Uno de los puntos que el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, presume es el supuesto orden en las finanzas municipales y la mejora en el ranking de varias calificadoras de préstamo internacionales. Lo que no dice es que su administración arrastra una deuda de más de mil 366 millones de pesos sólo en los adeudos a ISSSTECALI y a proveedores, además de la misma deuda pública. Para el académico Roberto Valero, no se puede hablar de finanzas sanas cuando se debe tanto dinero
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Transcurrido el primer año de la administración del alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, éste comenzó a impulsar su discurso sobre el saneamiento de las finanzas y el orden en el gasto público municipal. Sin embargo, la realidad es que sólo en el gasto de proveedores adeuda un total de 123 millones de pesos.
A esta cifra se le puede agregar el adeudo histórico de las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y los Municipios de Baja California (ISSSTECALI), que alcanza los 243 millones 041 mil 976.98 pesos y por el que no se ha hecho nada.
No sólo eso, si se adiciona el monto de la deuda pública que fue solicitada en pasadas administraciones y que se pagará hasta el año 2031, el Ayuntamiento de Mexicali debería más de mil 366 millones de pesos, sólo en estos tres rubros.
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Ante ello, el alcalde de Mexicali afirmó que durante esta administración no se ha dejado de pagar a proveedores, pero reconoció que por la falta de pago de compromisos pasados, han recibido una serie de demandas aunque no pudo establecer cuantas.
Entre esas demandas se encuentra por ejemplo la del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, Alimentos y Condimentos (CANIRAC), Miguel Ángel Torres, quien interpuso un recurso contra el Ayuntamiento por múltiples servicios ofrecidos al cierre de la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, y que Gustavo Sánchez Vázquez no reconoció y por lo tanto no pagó.
El experto en finanzas públicas, Roberto Valero, estableció que sólo en estos tres rubros se adeuda dicha cantidad, pero los pasivos totales entre fideicomisos y otros apartados superarían los 2 mil millones de pesos.
Agregó que una institución de gobierno que presenta adeudos tan grandes no puede considerarse con finanzas sanas, por más que las certificadoras mejoren su calificación crediticia, no se está resolviendo un problema, sólo se está pasando a la próxima administración.
MILLONARIOS ADEUDOS A PROVEEDORES
Cuando Gustavo Sánchez llegó a la Casa Municipal, recibió a varios proveedores inconformes por la falta de pagos y en el primer acercamiento, sus funcionarios indicaron que no reconocerían las deudas de la pasada gestión.
ZETA sostuvo un acercamiento con cuatro proveedores del Ayuntamiento de Mexicali, y aunque no quisieron que sus nombres fuera revelados, reconocieron que cubrieron servicios por grandes cantidades de dinero pero no recibieron los pagos correspondientes.
Roberto Valero, economista, quien ha realizado múltiples trabajos financieros gubernamentales, comentó que con frecuencia los proveedores de gobierno se encuentran en una desventaja, pues otorgan el servicio y al cambio de administración ya no quieren cumplir con los contratos.
Pese a la inconformidad no externan sus reclamos debido a que podrían ser “congelados” por el gobierno actual, o bien, que sus deudas definitivamente no sean cubiertas. Agregó que aunque lleguen a ganar litigios al gobierno es como si no pasara nada, pues siempre tienen una solución para retrasar los juicios hasta que libran la administración.
Foto: Cristian Torres.- El alcalde Gustavo Sánchez Vázquez inaugurando los trabajos del BRT, los cuales ya están fuera de tiempo
Esa mala fama de los actuales gobiernos –según dijo Valero- provocó el pacto no escrito de aumentar los precios cuando se vende a las autoridades, pues saben que es muy probable que no les paguen la totalidad del servicio.
Según la solicitud de Tansparencia con número 01141618 realizada por esta casa editorial, entre los principales afectados se encuentra Ernesto Girbau Jiménez, propietario del taller mecánico Dillasa, el cual ofreció servicios de amortiguadores, neumáticos, balanceo y demás, por montos de 10 millones 755 mil 072.60 pesos. Los servicios fueron prestados y la actual administración no ha querido cubrir.
Otro proveedor de vehículos pesados cuyo propietarios es Manuel Eduardo Mendoza Durán, quien espera el pago de 6 millones 496 mil 983.68, pesos, pero hasta diciembre del año pasado este adeudo no se había cubierto. Tampoco las deudas de MJ Industrial, otro taller mecánico que no ha percibido 6 millones 913 mil 585.82 pesos.
Uno más estuvo a punto de la quiebra gracias a los enormes adeudos municipales. Se trata de Servicio Automotriz Campos, cuya propietaria era Silvia Campos de Lucas, hoy fallecida, no pudo cobrar la cantidad de 19 millones 316 mil 415.20 pesos de los servicios que ofreció, según el documento obtenido vía Transparencia de la Tesorería Municipal.
Distribuidora Integral de Clavos y Madera es otro negocio afectado por la morosidad municipal, que si bien exige a los ciudadanos cubrir sus adeudos de impuesto predial, no puede solventar los propios. A esta empresa le debe 5 millones 907 mil 714.10 pesos, por conceptos obvios que se expresan en el mismo nombre del establecimiento localizado sobre la calzada Héctor Terán Terán.
