La frase del famoso personaje el Chapulín Colorado cada día cobra más vigencia, máxime que los primeros datos que se conocen sobre inseguridad aumentaron en el primer mes de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La percepción de inseguridad en la población también está en niveles muy altos según información que proporcionó hace unos días el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. De acuerdo a esta medición, 7 de cada 10 mexicanos considera que su ciudad es inseguridad; es decir, solo el 30 por ciento se sienten seguros en el lugar donde decidieron vivir.
Las ciudades consideradas más inseguras son: Reynosa (Tamaulipas), Chilpancingo en Guerrero, Puebla en el estado del mismo nombre, así como Ecatepec, Estado de México.
En contraparte, los municipios con mayor percepción de seguridad son San Pedro Garza en Nuevo León, Saltillo (Coahuila), Puerto Vallarta en Jalisco, Durango en el estado del mismo nombre y Los Cabos en Baja California Sur.
Llama la atención que dentro de los lugares físicos donde los ciudadanos se sienten más inseguros están los cajeros automáticos con un 83.4%, transporte público 75.3%, bancos 70.7%, y 67.8% en las calles por donde transitan.
Es importante resaltar que si bien estos números de percepción de inseguridad que dio a conocer el INEGI fueron presentados ya durante la administración de López Obrador, de ninguna manera pueden ser adjudicados a su mandato, más bien son cifras con las que finaliza el desastroso gobierno de Enrique Peña Nieto. La forma en cómo el nuevo gobierno absorberá estos datos más adelante es toda una interrogante, ya que cualquier crítica realizada en su mandato es respondida con la descalificación y responsabilizando a gobiernos anteriores.
Como es de conocimiento público, las instituciones responsables de prevenir, procurar e impartir justicia están en niveles de credibilidad mínimos. Según diversos estudios, la policía municipal y ministerial acapara el descontento ciudadano por su nula efectividad. Por el contrario, al Ejército y a la Marina se les guardan una mayor confianza entre los mexicanos.
En estos días donde el Presidente de México enfrenta una batalla contra los ladrones de gasolina, mejor conocidos como “huachicoleros”, ha sido el Ejército a quien se le ha encomendado la tarea de resguardar los ductos por los cuales se transporta el combustible.
Es aquí donde viene la preocupación, ya que es el Ejército junto con la Marina quienes en general han llevado a buen puerto el combate a la delincuencia pero ahora están siendo llamados a contrarrestar el delito de robo de gasolina.
La pregunta es, ¿entonces quién contribuirá a resguardar a las familias mexicanas de la delincuencia organizada? Es claro que “la cobija” es solo una y si los soldados se van a atender otras instrucciones presidenciales nos quedarán los marinos, por lo que una parte de la población estará aún más vulnerable. Confiar en las policías municipales y estatales no es la opción.
No podemos ni debemos estar en contra de que se combata frontalmente a los ladrones de combustible ya que este delito genera enormes pérdidas a las finanzas de una institución como Pemex.
El reducir los secuestros, robos de vehículos y autopartes, así como robos a casa habitación, homicidios dolosos, asaltos, y un sinfín de delitos no puede esperar. Los mexicanos deseamos que este gobierno tenga el diagnóstico correcto y que el tema del combate a los “huachicoleros” no se trate solo de “pirotecnia” típica de un inicio de administración que solo busca legitimarse e imprimir su sello.
En lo personal estoy preocupado, ya que por atender un tema en específico, percibo que otros de relevancia se están quedando en un segundo término. Ojalá y me equivoque.
Alejandro Caso Niebla es consultor en políticas públicas, comunicación y campañas; se ha desempeñado como vocero en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno Federal, así como Director de medios en la Presidencia de la República. También fungió como Director de Comunicación Social en el Gobierno del Estado de Baja California.@CasoAlejandro
