Mando Mixto entre civil y militar tendrá la nueva corporación policial del país. EL PRI apoyó con sus votos a Morena para la creación del ente administrativo que estará encuadrado en la Secretaría de Seguridad Pública. Reforma al Artículo 19 constitucional que prevé la adhesión de más delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa, deberá esperar a la sesión ordinaria de febrero. La lista de aspirantes a fiscal general de la Nación se redujo a diez personas, tres de ellas señaladas de ser “favoritos” del Presidente
La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional fue aprobada en lo general por el pleno de la Cámara de Diputados. Con votación de 348 a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, la mayoría determinó que existirá la nueva institución bajo una directriz civil, pero con cuadros operativos militares. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión.
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La Guardia Civil resultante del proceso legislativo para realizar tareas de seguridad pública funcionará en realidad con un esquema de Mando Mixto entre civiles y militares para prevenir el delito y combatir la delincuencia, en uno de los proyectos más importantes de la gestión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
La nueva dependencia fue colocada bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como fue la propuesta después que en un inicio se había planteado estuviera supeditada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre sus facultades tendrá el diseñar políticas y programas de pacificación del país.
La aprobación de las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional fue posible gracias a los votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se unió a Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En cambio, la diputada federal morenista, Tatiana Clouthier Carrillo, no estuvo de acuerdo en la forma en que se creó la nueva corporación; de hecho, aunque su voto no fue en contra, registró una abstención.
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Para el legislador priista Rubén Moreira, este es el primer paso para una verdadera profesionalización de las policías del país: “Le decimos respetuosamente al Ejecutivo federal, a los gobernadores y a los alcaldes, que si no fortalecemos las policías estatales y municipales, no va a llegar la paz; les decimos que necesitamos de su voluntad política para coordinarse. La fracción parlamentaria del PRI, después de muchas horas de discusión, ha decidido votar en favor de esta reforma constitucional”.
El dictamen reforma trece artículos de la Constitución y permite la creación de un organismo policial integrado por soldados, marinos y civiles, con mando civil, bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, pero con estructura y formación militar.
Aunque minoría, los diputados opositores mostraron su inconformidad e insistieron en que se trata de una militarización de la seguridad en el territorio nacional. Los legisladores de Movimiento Ciudadano subieron a la tribuna con playeras blancas con la leyenda “La Guerra no hace la paz” y la diputada Adriana Gabriela Medina aseguró que habrá una línea de mando informal en la Guardia Nacional; de paso, anunció el voto en contra de su fracción.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, Miroslava Carrillo, refirió: “Se trata de un modelo de seguridad pública que permita la convivencia y desarrollo integral de la sociedad con un gobierno democrático, un modelo construido con las diferentes voces que demandan que el mando sea civil desde el principio y sea apoyado por las secretarías de la Defensa Nacional y la Armada”.
La minuta aprobada será remitida a la Cámara de Senadores para su debida discusión y aprobación en lo particular, por mayoría calificada, por tres cuartas parte de sus integrantes. En caso que el dictamen sea modificado por los senadores de la República, deberá ser devuelto a la Cámara de origen para hacer los ajustes necesarios.
A pesar de la inconformidad de grupos de la sociedad civil que durante meses -incluso en la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando éste intentó que le aprobaran y ejercer la Ley de Seguridad Interior- se manifestaron contra la utilización oficial de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, facultad de las corporaciones civiles, con la venia y el apoyo del PRI, los legisladores de Morena aprobaron lo que desde la sociedad llaman “la militarización del país en materia de seguridad”.
Desde distintos frentes sociales se había solicitado a López Obrador y a los legisladores de ese partido, hacer las modificaciones necesarias a la propuesta para sacar de la medula de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Pese a las concesiones en ese sentido, como que el mando no será militar sino civil, no se reculó en el hecho de integrar la nueva Policía Nacional con soldados y marinos en su inicio y áreas operativas.
Tampoco quedó clara la facultad investigadora que tendrá la Guardia Nacional en la persecución de los delitos, acciones en el fuero del Ministerio Público federal o estatal y en las corporaciones policiacas tanto de la Procuraduría General de la República, como de las procuradurías estatales.
Por lo pronto, la Ley que crea la Guardia Nacional ha sido enviada a la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación. Una vez aprobado el dictamen por ambas Cámaras, deberá enviarse las entidades federativas para ser aprobado por al menos 17 congresos locales, al tratarse de una reforma constitucional.
PRISIÓN PREVENTIVA
Lo que ya no pudo ser aprobado por la Cámara de Diputados fue la reforma al Artículo 19 Constitucional, que se refiere a los delitos catalogados como graves y ameritan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que se dio por clausurado el periodo extraordinario de sesiones.
La reforma pretende ampliar la lista delitos graves que merezcan encarcelar a quienes los cometan, entre los que figuran el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de robo de hidrocarburos, coloquialmente conocidos como huachicoleo. Sin embargo, el dictamen deberá votarse en el periodo ordinario de febrero.
El Senado de la República propuso sumar nueve conductas criminales a las de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, entre éstas, abuso o violencia sexual infantil, robo de casa habitación, desaparición forzada, portación de arma de fuego y feminicidio.
Sin embargo, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados modificaron el dictamen y propusieron solo la adhesión de seis delitos, eliminando la gravedad del feminicidio, lo que generó descontento entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
La fiscalía (Ministerio Público) sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
HABRÁ FISCAL
La Junta de Coordinación Política del Senado redujo a diez la lista de candidatos a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación, la cual será sometida a la aprobación del pleno y enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para definir una terna.
El Partido Acción Nacional votó en contra. El coordinador de los senadores blanquiazules, Mauricio Kuri, advirtió que podría haber “mano negra” en la designación del próximo persecutor de los delitos.
Se lleva a cabo la sesión extraordinarias del primer receso del año de ejercicio de la LXIV legislatura en la cámara de diputados, en la que se ponen en discusión el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, y el proyecto de decreto en materia de Guardia Nacional.
“La columna vertebral del cambio en justicia tiene que ser un fiscal que no sea un fiscal carnal, por eso decidimos no acompañar, votar en contra de la lista, porque no podíamos; sabemos que en la lista vienen los tres nombres que el Presidente dijo inclusive desde antes de su campaña y estamos completamente seguros que es la misma lista que va a regresar a la terna”, dijo.
Según el panista, en la lista final quedaron el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz; el actual encargado de la PGR, Alejandro Gertz Manero; y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Verónica de Gyves, considerados como los favoritos del Ejecutivo federal.
Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, enfatizó que el fiscal elegido no podría ser considerado a modo del Presidente. “Está descartada cualquier fiscal carnal, porque la autonomía te la garantiza la propia Constitución y la propia Ley. No hay forma de que haya un fiscal subordinado al Ejecutivo o al Legislativo, la Constitución te garantiza la autonomía y el proceso te garantiza que será el mejor y el que garantice la autonomía”, concluyó.
