Sospechoso movimiento realizó el Ayuntamiento de Mexicali en una de las varias licitaciones relacionadas con el Sistema Rápido de Transporte (BRT, por sus siglas en inglés), considerada la obra prioritaria de la administración de Gustavo Sánchez Vázquez y planeada hace varios trienios.
Resulta que en el mes de julio, el Ayuntamiento celebró un contrato con la empresa Bajanet, S de RL de CV, propiedad de Ulises Paredes Sánchez, para la instalación de fibra óptica y equipo de cómputo para el funcionamiento del BRT.
Con la justificación que se realizaron varias convocatorias de licitación y éstas fueron declaradas desiertas debido a que las empresas participantes no cumplieron con los requisitos, el proceso se realizó a través de una adjudicación directa a favor de dicha empresa por un monto de 8 millones 534 mil 555 pesos.
De acuerdo al contrato AO-802002999-E13-2018-T-FONADIN-PRON2018009, aparte que las otras compañías no cumplían con los requisitos, Bajanet fue seleccionada “por su capacidad para realizar el trabajo” y proponer el monto más bajo de inversión, incluso por sobre dos competidores: Lumenet Comunicaciones. S de RL de CV y Telecomunicaciones Aplicadas. SA de CV.
Sin embargo, un mes después, la empresa y el Ayuntamiento celebraron un convenio modificatorio con el objetivo de incrementar a 9 millones 984 mil 218 pesos el precio de la obra, es decir, un millón de pesos adicional a lo planeado y pactado, lo que -ahora sí- posicionaría a la compañía como la propuesta más cara de todas. Pese a ello, la administración no tuvo problema en pagar esa cantidad.
De por sí las empresas relacionadas con el BRT están en tela de duda por los lazos de amiguismo con funcionarios, por los compañeros de partido y hasta por compañías cuya existencia se encuentra en duda, ahora se suma una adjudicación directa con un precio elevado de manera posterior.
Foto: Cristian Torres/Aumento al transporte, regalo de Navidad
Aumento
El alcalde Gustavo Sánchez Vázquez ya formalizó el incremento al precio del transporte público en Mexicali. Será el 17 de diciembre. Una vez más aumentará el costo del pasaje por un servicio que no ha mejorado y ni siquiera ha puesto en operación el BRT, que se ha vendido como la solución a todos los problemas de transporte público en el municipio.
Ley de Víctimas
El 27 de septiembre se aprobó la Ley de Victimas para Baja California. Lo hicieron con seis años de retraso, luego que la iniciativa se había presentado y aprobado en el Pleno, sólo para ser vetada, argumentando inviabilidad financiera por parte del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán.
Dos legislaturas después y tras leves cambios, la Ley fue aprobada, sólo que se le destinó una bicoca: apenas 5 millones de pesos como presupuesto, cuando en otros estados de la República el recurso entregado de inicio ronda los 50 millones de pesos.
Madres de desaparecidos
A más de dos meses de aprobada por la Cámara local, la legislación sigue en el jurídico del Gobierno del Estado. No la han publicado y, por tanto, no entra en vigor ni se le asigna recurso. Varias madres de familia, encabezadas por Irma Leyva, realizaron una discreta manifestación en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), haciendo un llamado a que se publique la Ley, la cual consideran necesaria para tener elementos y exigir resultados a la fiscalía.
Burda estrategia de comunicación
Ante la crisis de recursos para el pago de salarios y aguinaldos en el Gobierno del Estado, algunos empleados han tenido que participar en una campaña en redes sociales para justificar la mala administración de los dineros en Baja California.
Pese a que también están siendo afectados por el incumplimiento en el pago de su aguinaldo y en algunos casos hasta de su salario, los empleados de confianza han sido obligados a compartir información oficial y hasta memes condenando principalmente las exigencias de los docentes.
A algunos trabajadores de las áreas de Comunicación Social se les ha visto en horarios de trabajo compartiendo esa información, y reconocen que están acatando órdenes de sus jefes.
Por supuesto que en medio de la crisis financiera que se vive en el Estado, los comentarios de los empleados de Comunicación para denostar la manifestación de maestros, no son bien recibidos. Cosa contraria, se llenan de comentarios negativos por parte de personas afectadas directamente o indirectamente, ante esta incapacidad del gobierno para pagar el salario y las prestaciones de los trabajadores en Baja California; situación que nunca había sucedido De hecho tanto en el Ayuntamiento de Tijuana como en el de Mexicali, donde regularmente se tienen problemas para cumplir con los compromisos financieros a final del año, ya se han cubierto salarios y aguinaldo.
Pero en otras dependencias no alcanza para nada. Por ejemplo, en la PGJE aseguran que se acabó el recurso para pago de viáticos, hospedaje, peaje y está por terminarse el presupuesto para la gasolina. Policías ministeriales se quejan de esos faltantes porque no pueden desarrollar su trabajo y, aunado a la falta de pago de sus aguinaldos, habrá mayor merma en la investigación de delitos.
En el Instituto Estatal Electoral les depositaron salario a los trabajadores, no así participaciones a los partidos políticos, donde ya se organizan para dos posibles escenarios: solicitar al Instituto Nacional Electoral atraer el proceso por inequidad en la contienda política, o formalmente pedir que se difiera la fecha de la elección. En la semana que concluye se reunirían dos consejeros electorales con el gobernador, para determinar cuándo entrega los recursos a los partidos políticos.
