Décadas de lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo llevaron a México a proponer en la Organización de las Naciones Unidas la adopción de un tratado que visibilizara y enunciara los derechos del diez por ciento de la población. Así fue que Don Gilberto Rincón Gallardo propusiera a nombre de nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), convención que “pretende alcanzar un objetivo concreto: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Ese tratado se abrió a la firma en marzo de 2007 y entró en vigor en México el 3 de mayo de 2008, siendo uno de los documentos más fortalecidos por los organismos de la sociedad civil de diversas latitudes; muchas personas con discapacidad participaron, y fueron consultadas, en su elaboración por lo que el documento se sostiene en una importante premisa: “nada de nosotros sin nosotros”, refiriéndose a que las decisiones que se tengan que tomar en relación a las personas con discapacidad deberían tomarlas en cuenta a través de mecanismos de participación.
Este gran esfuerzo en la ONU se tradujo en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México y un intento de armonización en la Ley para las Personas con Discapacidad para el Estado de Baja California que quedó incompleto porque no se incorporaron importantes derechos, como el de capacidad jurídica, lo cual afecta principalmente a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, muchas de ellas de edades avanzadas.
Algunos de los adelantos en nuestro país se concretaron con la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) que contempla la participación de personas con discapacidad a través de una asamblea consultiva con 32 espacios para el mismo número de organizaciones de la sociedad civil, una por cada entidad federativa. El muy cuestionado Conadis ha estado siempre acotado por la escasez de sus recursos, por los perfiles de algunas personas titulares y por los procesos poco democráticos para la elección de las organizaciones integrantes de la Asamblea, sin embargo es la única institución que existe para impulsar la transversalidad en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en las políticas públicas.
Y es que las personas con discapacidad debemos de dejar de ser vistas como objetos de caridad, como objetos de rehabilitación, como una carga para la sociedad o como personas enfermas. La lucha ha sido por el reconocimiento de nuestros derechos, por participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que nos afectan directamente, además de tener derecho a participar en la vida cultural, en las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, a vivir en comunidad, entre muchos derechos más, y todos estos deben respetarse y garantizarse en igualdad de condiciones con las demás personas.
Es fundamental que las personas con discapacidad sean reconocidas como iguales ante la ley, respetando la libertad de tomar sus propias decisiones y su capacidad para obligarse en razón de ellas con los apoyos necesarios para lograrlo, sin invasión de su autonomía personal y que el esfuerzo para lograrlo ha de ser de todos, sociedad civil organizada, instituciones, gobierno, academia, organismos de derechos humanos, y sociedad en general.
Según el Censo del Inegi, en 2014 había casi 8 millones de personas con discapacidad en este país, mismas que han de ser respetadas en dignidad y derechos y tener la posibilidad de participar en todos los espacios sociales. Las pensiones pueden ser medidas afirmativas para palear un poco las desventajas que se enfrentan por las barreras que hacen que las personas con deficiencias vivan la discapacidad, pero si no van acompañadas de políticas públicas orientadas al reconocimiento pleno de sus derechos, incluido el de su capacidad jurídica, bajo el principio de igualdad y no discriminación, México se distancia del cumplimiento de los objetivos de la CDPD.
Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