La empresa ProTires México S. de RL, dedicada a la distribución y venta de neumáticos también espera el pago de 3 millones 484 mil 005.01, la cual incluso llegó a negar compras al Ayuntamiento de Mexicali.
Sin embargo existen algunos negocios con irregularidades como lo son el del proveedor Aarón Pérez Ayala, mismo que el Ayuntamiento de Jaime Rafael Díaz Ochoa, no le pagó compras por 9 millones 599 mil 466.65.
Dicho proveedor estuvo en la mira del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en 2015, debido a que vendió un árbol por un monto estimado en el medio millón de pesos, para decorar la Villa Navideña. El hermano de Aarón Pérez Ayala, Roberto, fue subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) durante la misma administración y su local es una casa.
AYUNTAMIENTO NOS TIENE QUEBRADOS: ERNESTO GIRBAU
“El Ayuntamiento nos tiene quebrados”, es la frase con la que culmina una de sus respuestas el empresario y propietario del taller mecánico Dillasa, ubicado en la Zona Automotriz de Mexicali, a quien el gobierno municipal debe más de 10 millones de pesos.
“He tenido que despedir empleados, he batallado para pagar impuestos… me tienen demandado”, son algunas de las expresiones de frustración de Ernesto Girbau Jiménez, con 19 años de experiencia en el ramo y que no había tenido interés en ofrecer sus servicios al gobierno porque a su consideración, eran “mala paga”.
En 2013 decidió hacer a un lado esa idea y brindó los primeros servicios al Ayuntamiento de Mexicali. En ese entonces lideraba la comuna Francisco Pérez Tejada, cuando proveyó algunos servicios de neumáticos y suspensión.
Al salir, Pérez Tejada Padilla dejó una deuda manejable en las finanzas de su empresa, reconocida por la administración de Jaime Díaz, quien pidió créditos para sacar adelante la administración. Sin embargo, pocos fueron los montos que pagó y la deuda aumentó hasta 10 millones de pesos.
Una vez que comenzó la administración de Gustavo Sánchez Vázquez, su oficial mayor, Óscar Ortega Vélez, le comunicó a Girbau Jiménez que revisarían los montos porque no le constaba que hubieran otorgado el servicio.
Pasó el primero año y la negativa de pago continuó y su negocio ya presentaba pérdidas. Entonces decidió demandar y, tras un año de juicio, en noviembre de 2018 obtuvo la resolución a su favor, pero el Ayuntamiento apeló, pretendiendo posponer el pago.
Girbau dice tener todos los documentos para comprobar la deuda y el trabajo realizado, pero aun así no le quieren pagar, por lo que cree que sólo quiere posponer lo inevitable.
“Cuando interpusimos la demanda en 2017, se inició con unos intereses de casi 6 millones, ahorita calculo se acumulan unos 280 mil pesos mensuales por no pagar. Las cuentas se están yendo altas, no tenemos la intención de quitarle el dinero a nadie, sólo queremos lo que nos corresponde”.
Al cierre de la administración de Jaime Díaz, éste ofreció pagarle; el planteamiento fue de 7 millones con terrenos y 3 millones en efectivo, lo cual el empresario aceptó. Se llevó a cabo la sesión de Cabildo en la que le otorgaron los inmuebles, pero Díaz no alcanzó a firmarla. Y cuando entró Gustavo Sánchez, éste se negó a validar el compromiso, por eso Girbau demandó.
En cuanto a los terrenos que le había asignado la administración de Jaime Díaz, uno de éstos ya fue vendido para solventar deudas del Ayuntamiento.
ISSSTECALI Y DEUDA PÚBLICA
Otros dos adeudos que prácticamente no se han movido son los de ISSSTECALI y la deuda pública heredada que actualmente ronda los mil 060 millones de pesos.
Según otra solicitud de Transparencia con número 01108918 también realizada por ZETA al organismo de servicios sociales, el Ayuntamiento de Mexicali debería a ISSSTECALI la cantidad de 243 millones de pesos. Sin embargo, el economista Roberto Valero afirmó que los estados financieros municipales reflejan un adeudo real de 513 millones de pesos, en importes dirigidos a temas mutualistas.
Aunque no se ha retrasado en los pagos de la misma, se arrastran compromisos que al parecer entregarán a la próxima administración sin una solución.
Es por ello –dice Valero Berrospe- que para evitar que los gobiernos tomen libremente el dinero de los trabajadores, ese recurso debería destinarse a cuentas separadas para cada trabajador, con el objetivo de que puedan ver cómo se da el crecimiento de las mismas
De igual manera, la deuda pública es de mil 060 millones de pesos, actualmente, lo que representa poco menos de una tercera parte del presupuesto total municipal, y que cada año obliga al Ayuntamiento a pagar 120 millones de pesos al año.
A su juicio, esas calificadoras han sido útiles para mejorar la imagen del alcalde, y lo único que tuvo que hacer es rehabilitar los pagos, y las aseguradoras le perdonaron, aunque siga con la enorme deuda.
Otro punto que evaluó Valero es que realizan gastos cuestionables, como adeudos de más de un millón de pesos para seguros de funcionarios, lo cual consideró algo que se contrapone a las políticas de austeridad.
