En vez del Seguro Popular, el Gobierno de México puso en marcha el Sistema Universal de Salud, por lo que Isesalud no recibirá 800 millones de pesos que equivale al 45 por ciento de su presupuesto. Gobierno central absorberá hospitales
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A principios de enero, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, se reunió con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el secretario de Salud del Estado, Guillermo Trejo Dozal, a quienes comunicó que Baja California integraría el segundo grupo, de ocho entidades, que iniciarán el proceso de federalización de los servicios de salud, a partir del segundo semestre de 2019.
Ello implicará el surgimiento del llamado Sistema Universal de Salud y la desaparición del Seguro Popular en Baja California, que a su vez impactará en el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado (Isesalud), pues sin los 800 millones de pesos que recibe por parte del Seguro Popular (alrededor del 45 por ciento de su presupuesto), el Instituto estaría incapacitado para dar los servicios.
Trejo confirmó que el Gobierno de México absorberá los hospitales generales y los centros de salud, aunque dijo desconocer el mecanismo mediante el cual lo hará.
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Por otra parte, el director del Régimen Estatal de Protección en Salud (Seguro Popular) en Baja California, Alejandro Monraz Sustaita, comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría por absorber las nóminas de los hospitales y centros de salud de los primeros ocho estados del sureste del país que signaron el Acuerdo para Garantizar el Derecho de Acceso a los Servicios de Salud y Medicamento Gratuitos de la Población sin Seguridad Social.
Dicho documento también deberá suscribir el gobernador de Baja California, con el cual la entidad se comprometerá a impulsar nuevos esquemas legales y de operación internos para las transferencias de funciones, entre otros puntos.
FEDERACIÓN HARÁ COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS
Monraz Sustaita detalló que de los mil 100 millones de pesos que el Seguro Popular tiene como presupuesto, el 30% se destinaba a material médico y a medicinas, los cuales eran adquiridos por Isesalud y pagados vía transferencia por el Seguro Popular, pero a partir del 19 de diciembre de 2018, la Secretaría de Salud estableció que los medicamentos y el material de curación de todo el país sea adquirido por la Federación en una licitación consolidada.
Titular del Seguro Popular, señalada de acoso laboral y corrupción
El 5 de diciembre de 2018, Angélica Ivonne Cisneros Luján fue nombrada al frente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), organismo que efectuará el proceso de federalización de los sistemas de salud y la desaparición del Seguro Popular en el país, con el fin de proporcionar una mejor atención médica a la población.
Meses antes, el regidor independiente del Ayuntamiento de Xalapa, Osbaldo Martínez Gámez, acusó a la funcionaria de cometer acoso laboral contra empleados del municipio de la Capital veracruzana. A decir del regidor, esta denuncia no era nueva, ya que Cisneros Luján también habría abusado laboralmente de trabajadores de la Universidad Veracruzana (UV).
En octubre de 2018, el mismo regidor la acusó de pagarle a empleados “fantasma” en la nómina de Xalapa, lo que motivó a la hoy titular del Seguro Popular a pedir pruebas sobre las afirmaciones del edil.
Estos escándalos no son los únicos en los que se le ha relacionado, ya que según medios locales, Cisneros Luján habría sido funcionaria e investigadora al mismo tiempo, violando la normatividad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Aunado a ello, tomó un año sabático en el que recibió su salario como investigadora, sin haber hecho un proyecto de investigación como estipula la UV.
ZETA solicitó hablar con la comisionada nacional de Protección Social para obtener más detalles sobre la instauración del nuevo sistema de salud y conocer las implicaciones que tendrá para Baja California, sin embargo, Comunicación Social informó que la oficina de la funcionaria no concede entrevistas por el momento.
“Nos dijeron, ‘ya no les vamos a dar dinero líquido, sino en especie, pero mientras eso sucede ustedes compren el medicamento del 1 de enero al 15 de marzo de 2019. El 16 va a llegar a sus almacenes el medicamento que la Federación está comprando’”. Para ello, en los primeros días de enero, Isesalud capturó todos los medicamentos y el material de curación que requiere del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2019.
