El Ayuntamiento de Tijuana a través de la Sindicatura Procuradora, interpuso este 10 de enero una denuncia contra los ex funcionarios públicos que resulten responsables por un supuesto daño patrimonial causado en administraciones anteriores.
La denuncia se deriva a la resolución de un Juez de Distrito, que obliga al Ayuntamiento al cumplimiento forzoso de la sentencia dentro del amparo 176/2017, por la cantidad de 228 millones 185 mil pesos relacionados al predio donde se encuentran la comandancia Margarito Saldaña y la Unidad Deportiva José Santos Meza, explicó la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde.
Fue en el año de 1995 cuando el gobierno del estado sostuvo un contrato promesa de la compra-venta con la empresa Roma Food Enterprise de México S. A. de C. V. por el predio antes mencionado, ubicado en el Libramiento Rosas Magallón.
Por dicho contrato la empresa entregó la cantidad de 1 millón de pesos al gobierno del estado, sin embargo la cifra no le fue devuelta ni el predio se le fue entregado en 2009 la empresa afectada presentó una demanda contra el Gobierno del Estado, quien mandó llamar al Ayuntamiento de Tijuana como un tercero, siendo esta última autoridad la misma que contestó a la demanda.
Guzmán detalló que en 2010 el entonces Síndico Municipal celebró un nuevo convenio en el que asumió el carácter de deudor sustituto, comprometiéndose a pagar la deuda de la administración estatal.
Por lo anterior, la funcionaria consideró que las anteriores administraciones “no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen muchas irregularidades en la forma como contestaban las demandas”.
La síndico procuradora en compañía del asesor jurídico del Ayuntamiento, el licenciado Leonardo Martínez, acudió a la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a interponer la denuncia.