Tal parece que matar a un abogado en Baja California es un caso con pocas posibilidades de ser resuelto por las autoridades de procuración de justicia. Sólo 2 de los 15 expedientes donde las víctimas han sido litigantes -trece homicidios y dos desapariciones- tuvieron conclusión, la mayoría en Mexicali. Ante ello, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Hernán Cortez, aseveró que el gobierno tiene una gran deuda con el gremio y la sociedad
Una palabra podría definir los crímenes contra abogados en Baja California: impunidad.
De octubre de 2013 a la fecha, se han registrado quince delitos graves contra el gremio legal en la entidad; trece han sido asesinatos -dos de estos resueltos- y dos desapariciones, lo cual representa un dato desalentador.
El último ocurrió la noche del viernes 11 de enero de 2019 en el fraccionamiento Villas del Palmar, al Oriente de la mancha urbana de la Capital del Estado, cuando de 16 balazos fue ultimado un abogado de 27 años de edad que se encontraba al interior de su vehículo; en la escena se localizaron casquillos de armas calibre .9 y .40 milímetros, lo que sugiere, hubo dos disparadores.
Este hecho, al igual que varios suscitados durante la actual administración estatal, tiene como principal línea de investigación y motivo de las agresiones, la actividad profesional, siendo Mexicali el municipio donde más casos se han presentado.
Ante los crímenes mencionados, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, Hernán Cortez Carrillo, consideró lamentable que otro abogado falleciera de esa forma y solicitó a las autoridades esclarecer los hechos.
Desapariciones, asesinatos a balazos, víctimas de brutales golpizas e incluso calcinados, han sido las formas en que se ha atacado a abogados litigantes en Baja California.
EL ASESINATO
La noche que salió de su casa, Fidel Sáenz Pacheco seguramente no imaginó que terminarían con su vida. El joven abogado no tenía amenazas sobre su persona ni contaba con alguna medida de protección cuando 16 proyectiles provenientes de dos armas de fuego calibres .9 y .40 milímetros, fueron expulsadas en su dirección y perforaron su cuerpo de atrás hacia adelante, provocándole heridas que lo llevaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada a menos de un kilómetro de distancia de donde lo atacaron. Murió minutos después.
A bordo de su Dodge Avenger color negro de reciente modelo, placas de circulación A46-NRP-2 de Baja California, Fidel llegó y se estacionó en casa de un vecino, en el cruce de las calles Buenaventura y Privada del Mar del fraccionamiento Villas del Palmar.
Antes de descender se mantuvo unos segundos en su automóvil, momento que fue aprovechado por los sicarios que vestidos de negro y con los rostros cubiertos, se acercaron y sin observar al tripulante, le dispararon desde su costado izquierdo.
Vecinos escucharon los estampidos y afirmaron que no pudo tratarse de un solo disparador, lo cual pudieron establecer por la secuencia de tiros; esto fue confirmado al momento de recoger los casquillos.
Los matones corrieron hacia la esquina y abordaron un automóvil Honda Accord color guinda de reciente modelo, en el que emprendieron la huida sin lograr ser identificados; las cámaras ubicadas en el segundo piso de la casa marcada con el número 3209 -inmueble donde el occiso residía con su padre- captaron el momento del atentado, pero hábilmente, los sicarios estacionaron la unidad en un punto ciego.
Entrevistado respecto al hecho, el subprocurador Fernando Ramírez Amador fue entrevistado el lunes 14 de enero, e indicó que al igual que su progenitor, el joven ejercía la abogacía, aunque como tenía poco de haber terminado la carrera, llevaba los casos con apoyo de su padre, quien fue agente de la Policía Ministerial del Estado, pero dejó la corporación en 2005.
Aunque no pudo definir una línea de investigación sobre el caso, Ramírez no descartó la posibilidad que el crimen tuviera como móvil su actividad profesional. De igual manera, dijo que no tienen certeza si Fidel sólo se enfocaba en atender casos penales.
