Andrés Manuel López Obrador ha demostrado en un mes como Presidente de la República, que el gobierno federal puede funcionar con una política de austeridad. Si en algo ha destacado el político tabasqueño, es que los priístas mayormente y los panistas por un rato, utilizaron el gobierno federal para convertirse en los nuevos ricos del País. Se desplazaban en convoyes de camionetas blindadas, dentro de un tanto aparatoso como cuantioso equipo de seguridad que no solo los alejaba de los gobernados, sino los elevaba a una clase privilegiada que abusaba del poder y los recursos de la Nación.
Nada de eso ha necesitado el presidente López Obrador para gobernar el país. Ni decenas de escoltas, ni helicópteros, ni aviones privados, mucho menos un oneroso séquito de funcionarios para cada reunión, mensaje, gira. Cosa contraria, sus desplazamientos en aerolíneas comerciales han logrado humanizar la figura presidencial sin demerito de la importancia institucional que da el cargo.
En el mismo sentido, abrir la que fue la residencia oficial de los presidentes de la República desde 1934 hasta el 2018, hoy convertido en Centro Culturas Los Pinos, contribuyó a la desmitificación de la figura presidencial, cuando López Obrador se traslada todos los días de su casa particular a Palacio Nacional para trabajar, como lo hace cualquier otro trabajador mexicano.
La disminución de los sueldos de la cúpula de funcionarios públicos y el incremento al salario mínimo, éste último como nunca se había visto en la historia del País, son aciertos de un presidente que está implementando una nueva forma de hacer gobierno, sin abusar de los recursos públicos, obligando además a que los otros poderes de Estado, el Legislativo, y particularmente el Judicial, se sometan a reglas de austeridad no antes vistas pero sí harto necesarias.
Eso se reflejó también en un presupuesto austero. Recortes en instituciones manchadas por la corrupción y en otras que han sostenido un alto nivel de gasto para la indignación popular, sea a partir de obesas nóminas o de programas de apoyos económicos entregados de manera de directa para el fomento de la corrupción.
Ciertamente los programas asistencialistas son ahora de las áreas robustas en contra parte del apoyo a la cultura que se ha disminuido en una nación que adolece de educación en ese sentido, y es necesariamente junto a otras disciplinas sociales, pavimento no solo para la seguridad de México, también para el desarrollo, la competitividad y el crecimiento.
El decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza que incluyen disminución de IVA e ISR a partir del cumplimiento de ciertas normas, es también un paso a favor del desarrollo de la frontera, que durante muchos años tuvo condiciones especiales en materia de economía para general la competitividad de los estados del norte de México con los vecinos de los Estados Unidos.
Pero los yerros del presidente López Obrador también han sido evidentes. El principal y más criticado por los mercados internacionales fue la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, caso en el que incluso había comprometido su palabra de una vez auditado y señalada la corrupción, lo concesionaría a la iniciativa privada.
En ese sentido, la no persecución de la corrupción que siempre señaló, no sólo en la construcción del aeropuerto, también en secretarías como la SEDESOL, Comunicaciones y Transportes, Presidencia de la República, y otras, es uno de los equívocos más grandes del mandatario nacional, pues promueve la impunidad en lugar de hacer valer la Ley y con ello el Estado de Derecho. Parece que el presidente no ha entendido que investigar y procesar a los corruptos no significa un acto de venganza sino representarían casos de justicia en un país donde la impunidad ha reinado por décadas hasta llevarlo a los primeros sitios en los índices de corrupción en el mundo.
“Perdonar” a los ex presidentes, a los ex funcionarios, no abona al Estado de Derecho, ni hace al presidente compasivo y pacifista, sino como un gobernante cómplice. Eliminar la autonomía largamente buscada de la Fiscalía General de la República, desoyendo a la sociedad organizada que trabajó en proyectos para que la procuración de justicia en México fuese independiente a la presidencia de la República y por tanto sin intereses ligados al poder política, López Obrador crea su propio fiscal carnal, además ya con la consigna de no hacer justicia en los casos de corrupción detectados en la administración pública federal en el pasado inmediato.
El perdón a la corrupción será, de concretarlo a pesar de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y las denuncias ciudadanas, el mayor lastre de la administración de López Obrador.
Otro yerro, aliarse con lo que llamó la mafia del poder. Integrar un grupo consultivo de grandes empresarios no pareciera ser una mala medida, sin embargo incluir los apellidos Hank, Salinas Pliego de TV Azteca, Gómez de Televisa, Vázquez de Editorial Mexicana y Alemán de una de las familias más acaudaladas del país gracias a la institucionalización de la corrupción en México, resulta no solo ofensivo para la sociedad que creyó en que transformaría la forma de hacer gobierno de fondo, sino el signo de que la clase poderosa que se ha alzado al cobijo de los gobiernos, lo seguirá siendo.
Ponderar la militarización de la seguridad pública por encima de una real depuración de las corporaciones policíacas no cambia en nada el escenario de combate a la inseguridad que se vivió en el país durante la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, o el México en paz de Enrique Peña, ambos proyectos sustentados en la utilización de las fuerzas armadas, Ejército y Marina, para perseguir a los narcotraficantes que se han convertido, hasta el día de hoy, en prófugos transexenales.
Ciertamente es solo un mes en el ejercicio del gobierno federal y aun no se cuentan con los elementos suficientes para calificar la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo de colaboradores, pues sus programas no han arrancado, y lo que se ha visto a partir de la toma de decisiones por consulta tampoco lleva un avance considerable para determinar en base a números y beneficiados, para hacer una evaluación, pero a la fecha, los aciertos del mandatario nacional están focalizados en la austeridad, y sus yerros en la falta de justicia para un país donde la pobreza y la impunidad, son los principales inhibidores del desarrollo, el crecimiento y la formación.
