La inconformidad de los elementos policíacos va en aumento, piden que se aclare qué pasó con los 1.7 millones de pesos del Fondo que no se entregaron y por qué los cursos de capacitación están diluidos o son inexistentes, a pesar que firman actas de asistencia. Advierten que no permitirán que las autoridades sigan usando a la corporación para canalizar recursos en otros gastos
En 2018, el Ayuntamiento de Ensenada solicitó al Secretariado Nacional de Seguridad, recursos para compensar a 903 policías municipal con bonos por 5 mil 099 pesos, pero al final se entregaron a los 680 agentes activos.
De la repartición quedaron fuera elementos retirados y pensionados, personal administrativo, de permiso sin goce de sueldo o aquellos que reprobaron el Examen de Control y Confianza.
En noviembre, agentes en retiro y pensionados se pusieron estrictos y pidieron tanto al alcalde Marco Antonio Novelo Osuna como a la oficial mayor, Mónica Vargas Núñez, transparentar el destino del dinero que no les entregaron.
En un oficio presentado por el policía en retiro Efraín Ávila Cruz, de la Asociación de Agentes de Seguridad Pública de Ensenada, ante el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Job Montoya Gaxiola, cuestiona a los legisladores que si bien las reglas del Programa para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) indican que sólo los oficiales activos pueden recibir este incentivo, por qué se giraron cheques para otros gastos ajenos a la seguridad.
Calcularon que el gobierno municipal sigue presupuestando alrededor de 1.7 millones de pesos, a sabiendas de que la Ley lo prohíbe.
“Por qué entonces solicitaron el recurso para todos, hace más de un mes que no hay respuesta”, manifestaron los uniformados.
Recordaron que con el ex presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, recibieron tres bonos: para apoyo de vivienda, de útiles escolares y de línea blanca. Comenzaron a mermar y, con el ex presidente Gilberto Hirata Chico, se otorgaron a 916 elementos.
YA GASTARON EL DINERO DE LOS BONOS
En el ejercicio 2018, la coparticipación en el Fortaseg fue de 9.2 millones de pesos que se etiquetaron en gastos de operación.
Del total del presupuesto, 4.6 millones de pesos se proyectaron en la profesionalización de instituciones de Seguridad Pública y en homologación de sueldos referentes a bonos.
Al respecto, la síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos informó que iniciará una auditoría para conocer el destino de varios cheques que se cobraron de la partida presupuestada para bonos al personal activo.
Adelantó que en una primera revisión al recurso de 9.2 millones de pesos, se encontró que en la reestructuración y homologación salarial, 4.6 millones se distribuyeron entre los agentes, pagaderos dentro de la nómina para homologar el salario. El resto, para otro programa de mejora de las condiciones laborales de personal operativo.
Aclaró que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) solicitó apoyo para 803 bonos de agentes de seguridad por 5 mil 099 pesos, además, que en agosto se giraron 684 cheques por esa cantidad, casi en las fechas que se entregaron en un acto protocolario.
Sin embargo, en el estado de cuenta de septiembre aparecen 676 cheques cobrados de esa misma cuenta y otros diez en octubre, por diferentes cantidades, desde 900 pesos en adelante.
La Sindicatura reiteró que la política del Secretariado Nacional es de sólo otorgar el bono al personal activo y a quienes estén de permiso sin goce de sueldo, como también aquellos que no acreditaron el Examen de Control y Confianza.
Foto: Lorena Lamas
La manera en que debió actuar el gobierno municipal, a través de Tesorería, fue reintegrar el dinero que no se usó para los agentes en retiro y jubilados, o en su caso, redistribuir el recurso.
CAPACITACIÓN AL VAPOR EN DSPM
De la misma manera, los uniformados detectaron que del Fortaseg se solicitó dinero para capacitaciones que no imparten, como el taller titulado “Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el Lugar de los Hechos”.
El agente Corrado denunció que reciben cursos “al vapor” de cuatro horas, pero en las actas de asistencia les marcan que estuvieron 30 horas en el curso.