Investigadores encargados de esclarecer el homicidio establecieron dos hipótesis. La primera sugiere que el despacho donde laboraba Fidel habría quedado mal en un caso y la respuesta de los afectados fue terminar con su vida.
Tanto él como su padre, llamado Fidel Sáenz Vega, de 46 años de edad, priorizan defender a personas acusadas por delitos federales, según información recabada por las autoridades. Por ello analizan cuál de sus casos podría tener relación directa con el homicidio.
La segunda hipótesis, que aún se está trabajando, pero no ha sido considerada como principal, es que el fallecido habría tenido nexos con elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de informante, lo que habría provocado una respuesta fatal por parte de algún inconforme.
GOBIERNO TIENE DEUDA CON LA SOCIEDAD: CORTEZ
El abogado Hernán Cortez emitió un posicionamiento, calificando como lamentable el fallecimiento de otro abogado, aunque precisó que el joven tenía poco de haber iniciado carrera profesional.
“Sí hay una deuda, pero a la sociedad en general, porque hemos visto un desgaste del tejido social, esperemos que ahorita no se descontrole más, vemos los conflictos políticos y esperemos que las personas que tengan el mando sepan enfrentar estas situaciones. Estamos viendo muy desgastada la procuración de justicia”, considera el titular del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali.
Aclaró que entre el gremio jurista no se ha rumorado una versión que explique los motivos del asesinato, pero como litigantes, siempre defienden intereses y en ello hay un vencedor y un vencido, lo que puede generar justicia por propia mano.
En el mismo sentido, expuso que a través del Colegio de Abogados que preside, no se ha recibido información sobre amenazas a sus agremiados.
TRECE FALLECIDOS Y DOS DESAPARECIDOS
Aunque existen datos sobre atentados, como el que sufrió el conocido abogado Guillermo Ruiz Hernández en la Zona Río de Tijuana el 16 de noviembre de 2016, sólo se contabilizaron los homicidios y desapariciones durante este sexenio.
En total, son trece los asesinatos ocurridos en la entidad, de los cuales ocho ocurrieron en Mexicali, tres en Tijuana, uno en Ensenada y otro en Tecate; sólo dos se han esclarecido. Además, otros dos abogados están desaparecidos.
El primero ocurrió el 10 de noviembre de 2013, en agravio del abogado Enrique Harari Bello, hijo del ex director de la Policía Federal, Enrique Harari Garduño. El licenciado en Derecho se encontraba a las afueras de un centro comercial sobre Calzada Anáhuac, cuando un matón terminó con su vida. Harari Bello había sufrido un atentado años atrás.
Víctor Hugo Navarro Avilés fue otro litigante ultimado durante la actual administración. El 24 de enero de 2014 fue acribillado al interior del restaurante Chayo´s, sobre la calle Uxmal en Mexicali, junto con otros dos individuos. Los matones utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército y privaron de la libertad a uno de ellos, pero terminaron quitándole la vida en calles aledañas.
Mes y medio después, específicamente el 5 de marzo de 2014, terminaron con la vida de otro abogado: Efrén Cortés Macías, ultimado a golpes y cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una vivienda del fraccionamiento Lagos del Sol en Mexicali. Los responsables fueron detenidos en meses posteriores y se esclareció que su intención era robarle sus pertenencias.
La noche del 20 de diciembre de 2014, policías atendieron el reporte de un asesinato ocurrido sobre Calzada Lombardo Toledano del fraccionamiento Infonavit Cucapah. Al llegar a la escena confirmaron que la víctima había recibido múltiples impactos de arma de fuego y que en vida respondía al nombre de Everardo Gudiño Anaya. El conocido abogado manejaba temas federales y patrimoniales de grandes cuantías, por lo que su actividad laboral se estableció como móvil del crimen.
No hubo incidencias de este tipo hasta el 31 de mayo de 2015, cuando el cadáver de Jesús Alanís Ahumada fue encontrado al interior de su vivienda en el fraccionamiento Hacienda del Río. Era un abogado y catedrático conocido en el gremio. Fue ultimado a golpes y lesiones provocadas por arma blanca. Siempre se especuló un tema de carácter pasional.
