Co-Directora Adela Navarro
Semanario ZETA
Presente.-
Jorge Ramos Hernández, por mi propio derecho y con fundamento en la Ley Reglamentaria del artículo 6º., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, vengo a hacer ejercicio de tal derecho respecto a la nota periodística bajo la firma de Inés García Ramos publicada en ese Semanario ZETA en fecha 18 de enero pasado, lo cual se hace.
La nota se tituló de la siguiente forma que se transcribe en forma textual:
A 10 años de la “gran obra” de Ramos, Tijuana pagará 228 mdp más por ella. Tal título, es incorrecto y conduce al error, al considerar que la obra que ejecutó y desarrolló la administración pública que me correspondió presidir pagará una cantidad de 228 millones de pesos, tal aseveración es contraria a la realidad, por lo que proceda a explicar.
1.- Es del pleno conocimiento público, lo cual fue relatado por ese Semanario ZETA, en la época que tuve el honor y la responsabilidad de ser presidente municipal, ciudad tenía un gran problema a resolver, que era precisamente la inseguridad y entre tantas líneas de acción que se ejecutaron, fueron la creación de instalaciones para Seguridad Publica y entre ellas se construyó lo que hoy es la comandancia Margarito Saldaña y también se debía de promover el deporte y por tal razón también se construyeron instalaciones deportiva.
2.- Para tal fin se ubicó un terreno mismo que ya es conocido y por ello, omitiré su descripción y al advertir que el propietario lo era y al parecer aun es el Gobierno del Estado de Baja California, se iniciaron las gestiones para obtenerlo y así, en pláticas se acordó que tal terreno podría pasar a la propiedad del Municipio de Tijuana, si se restituía a Ángel Fernández Quintana por conducto de sus herederos la cantidad de dinero que había entregado por anticipo, por tal razón se realizó un convenio, en que el estado de Baja California, donaría el predio a Tijuana y esta última, restituiría a la Familia Fernández el anticipo y los intereses y así, se convino en un Tribunal.
3.- Así, la administración que me correspondía presidir, entregó a la ciudadanía las instalaciones policiales y deportivas que hoy goza la ciudad y por cuestión de tiempo, quedó pendiente restituir el anticipo, ya ese tema pasó a la administración, siguiente.
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Derecho de réplica
Es incorrecto, que tal obra deba de pagar 228 millones de pesos, tal obra se concluyó y no se generó tal pasivo.
Es cierto, que al parecer existe un reclamo de 228 millones de pesos que se le hacen al actual Ayuntamiento de Tijuana que preside el Lic. Juan Manuel Gastelum Buenrostro y dado, que mediáticamente se me involucra en tal exigencia, es necesario explicar de dónde o cómo surge tal reclamo, que se explica de la siguiente forma.
1.- Se firmó un convenio entre Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Tijuana y familia Fernández en que se pactó, que el primero donaba el terreno en mención, el segundo de los citados, restituiría al tercero el anticipo que habían entregado por el terreno más los intereses legales generados.
2.- El 27 de Febrero de 2015, ya en otra administración municipal, comparecieron los albacea de Ángel Fernández Quintana ante el Juez Tercero de lo Civil y en el expediente 1220/2009 a denunciar, que el Ayuntamiento de Tijuana, no le había restituido el anticipo y los intereses mencionados en el punto anterior y además reclamó en forma incidental en el mismo juicio que le pagaran daños y perjuicios.
3.- Es el caso, que, ante tal reclamación, el Gobierno del Estado compareció y manifestó que era ajeno al conflicto y el Ayuntamiento de Tijuana fue omiso en defenderse y así, el Juez dictó una sentencia, el 29 de mayo de 2015, dicta una sentencia que cuantifica los DAÑOS y PERJUICIOS que reclaman $198,510.000.00 y así se determina que se debe de pagar tal cantidad de dinero.
