La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) advirtió que en 2017 aumentó la población en pobreza extrema en esta región, al sumar 62 millones de personas; lo que representó 10.2% del total, y constituye la cifra más alta desde 2008. Respecto a la pobreza monetaria, en la que se encuentran 184 millones de personas en América Latina y El Caribe (30.2% del total), el organismo apuntó que ésta se “mantuvo estable”.
De acuerdo con el Informe Panorama Social de América Latina 2018, presentado este martes en Santiago, Chile, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país, y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48.7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55.9%), siendo las mujeres jóvenes las que reportan hasta 60.3%.
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva del organismo, señaló que “aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, por lo que, hizo un llamado a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.
Al analizar a los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución. Mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.
“Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, agregó Bárcena.
El informe también destaca que la desigualdad de los recursos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000; sin embargo, el ritmo de reducción se “enlenteció” en los años recientes, al pasar de 1.3% en el periodo 2002-2008 a 0.8% en el lapso 2014-2017.
De modo que es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso, que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto.
