El sinaloense Luis Manuel Pérez de Acha, así como Bernardo Batiz Vázquez, Alejandro Gertz Manero, Julio Ángel Sabines Chesterking, Estela Cadena Azcona, Lizbeth Xóchil Padilla Sanabria, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Jaime González Garza, Marcos Santana Montes y Ernesto López Saure, fueron los 10 aspirantes electos para la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) acordada este miércoles por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con la oposición del Partido Acción Nacional (PAN).
Estos 10 aspirantes -de un total de 27 en un inicio, 5 hombres y 22 hombres- comparecieron en dos bloques ante los senadores de la Comisión de Justicia de la Cámara alta del Congreso de la Unión, debido a que aspiran a ocupar dicho cargo que durará 9 años.
Si el Pleno del Senado aprueba la la lista de 10 aspirantes en este periodo extraordinario, la Cámara alta enviaría al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que éste integre una terna y la remita de nueva cuenta al Poder Legislativo, el órgano que elegiría al Fiscal.
La tarde de este miércoles la Mesa Directiva preguntará al Pleno del Senado si la lista se acepta para ser debatida. De ser así, conforme a una mayoría calificada de dos terceras partes, podría ser aprobada. Después de que el Poder Legislativo reciba la terna propuesta por el Ejecutivo, los tres candidatos comparecerán primero ante la Comisión de Justicia y luego ante el Pleno.
El lunes pasado comparecieron ante la Comisión de Justicia: Eva Verónica de Gyvés Zárate, Mónica Cecilia Luna Barrientos, José Alberto Rodríguez Calderón, Estela Cadena Azcona, Gabriel Hernández Campos, Jorge Alberto Cruz Medina, Arturo García Jimenez, Lizbeth Xóchil Padilla Sanabria, Julio Ángel Sabines Chesterking, Florencio Hernández Espinoza, Félix Manuel Méndez García, Mauricio Moreno Vargas, Ernesto López Saure, Blanca Ivonne Olvera Lezama, Roberto Valero Chávez y Gilberto Ayón Reyes.
Ayer martes comparecieron: Bernardo Batiz Vázquez, Bernardo Jaime González Garza, José Jorge Campos, Ángel Buendía Buendía, Román Ibarra Encizo, Luis Manuel Pérez de Acha, Josué Javier Ontiveros García, Miguel Nava Alvarado, Roberto Bonifacio Mazón García, Marcos Santana Montes, y, por último, Alejandro Gertz Manero.
#FISCALÍAQUESIRVA DECLINA PARTICIPAR EN COMPARECENCIAS
El lunes pasado, el colectivo #FiscalíaQueSirva -integrado por más de 300 organizaciones no gubernamentales y activistas- declinó participar en el proceso de designación del Fiscal General de la República, debido a que, indicó, lo considera un “fast track” que no ofrece certidumbre y carece de seriedad.
A través de un pronunciamiento, el colectivo llamó a reformular el proceso e incluir a sociedad civil, a los medios de comunicación y a la academia, por lo que consideró inadecuado, asistir a las comparecencias, donde se escuchará a las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía.
“[Se] considera que el fast track, la vía rápida para la designación de la persona que ejercerá el encargo de Fiscal General de la República, adoptado por Senado no responde a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano”, señaló.
“Pues no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación […] Motivo por el cual declinamos la atenta invitación de los legisladores en virtud de que el procedimiento no ofrece certidumbre de seriedad”, afirmó el colectivo.
El colectivo consideró que el proceso de entrevistas no debiera ser una “mera formalidad”, pues se trata de uno de los instrumentos más útiles para identificar el mérito, profundizar en las propuestas y ahondar en aspectos preocupantes sobre sus antecedentes o posibles conflictos de interés.
#FiscalíaQueSirva destacó que el proceso debe tener objetivos claros, contar con una planificación adecuada y llevarlo a cabo con participación real de la sociedad civil. “Por ello, reitera que en estas condiciones el Senado de la República está asumiendo la responsabilidad política y social de una designación que impactará directamente en la lucha contra la impunidad y la corrupción”, sostuvo.
“Insistimos: los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación. Consideramos que lo deseable sería que el proceso se reformule para incorporar de manera directa en su acompañamiento no solo a la sociedad civil, sino a los medios de comunicación y la academia”, abundó el colectivo.