4.- Es de extrema relevancia, destacar que previo a la cuantificación de los daños y perjuicios no tiene como sustento una condena de daños y perjuicios y no existe tal en razón de que no se ha iniciado juicio, en el que se haya condenado a la ciudad de Tijuana baja california a pagar daños y perjuicios.
5.- En efecto, en el juicio de referencia en líneas anteriores, se cuantificaron los daños y perjuicios, sin embargo no se ha substanciado un juicio en forma, en el que se demanden el pago de daños y perjuicios y se diga la causa y forma y se dé la oportunidad al demandado Ayuntamiento de Tijuana a defenderse en el sentido de si se causaron tales daños y perjuicios y no hay sentencia que haga la condena y establezca el mecanismo para cuantificar.
6.- Si bien es cierto, que en tal juicio se cuantificaron, no menos cierto es, que no hay sentencia de condena, por lo que existen diversas vertientes de defensa, que al parecer a la fecha, no se intentan y la preocupación es pagar, no precisamente defenderse, por lo que atendiendo a diversas asesorías que he solicitado al respecto, estas son las vertientes posibles.
Vertientes jurídicas de defensa
Primera.- Se debe de iniciar, un juicio de nulidad de procedimiento concluido, dado que se efectuó una cuantificación de daños y perjuicios y se requiere el pago, sin que existe un juicio previo en que el Ayuntamiento de Tijuana, hubiese tenido oportunidad de defenderse y en todo caso, debatir la forma de calcular en caso de que se hayan causado los daños y perjuicios.
Segunda.- Si bien es cierto, que la actual administración municipal en diversas fechas como son 8 de Junio, 02 de Julio, 02 de agosto, 04 de septiembre se entregaron pagos de cinco millones de pesos en cada una de esas fechas y que el 21 de septiembre celebró un convenio de pago, no menos cierto es, que se debe de alegar en juicio, la nulidad y restitución de tales cantidades por error, pues creyendo que estaban condenados a un pago, por un requerimiento de un Juez, no menos cierto es, que no ha existido juicio en forma.
Se podría abundar en el tema, en caso de ser necesario, lo cierto es, que tal exigencia de pago, no es la resultante de una obra, sino una defensa en extremo deficiente y que aun, tiene solución jurídica.
Si más por el momento, me despido, quedando con ustedes a explicar el tema en caso de ser necesario personalmente, ya tienen ustedes las formas de contacto con el suscrito y se agradece se respete el derecho constitucional de réplica.
Atentamente:
Jorge Ramos Hernández
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Respuesta de la reportera
Previo a la publicación del reportaje periodístico que refiere, este medio se comunicó con usted para obtener su versión sobre la denuncia penal que versa en contra de ex funcionarios de su gobierno por considerar deficiente la defensa de lo que inició como una demanda civil y concluyó con una sentencia de juicio de amparo que ordena al gobierno municipal el pago de 228 millones de pesos a un particular que reclamó.
Usted refirió que el licenciado Raúl Corona Sesma respondería a los cuestionamientos, por lo que se procedió a hablar con él vía telefónica y sus aportaciones fueron incluidas en el mismo reportaje.
El reportaje, en ningún momento señala que “el valor” de la obra que se encuentra en el predio en cuestión sea de 228 millones de pesos, o que exista un adeudo pendiente por ella. En cuanto a la cabeza del trabajo periodístico, es cierto, que de acuerdo a la sentencia de amparo, por esa obra que se construyó en su administración, los tijuanenses tendrán que pagar más de 200 millones de pesos adicionales. No porque lo valga sino por una serie de acciones mal logradas en distintos ayuntamientos.
En el caso de su gobierno, éstas consisten en la contestación de la demanda civil inicial que hizo el entonces síndico Héctor Magaña, en la cual “no invocó excepciones como la de prescripción, no niega las prestaciones reclamadas, ni señala domicilio procesal”, según declaraciones de la propia síndico procuradora y que forman parte de la denuncia penal.
Inés García Ramos