A decir del entrevistado, pese a que Baja California hizo el proceso, la cantidad que el sistema permitió ingresar es insuficiente para cubrir al 100% el abasto de medicamentos y curación, como lo expuso el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Toda vez que ésta representaría un gasto cercano a 600 millones de pesos para dar atención a un millón 082 afiliados, de los cuales la Federación sólo reconoce a 997 mil 600 personas en el padrón. Información que se proporcionó al gobernador para que la hiciera del conocimiento de las autoridades federales.
Titular de Isesalud ve incorrecta la recentralización en salud.
Guillermo Trejo Dozal señaló que el compromiso con la comisionada nacional de Protección Social en Salud, Angélica Ivonne Cisneros, fue establecer una mesa de trabajo para analizar la utilización de los medicamentos mediante diversas perspectivas.
Aunque es posible hacer los protocolos de atención para saber cuánto medicamento se utilizará en cada enfermedad, y de ese modo ahorrar con la planeación de la compra, “la verdad es que la necesidad de los medicamentos es enorme, la necesidad de la gente es cada vez mayor, el avance tecnológico y de la farmacéutica no para, cada vez salen medicamentos nuevos y carísimos”, agregó.
AÚN SE NO MODIFICA LEY GENERAL DE SALUD
Pese a que oficialmente la nueva política pública arrancó el 14 de diciembre de 2018, con la firma del acuerdo signado entre el titular de la Secretaría de Salud federal y los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, hasta el momento el Seguro Popular sigue operando en esas entidades.
Ello, debido a que el Artículo 77 bis de la Ley General de Salud contempla la existencia del Seguro Popular, de modo que para que dicho sistema -que data de 2003- deje de operar, es necesario hacer el cambio legislativo.
A propósito, Monraz Sustaita y el diputado federal por el Partido Encuentro Social, Javier Castañeda Pomposo, dijeron que se prevé que durante el segundo periodo de la LXIV Legislatura, a iniciar hoy viernes 1 de febrero, se presentará la iniciativa con la que se derogará dicho artículo.
Castañeda Pomposo aseguró que la propuesta plantearía que la atención básica (de primer y segundo nivel) la otorguen los centros de salud y hospitales estatales, pero federalizados, mientras que la atención de alta especialidad correspondería al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al presentar el Sistema Universal de Salud, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, detalló que la nueva estrategia incluirá gradualmente a todas las entidades del país, mismas que se irán sumando cada seis meses en grupos de ocho.
En una primera etapa, el objetivo es otorgar servicios y medicamentos gratuitos en centros y clínicas de salud, con el fin de hacer efectivo el Artículo 4 Constitucional, que garantiza el derecho a la protección de la salud, especialmente las más vulnerable económicamente, que no cuenta con protección social.
Posteriormente, se incrementará la infraestructura hospitalaria para revertir el deterioro que ha sufrido el sistema de salud durante los últimos 36 años, el cual ha hecho que los servicios médicos estén sobrecargados y no cuenten con medicamentos, insumos, equipo y personal necesarios para ofrecer una atención de calidad a los mexicanos.
Según Alcocer Varela, la descentralización de los servicios de salud hacia los estados y el Seguro Popular “no han dado los resultados esperados” en la mejora de las condiciones de salud de los mexicanos. Aunado a que “la aplicación de los recursos no ha sido transparente” y “la corrupción está en todos lados”.
Respecto a ello, Alejandro Monraz Sustaita declaró que actualmente el sistema del Seguro Popular no permite que haya corrupción, ya que desde hace tres años, 50% del recurso destinado al programa se va a la Tesorería de la Federación, entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, el recurso está etiquetado para que no pueda ser desviado, como sucedió en Veracruz con el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
En su oportunidad, el titular de Isesalud, Guillermo Trejo Dozal, apuntó que el ofrecimiento del Gobierno de México es que habrá medicamento suficiente, sin embargo, se mostró escéptico del resultado de esta recentralización, ya que se necesitan mayores recursos.
“En el presupuesto que se aprobó en el Congreso de la Unión para salud, yo no veo reflejado un incremento importante para salud, para cubrir todo eso”, y consideró incorrecto que las políticas se dicten desde 3 mil kilómetros de distancia, sin contemplar las necesidades de Baja California. “Es algo que luché toda mi vida, y creo que es algo que no está correcto. Tenemos muchos Méxicos”, opinó.