También se inscribieron en otra capacitación por cinco días, pero como se atravesó el 16 de septiembre, los mandaron a trabajar al “Grito” de Independencia y redujeron la capacitación a cuatro días.
“Se supone que ahorita (22 de enero) debemos estar en un curso de Derechos Humanos, me apunté y nos fuimos, no hubo nada”, mencionó otro elemento que pidió no ser identificado.
La inconformidad va en aumento porque han sido señalados como los principales causantes de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) no funcione, al no tener preparación.
“Carezco de muchos conocimientos, pero gracias a tropezones, caídas y levantadas, que fue lo más difícil todo de esos cuatro días, ésta es el acta y aquí está”, manifestó Corrado.
Efectivamente, los municipales han sido primeros respondientes por necesidad y no por voluntad, debido a la carencia de capacitación.
Según el agente, lo más complicado a tres años de implementado el NSJP, ha sido “fallarle a la gente”, ya que mucho se pregona ante la sociedad que cuando a su entrada en vigor, la Policía estaba capacitada.
NO QUIEREN CÁMARAS, SINO ENTRENAMIENTO
En septiembre de 2018, a los elementos de la Policía les entregaron cámaras fotográficas, un pequeño equipo Sony 8X sin memoria. Tuvieron que firmar una carta responsiva donde se comprometen a cubrir el costo de la cámara en caso de daño o extravío.
La corporación valuó el equipo en 5 mil 500 pesos, mientras que los agentes comprobaron que el costo real no llega a 2 mil 500 pesos incluyendo memoria, forro, trípode, doble pila y artículos de limpieza.
En cuanto al uso de la cámara, afirman que están de resguardo en las casas y no lo emplearán porque corren el riesgo de dañar los artefactos en campo y tengan que pagar más del triple del valor real del equipo.
ACOTAN CURSOS POR INSEGURIDAD
ZETA solicitó información a la DSPM sobre la impartición de cursos y talleres al personal de la corporación. No desmintieron lo declarado por los oficiales que se inconformaron por las pocas horas de capacitación.
El área de Profesionalización de la Dirección aclaró que debido a la inseguridad y poco personal que hay en Ensenada, fue necesario reducir los horarios de capacitación.
Las órdenes fueron giradas por el titular de la corporación, Jorge Íñiguez Díaz, quien pidió menos horas, así como días de preparación ante los problemas de inseguridad.
Asimismo, la DSPM reconoce que hay pocos elementos de seguridad para cubrir un sector, haciendo imposible tener a todos los agentes reunidos en una sala de capacitación al mismo tiempo.
Foto: Lorena Lamas
“NO NOS VAMOS A DEJAR”: POLICÍAS
Los agentes advirtieron que no permitirán que las autoridades sigan usando a la corporación para hacerse de dinero y continuar en el abandono.
Respecto a las manifestaciones que han llevado a cabo desde noviembre por falta de pago de sueldo, aguinaldos, seguros de vida, prima vacacional y caja de ahorro, advirtieron que no se detendrán y protestarán cada vez que dejen de pagar sueldos y prestaciones, pese a la amenazas de que, si siguen con los disturbios, serán llevados a prisión.
No temen que los manden a otras delegaciones siempre y cuando les paguen lo justo, sin violar sus derechos.
“Con el cambio de gobierno municipal, quieren cambiar la imagen ante la gente. Tengo veinte años de carrera, ahí está mi expediente y reto a que se revise, no tengo boleta de arresto, soy humano y he cometido errores, pero lo he entendido”, insistió Corrado.
No pueden permitir más “que pisoteen los derechos, así como se nos exige, hay que pedir los nuestros, porque atrás de nosotros hay una familia”.
Para concluir, el agente expuso que los grupos de choque surgen a raíz de que las autoridades van de mal en peor en cuanto a la profesionalización de policías, “estamos graves y tenemos que hacer conciencia, de otra manera jamás se va a avanzar”.
