Durante la toma de protesta de los nuevos representantes de trabajadores, patrones y el jurado de responsabilidades, el secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, Francisco Iribe Paniagua declaró que aún hacen falta elementos jurídicos y legislativos para que se pueda hacer la transición de la justicia laboral al Poder Judicial.
“Se acaba de presentar semanas atrás una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo donde se está planteando esa transición, todos esos cambios en los que se ha llevado tradicionalmente la justicia laboral y que tiene más de 100 años”, mencionó.
De aprobarse la ley, el Poder Judicial sería el encargado de resolver las diferencias obrero patronales, siempre y cuando no se llegue a una conciliación por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Iribe Paniagua argumentó que no se han desdoblado las reformas a las leyes secundarias, es decir, la Ley de la Administración Pública Federal, para darle cabida a los nuevos esquemas en el plano de la conciliación y al manejo de sindicatos a nivel nacional, además de las Leyes Orgánicas de cada uno de los estados de la República.
“El aspecto destacable es que va a desaparecer la figura como la conocemos por esta forma tripartita de impartición de justicia desde el punto de vista administrativo en el poder Ejecutivo. Pasará a ser formalmente un instrumento de administración de justicia dentro de los poderes judiciales”.
Agregó que ya están en pláticas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales, para fijar una ruta de trabajo que lleve a una transición hasta desaparecer el actual procedimiento.
Actualmente se reciben en promedio alrededor de 5 mil casos al año en la oficina de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, y 3 mil más en Mexicali, sin embargo hay un rezago de 10 mil casos acumulados de administraciones anteriores a nivel estatal, que no se han podido desahogar.
Cabe destacar que personal de base y de confianza también se vio afectado por la crisis económica que se registró en el Estado en el último trimestre del 2018, sin embargo, esto no afectó la operatividad
