El 20 de noviembre de 2018, la diputada Guillermina Alvarado, de Movimiento Regeneración Nacional, presentó la propuesta de creación de la Guardia Nacional. Al día siguiente se turnó a tres comisiones, y del 11 al 15 de diciembre, los legisladores escucharon posturas de diversos especialistas en el tema, para el 20 de diciembre aprobar el proyecto en la Comisión de Puntos Constitucionales.
El 2 de enero de 2019, sin que las reformas constitucionales fueran aprobadas, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó la convocatoria con la que pretende que 50 mil jóvenes se integren a la mencionada corporación en un lapso de seis años.
Con la aprobación pendiente, la convocatoria abierta y un dictamen ya elaborado, durante la semana los legisladores realizaron otro foro para escuchar las inquietudes de alcaldes, gobernadores y los responsables de la seguridad en los diversos estados del país.
La postura general no rechaza la Guardia, por qué hacerlo si todos desean mejores condiciones de seguridad, pero piden la transparencia que el dictamen existente no contiene. Además, exigen respetar la autonomía de las entidades y rechazan un mando militar.
Argumentan que no están claro ni los criterios de seguridad y confianza con que serán seleccionados los aspirantes, ni cómo va a funcionar en su relación con las corporaciones en las diversas entidades federativas.
Los funcionarios estatales que acudieron al llamado del Poder Legislativo federal, solicitaron acceso a la información de las Leyes Secundarias, pero les fue negado porque diputados y senadores tienen hasta 60 días para presentarlas, y eso, después que se apruebe oficialmente la creación de la Guardia Nacional.
Los representantes de los estados fueron escuchados, pero por lo pronto no han tenido éxito en sus principales exigencias. Aunque los promotores de la reforma refieren que así será, lo referente al Mando Civil es una promesa de largo plazo, porque el texto del dictamen -aún en modificación- indica: “… mientras persista la emergencia de violencia y hasta por 5 años la Guardia Nacional será adscrita a la SEDENA para los efectos de programación y ejecución de funciones en materia de seguridad”, léase que el mando será militar.
Además, consideran que al responsabilizar al Ejército de la disciplina, selección y profesionalización, “…con esto se cumple el objetivo de contar con una fuerza nacional resistente a la corrupción”.
En cuanto al respeto a la autonomía a los estados, el dictamen refiere lo que consideran un tipo de “intromisión”, primero de manera somera incluyen la participación de esta corporación en tareas de investigación, exclusivas del Ministerio Público. Y después advierten que el Presidente tendrá la facultad de reglamentar a las policías auxiliares de las entidades federativas, a las empresas de seguridad privada, y será su potestad articular y monitorear la información que produzcan las corporaciones locales.
Total que siguen negociando con poca suerte, y en este ir y venir de información, desde Baja California los funcionarios y grupos sociales que durante los últimos 18 años han participado activamente en el tema de seguridad, tienen más inquietudes que siguen sin ser escuchadas.
Una, que para combatir la inseguridad y corrupción generadas por la impunidad, de poco servirá tener una Guardia Nacional con más de 50 mil elementos operativos en calles, si no se invierte la misma cantidad de recursos en fortalecer los Ministerios Públicos en la Procuraduría y los Juzgados en el Poder Judicial. Lograr más delincuentes capturados carece de significado si no hay capacidad para investigarlos y procesarlos, ni jueces y Juzgados para enjuiciarlos y condenarlos.
Hasta ahora los presupuestos muestran que esa planeación no se está contemplando. Como ejemplo, los asesinatos en Tijuana, donde estimaciones de la autoridad indican que para duplicar el número de homicidas consignados ante juez, requieren de veinte elementos más, entre MP y auxiliares, lo que implicaría una inversión adicional aproximada a 380 mil pesos. Sin embargo, en el Estado, este año decidieron reducirle el presupuesto a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Así de simplistas.
El segundo punto que consideran se debe analizar y planear con mayor profundidad, son los “esquemas y modalidades para la certificación de capacidades y acreditación del control de confianza de los elementos”, y la imposibilidad material y de recursos humanos que tienen actualmente los 46 Centros de Evaluación de Control y Confianza existentes para evaluar a casi medio millón de aspirantes. Porque esa sería la cantidad necesaria para reclutar a 50 mil elementos en seis años, dado que los análisis estadísticos indican que únicamente ente el 6 y 11 por ciento de quienes aspiran a ser agentes del orden en México, aprueban los Exámenes de Confianza.
Ante la incertidumbre, la información cruzada contenida en el dictamen, la aparente duplicidad de mando y militarización, las inconsistencias en la planeación, la falta de visión respecto a las procuradurías y el Poder Judicial, la responsabilidad final de equilibrar, de ajustar la propuesta a la realidad y a la Constitución, queda en manos de los legisladores federales.
Y en ese contexto, con un dictamen en transformación, los de Baja California, Gerardo Novelo, Alejandra León y Gina Cruz desde el Senado; y Socorro Andazola, Marina Ávila, Javier Castañeda, Héctor Cruz, Jorge García, Lizbeth Mata, Salvador Minor, Benito Medina, Erick Morales, Ismael Moreno, Martha Ramírez, Armando Reyes y Ernesto Ruffo desde la Cámara de Diputados, tendrán mucho que hacer y cuentas por rendir a una ciudadanía que ha participado activamente en la búsqueda de mejorar las condiciones de seguridad en Baja California durante los últimos tres sexenios.
