falsas y ellos (comerciantes) no se ponen a investigar si son o no originales”.

Para Cristian Colosio Lule, subprocurador de Zona Ensenada, uno de los problemas más comunes al momento que la víctima interpone denuncia, es que no hay números de series ni modelos de los objetos que se roban.

“Hay mucho por hacer en la materia, lo ideal sería una base de datos y que la procuraduría ofreciera información para tener monitoreados los artículos”, sugirió.

Aunque no dio cifras de resultados ni estadísticas del trabajo que hace la fiscalía en la materia, aseguró que mantendrán la supervisión “voy a estar trabajando con la coordinadora para tener vigilancia respecto a la cantidad de objetos, para ver de qué forma podemos hacer efectivas las denuncias”, remató.

Lo más común es que la persona ofendida pida la reparación del daño, y lo que han hecho en los casos atendidos, es fijar una fecha de audiencia conciliatoria para restituir. Otras quejas están relacionadas con vecinos que detectan un negocio prendario ilegal en sus áreas residenciales, o los propios clientes dudan de la calibración de las básculas con las cuales pesan la joyería.

SÓLO 200 NEGOCIOS PRENDARIOS REGISTRADOS 

De acuerdo con el Registro Público de Casas de Empeño en México, publicado el 11 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en Baja California hay 201 comercios prendarios.

Según quejas en Profeco, otro porcentaje de negocios operan bajo la ilegalidad, sin permiso ni registro.

Tijuana es el municipio con mayor número, con 107 diferentes sucursales; Mexicali con 55, Ensenada tiene 29, Tecate contabiliza cuatro y Playas de Rosarito, seis casas de empeño.

VÍCTIMAS DEBEN COOPERAR CON MP

Cuando la Policía Ministerial detecta una prenda robada, sobretodo aparatos electrónicos con sistema GPS, acuden al lugar para recoger el bien.

No obstante, algunos se niegan a entregarlo porque pagaron por el artículo en una tienda que presuntamente opera bajo la legalidad.

Acorde con la subprocuraduría, el fundamento está en el Código Nacional de Procedimientos Legales.

El Artículo 229 señala que los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

Mientras que el Artículo 230 resume que el MP o la Policía en auxilio, elaborarán un inventario de todos y cada uno de los bienes, firmado por el imputado o persona a investigar.

Ante la ausencia o negativa de la posible víctima, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía.

Además, la corporación preservará el lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, procediendo a acordonar.