El coordinador administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Roberto Gil Espinoza, está desatado sacando ganancias en cualquier oportunidad. Así lo denunciaron trabajadores: les cobra “moche” para autorizarles su respectiva dotación de gasolina, con el pretexto que hay un “plan de ahorro”. Sin embargo, cuando los colaboradores investigaron, aquello resultó falso. No existe siquiera un plan de austeridad en ese sentido. No es la primera vez que se acusa a Gil Espinoza de irregularidades. Lo señalan de sacar provecho cuando entrega equipamiento, patrullas y material sustantivo. Y también, de que la política del “moche” en la PGJE viene en complicidad con el director administrativo, Carlos Armando Ríos, con quien Gil ha hecho mancuerda desde hace muchos años en la dependencia. Es justo recordar que Gil Espinoza es el funcionario involucrado en la pifia administrativa cometida el día de la elección, cuando entregó vales a policías ministeriales para comer cuatro tacos en la cafetería de la dependencia, alimento que se terminó antes que la mitad de la tropa llegara a abastecerse, sólo para enterarse después que para ese día se habían realizado transferencias bancarias de viáticos que nunca fueron vistas por los agentes. Por su parte, Carlos Armando Ríos ha sido señalado de favorecer a gasolineras allegadas y de ser el proveedor favorito del alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, para la renta de mobiliario a través de la empresa Top Event, en la que está asociado con sus hijos y a través de la cual han recibido millones de pesos en la planificación de la cartelera de la Isla de las Estrellas de las Fiestas del Sol. Fichitas, les dicen.
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