El manejo de cadáveres y las condiciones en que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de Tijuana se ven obligados a trabajar es indigno, insalubre y violatorio de los derechos humanos y laborales.
La afectación se extiende a las familias de los muertos y a los vecinos de las instalaciones del Semefo, quienes fueron los primeros en denunciar públicamente las irregularidades. En la historia reciente, lo hicieron justo en enero de 2017, después, en junio de 2018.
Hablaron de malos olores y humo, quejas que destaparon y evidenciaron una problemática mayor que se hizo pública a través de fotografías que circularon en medios digitales y por mensajería celular, donde se apreciaban cadáveres desnudos de hombres y mujeres apilados unos sobre otros, formando montículos sobre el suelo y recargados en las paredes del Semefo.
Las dantescas imágenes se exhibieron públicamente en dos ocasiones durante los dos años pasados, después las denuncias cesaron. Pero las fotos volvieron a circular en chats telefónicos y redes sociales al inicio de la segunda semana de enero de 2019. Los cuerpos de las víctimas eran diferentes, pero el trato deshonroso era el mismo.
La cruel realidad que retratan estos muertos fue confirmada a ZETA por personal del Servicio Médico Forense -aunque el 21 de enero, las instalaciones fueron visitadas por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no encontró el mismo escenario-. Hablaron de cómo los muertos tirados en el piso se convierten dos veces en víctimas de la violencia institucional de un Estado que, en casi seis años, ha sido incapaz de generar planes y programas para poner freno a la crecida de la ola homicida e incompetente para enfrentar los problemas, los cuellos de botella y rezagos que esta enorme cantidad de muertos provoca en la fiscalía estatal, Juzgados y el Semefo que nos ocupa.
Para comprender la dimensión del problema, no hace falta ser científico; basta saber contar, y el gobernador Francisco Vega es administrador.
Los refrigeradores del Semefo Tijuana ampliaron su capacidad. De admitir 120 cadáveres en 2017, crecieron a espacios para 160 cuerpos en 2018. El problema es que ante el rezago, las instalaciones llegan a albergar hasta 250 o 300 cuerpos en un turno. Una de las dificultades es que la fiscalía no cumple con el ordenamiento legal de determinar su disposición final en los cinco días posteriores a la autopsia. En ese hacinamiento, “…a veces los pisamos sin querer”, admitió un empleado.
Más números: Semefo Tijuana tiene nueve médicos forenses que hacen guardias de diez días al mes, que también tienen derecho a vacaciones y practican de cinco a siete necropsias al día. Adicionalmente, deben realizar protocolos de Estambul en un promedio de cinco diarios, y acudir a declarar a juicios orales en promedio ocho veces al mes. Y en el caso de las autopsias, “los desmembrados valen por cinco, porque se hace autopsia, estudio de ADN y papeleo por cada fragmento”.
Estos nueve médicos fueron los responsables de hacer las necropsias de mil 781 víctimas de homicidios dolosos y 161 de homicidios culposos en 2017, y de 2 mil 518 ejecutados y 154 homicidios culposos en 2018.
La misma cantidad de médicos forense hay en la Capital del Estado -siete en Mexicali y dos en San Felipe-, quienes hicieron 213 necropsias en 2017 y 222 en 2018. A los médicos de Mexicali y a los de Tijuana les pagaron lo mismo, lo que evidencia que ni el trato ni la distribución de los recursos es equitativa.
Ejemplo reciente es que, en lo que va de enero, los forenses de Tijuana han realizado 166 autopsias -sólo el 7 de enero fueron treinta-, así que considerando la división de turnos, cada uno de los médicos legistas lleva 25 cuerpos autopsiados.
Pero evidentemente ni el gobernador, ni el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde está inmerso el Servicio Médico Forense, o la coordinación de Semefo desde Mexicali, han sido capaces de sensibilizarse ante la problemática de Tijuana. O como están a 182 kilómetros de distancia, de las quejas y los reclamos, no les interesa.
No hay dinero, justifican desde el gobierno. Primero Francisco Vega de Lamadrid acusa a la administración federal de la falta de recursos económicos, mientras redirige dineros sin ton ni son y no aclara sus finanzas. Al frente tiene a un Tribual de Justicia que no ha mostrado el valor de defender ante el Congreso y el Estado, las necesidades de la institución que debe proteger.
En Semefo, el refrigerador comunitario adicional no es suficiente y lo saben, la promesa de las nuevas instalaciones que se construirán a un costado tampoco alcanza en este momento. De poco ha servido la postura de diputados advirtiendo las condiciones de insuficiencia de la institución, tampoco la amenaza de clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por “vulnerar los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad de los usuarios”.
Vega de Lamadrid no resolvió este problema en dos años, y resulta increíble creer que lo haga en nueve meses que restan de su administración. Sin embargo, los legisladores del Congreso, las asociaciones civiles, las agrupaciones de profesionales y las cámaras empresariales, están obligadas a seguir presionando para exigir un mínimo trato digno a las víctimas que ya no se pueden defender.
En medio del desprestigio, el mandatario de Baja California tiene poco que perder y mucho que ganar, por lo menos para su partido, si es capaz de generar propuestas de solución novedosas, de acuerdo con la realidad del municipio más violento del país, y asignar los recursos para concretarlas.
Al final, lo único seguro en esta vida es la muerte… y en Baja California, con esas imágenes, la certeza es más aterradora. Indigna.
