La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conocida como la CEDAW, por sus siglas en inglés, fue adoptada de manera unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en septiembre de 1981. México la firmó 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. Este documento se considera la gran carta de derechos de las mujeres y las niñas en el mundo y para nuestro país su cumplimiento es mayormente obligado a partir del 10 de junio del 2011, en el que se reconocen los derechos humanos contemplados en tratados internacionales signados en el mismo nivel jerárquico que los derechos contenidos en la propia Constitución mexicana.
El pasado mes de julio México fue evaluado en el cumplimiento de la CEDAW en el noveno informe periódico y recibió las observaciones finales por parte del Comité ad hoc de la propia convención. Una serie de consideraciones importantes en los temas de acceso a la justicia, salud, empleo, educación, empoderamiento económico y protección social, perspectiva de género, mujeres en el sistema penitenciario, mujeres con discapacidad, mujeres que son migrantes y/o refugiadas, periodistas y defensoras de derechos humanos y mujeres en los medios rurales son mostrados como pendientes, pero destacan como asuntos de gran preocupación en nuestro país: la violencia hacia las mujeres y la persistencia de los altos niveles de inseguridad, la delincuencia organizada y las consecuencias para las mujeres y las niñas de las estrategias de seguridad pública.
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Si bien, el informe de resultados de la evaluación refleja algunos aciertos; como los avances normativos y las buenas prácticas para la participación de las mujeres en la vida política y pública, también nos regala una hoja de ruta para acelerar el paso en la disminución de la gran brecha de desigualdad que existe en las oportunidades para gozar a plenitud de nuestros derechos, incluyendo, por su puesto, ese derechos que tenemos de transitar libremente por nuestras ciudades en cualquier momento sin ser molestadas.
Todas las personas debiésemos de gozar de todos los derechos, sin embargo los hombres y las mujeres no estamos en igualdad de circunstancias para gozar de éstos, no hay igualdad sustantiva, situación que se agrava si se pertenece a algún grupo de la población en mayor desventaja; como es el caso de las mujeres migrantes, o las periodistas y las defensoras de derechos humanos. Sobre éstas últimas, por ejemplo, el Comité de la CEDAW dijo estar preocupado porque “las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos son cada vez con mayor frecuencia objeto de diversos actos de violencia, en algunos casos presuntamente cometidos por agentes del Estado. El Comité también está preocupado por los informes sobre los ataques a medios sociales y plataformas digitales perpetrados por grupos anónimos para incitar a la violencia contra las periodistas y las defensoras de los derechos humanos.” Y recomienda investigar los casos tomando en cuenta las cuestiones de género y combatir la impunidad.
Lo anterior invita ir a la raíz de las violencias hacia las mujeres: la discriminación. Los estereotipos de género que socialmente hemos construido y que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres siguen siendo tan fuertes y están tan incrustados en los cimientos y las paredes de la sociedad que vuelven tarea complicada la construcción de ese hogar justo y acogedor para todas las personas. Pero finalmente es una tarea compartida. Hombres y mujeres debemos trabajar por la igualdad y si no hemos iniciado quizás podríamos hacerlo con el análisis de nuestras palabras.
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Melba Adriana Olvera es Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