Para Roberto Fuentes Contreras, académico de la Universidad Autónoma de Baja California, la centralización de los servicios de salud puede hacer que éstos se burocraticen. El hecho de que la toma de decisiones recaiga en una persona o en un área, no implica que habrá más transparencia y menos corrupción.
Desaparición del Seguro Popular dejará sin empleo a 170 trabajadores en B.C.
Añadió que si bien es deseable que todos los habitantes tengan acceso a servicios de salud, el reto de incorporar a las personas que no cuentan con una protección social, llámese IMSS, ISSSTE, entre otras, es mayúsculo, dado que la demanda es más que proporcional por su condición vulnerable, y, por lo tanto, cumplir con las expectativas que se están generando requiere más recursos.
REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES EVENTUALES
Durante la ceremonia de arranque del Sistema Universal de Salud, en Yucatán, Andrés Manuel López Obrador destacó que en el programa de federalización se invertirían 115 mil millones de pesos. De éstos, 90 mil millones se destinarán a mejorar los hospitales y a dar garantías laborales a quienes cuentan con contratos eventuales.
Cuestionado sobre ello, el titular de Isesalud en Baja California manifestó su desacuerdo con la iniciativa de regularizar a todos los eventuales, dado que la mayoría de éstos son trabajadores administrativos.
Trejo Dozal precisó que la dependencia a su cargo tiene 6 mil 689 trabajadores, de los cuales mil 250 son médicos, 2 mil 477 enfermeras y 2 mil 962 personal administrativo. Del total, los administrativos cuentan con 274 contratos colectivos por seis meses a un año; seguido de las enfermeras, con 208, y los médicos con 190.
“No estoy a favor de regularizar todos los eventuales. En Isesalud, de mi entrada a ahorita, disminuimos alrededor de mil 400 contratos de trabajo. Eran muchas áreas administrativas, y al revés, yo fui y fortalecí el área médica, con la contratación de 200 nuevos médicos y enfermeras en 2018”, subrayó.
Para concluir, expuso que del presupuesto total de Isesalud (4 mil 191 millones de pesos), el 70% se destina a pagar la nómina.
QUEDARÁN DESEMPLEADOS 170 TRABAJADORES DEL SEGURO POPULAR
El director del Seguro Popular en Baja California, Alejandro Monraz Sustaita, indicó que con la información que ha recibido, de manera verbal, la desaparición del Seguro Popular en el Estado implicará que las 170 personas que laboran como gestores -en su mayoría médicos-, promotores y en el área administrativa, perderán su empleo.
“Personalmente hablé con el personal del Seguro Popular, les dije la verdad, sí va a desaparecer nuestra fuente de trabajo, pero mientras tanto y no haya nada, no se les va a despedir, ni se van a cometer injusticias. Vamos a procurar que todo sea conforme a derecho”.
El funcionario señaló que anualmente, el costo de la nómina del personal del Seguro Popular representa 6% del presupuesto total del Seguro Popular, de mil 100 millones de pesos. “Es decir, 6 centavos de cada peso son para la administración del Seguro Popular y 94 centavos para el resto”.
Actualmente, el personal está haciendo labores de gestión de la atención médica de los más un millón de afiliados en Baja California, aunque ya no se hace labor de promoción.
En materia de servicios subrogados, Monraz afirmó que la instrucción fue firmar los convenios con distintos proveedores, como Hospital de las Californias, Cruz Roja y Fronteras Unidas Pro Salud, por tres meses en lo que “sabemos qué va a pasar”.
Lo mismo ocurrió con Isesalud, y previó que en marzo se renovarán convenios por otros tres meses, de modo que los afiliados sigan recibiendo atención médica. “El único objetivo que nos ha pedido el gobernador es que no se interrumpan los servicios. Hoy la población puede estar tranquila de que los servicios no se van a interrumpir, o no están interrumpidos”, sostuvo.
Asimismo, recordó que el Seguro Popular financia los procedimientos en los distintos hospitales y centros de salud de Isesalud, así como de otras instituciones con base en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, pero con el nuevo esquema, la Secretaría de Salud proveerá dichos servicios.
