En lo que va del gobierno del Andrés Manuel López Obrador tres periodistas han sido cobardemente asesinados, y los responsables en libertad. Las muertes de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, Diego García Corona y Rafael Múrua Enríquez, siguen impunes.
El hecho más reciente ocurrió el 20 de enero, cuando los restos de Múrua Enríquez, director de Radio Kashana FM fueron hallados en la carretera Santa Rosalía-San Ignacio, en Mulegé, Baja California Sur. Su familia había denunciado su desaparición un día antes. La víctima fue encontrada con heridas por objeto punzocortante en tórax y lesión de proyectil de arma de fuego en la cabeza.
El comunicador, quien también colaboraba con Peninsular Digital, El Sur Californiano, BCS Noticias y el Colectivo Pericú y era integrante de AMARC México (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), ya había denunciado amenazas y contaba con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2017.
Desde noviembre de 2018, el periodista había denunciado públicamente múltiples incidentes en su contra, incluidas amenazas de muerte, un intento de detención arbitraria y un disparo contra su casa, tras haber publicado información y opiniones que criticaban la actuación del gobierno municipal de Mulegé.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del sudcaliforniano.
“El nuevo año comienza también trágicamente con el asesinato del señor Murúa Manríquez. “Es preocupante que en todos estos casos las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos. Estas denuncias deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir”, añadió Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
Demandó que los beneficiarios del Mecanismo de Protección deben llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas.
El 2 de diciembre, fue encontrado sin vida el periodista y activista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, en Tepic, Nayarit.
Márquez Jiménez, quien cubría la nota roja, casos de corrupción y otras malversaciones políticas, era colaborador de diferentes medios de comunicación en Nayarit, así como fundador del portal de noticias Orión Informativo. El periodista fue visto por última vez dos días antes, cuando comía con su familia y recibió una llamada sospechosa para salir en su motocicleta con rumbo desconocido.
El comunicador también fue candidato a regidor en el municipio de Tuxpan por el partido Morena.
No habían pasado ni siete días del crimen de Márquez Jiménez, cuando se reportó el homicidio de Diego García Corona, de 35 años, reportero del semanario Morelos, cuando iba a bordo de su vehículo en Ecatepec, Estado de Morelos. La víctima recibió varios tiros por sujetos desconocidos que hasta la fecha siguen en libertad.
Sobre la muerte de los periodistas, Artículo 19, Organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, ha condenado la ineficacia de las autoridades en la protección e investigación de crímenes contra comunicadores.