Juan Antonio Rodríguez Moreno fue el primer abogado asesinado en Tijuana. Su cuerpo se localizó calcinado en lo más profundo de un barranco, en unos terrenos a las afueras de este municipio el 5 de septiembre de 2015, junto con los de dos ingenieros que llevaban a cabo labores topográficas en unas parcelas; se desconocen los motivos del asesinato.
Cinco días después en Mexicali, los abogados Hugo Fonseca Meza y Jesús Alberto Zambrano Vizcarra, fueron reportados oficialmente como desaparecidos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Llevan tres años y tres meses ausentes y lo único que pudo localizarse, es el pick-up Raptor de color blanco que utilizaban. El hallazgo se dio sobre Calzada López Rayón, muy cerca de las instalaciones del Gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja California.
María Meza Fonseca, madre de Hugo Fonseca, comentó que las autoridades no han podido agregar ningún dato sobre la desaparición de su familiar. Lo único es que antes de la desaparición, un individuo lo amenazó en su despacho.
El gremio jurista tuvo “saldo blanco” durante 2016, pero el 7 de febrero de 2017, el conocido abogado Jaime Palafox Toscano fue asesinado en Ensenada cuando conducía rumbo a su vivienda localizada en la colonia Moderna. En su momento hubo por lo menos dos tiradores. Tras recibir los proyectiles, perdió el control de su automóvil y cayó en un pronunciado paso a desnivel, terminando su trayecto al impactar contra un muro.
Felipe Salazar Ruiz fue asesinado la mañana del 27 de abril de 2017. Con entrenamiento militar, trabajó en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Mexicali, pero fue removido y continuó con su actividad profesional. Fue sorprendido por un solitario tirador después de dejar en la escuela a sus hijos. Su cadáver quedó en una vialidad ubicada entre el plantel educativo y la Rectoría de la UABC en la colonia Nueva.
El segundo de los casos resueltos por la fiscalía es el de René Ortiz Quiñones, litigante residente de Tijuana que fue abatido a las afueras de los Juzgados. Disparos de arma de fuego terminaron con su vida; aparentemente lo confundieron con un presunto narcomenudista.
Uno de los casos más icónicos en Mexicali es el homicidio de Juan José Castro Crespo, quien era presidente de la Barra de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, cuyo cuerpo quedó tendido bocabajo en un terreno de su propiedad, en el Ejido Islas Agrarias.
Aquella tarde del sábado 30 de diciembre de 2017, el también ex candidato a diputado por el Partido de la Revolución Democrática fue sorprendido por un sujeto que le gritó para llamar su atención, y, tras confirmar que se trataba de él, abrió fuego con un arma calibre .40. Los responsables huyeron y las autoridades sólo pudieron establecer que la principal línea era su actividad profesional, pero como habitualmente llevaba casos federales muy complicados, a la fecha es difícil identificar cuál de esos casos pudiera tener relación con el crimen.
El único jurista asesinado en Tecate fue Rafael Moreno Ramírez, conocido como “El Gallero”, cuyo cadáver fue localizado amarrado de pies y manos al interior de un inmueble de su propiedad. Se desconocen los motivos del asesinato de quien perteneciera al Subcomité de Participación Ciudadana en el denominado Pueblo Mágico.
En marzo de 2018, Ramón Arturo Morales Muro fue víctima de homicidio a una cuadra de la penitenciaría de La Mesa en Tijuana. El responsable fue detenido horas después mientras intentaba escapar. Según las autoridades, un joven de nombre David, de 20 años, habría jalado el gatillo contra el litigante de 63 años; en su momento, versiones arrojaron que se trató de una represalia por negarse a “pagar piso”.
Fidel Sáenz Pacheco sería el último de la lista. Abatido el 12 de enero de 2019 en Mexicali, tenía poco ejerciendo como abogado y, al igual que la mayoría de los crímenes aquí descritos, tendría como móvil su actividad profesional.