Congreso estatal aprueba reforma a la ley que regula esos establecimientos, pero las disposiciones ya se cumplían por estar vigentes en normas federales. En Baja California el porcentaje de objetos empeñados relacionados con una carpeta de investigación es de 0.0002%, según Amespre
Al cierre de octubre de este año el número de quejas presentadas contra las casas de empeño en Baja California aumentó 42% comparado con 2017, cuando se presentaron 26 reclamaciones, según la información proporcionada a ZETA por la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Las causas principales de las quejas son la negativa a la entrega del producto o servicio, la negativa al cambio y/o devolución de lo empeñado, así como la negativa a devolver el depósito. En tanto que, First Cash, S.A. de C.V., Qar del Noroeste, S.A. de C.V., Bazar Internacional, S.A. de C.V., Supercash Empeños Prendarios de Volada, S.A. de C.V., así como La Nacional Pignorantes y Remates, S.A. de C.V. son las empresas con más reclamaciones.
Este panorama contrasta con lo manifestado previamente por Julio Felipe García Muñoz, delegado de Profeco en la entidad, quien en una entrevista afirmó que el año pasado no hubo quejas contra ningún establecimiento de este tipo, y en 2018 “no hemos tenido prácticamente quejas de casas de empeño, nada más una denuncia recibida”.
Cuestionado sobre esa disminución, el funcionario justificó: “lo que pasa es que en 2016 suspendimos como 70 casas de empeño y en 2017 nadie se quejó”.
Luego de referir que dicha suspensión (que en realidad fue producto de operativos en 2014 y 2015) se debió a que las casas de empeño no tenían contrato de adhesión; al contar con éste “ya las quejas son mínimas”, sostuvo.
El número de reclamaciones no es el único dato brindado por García Muñoz que no corresponde con las cifras de la oficina central de la Profeco, pues también expuso “nosotros tenemos más de 600 establecimientos” operando en el estado. Cantidad que prácticamente duplica a las 282 casas de empeño con inscripción vigente al cierre de octubre pasado, reportadas por la Subprocuraduría de Servicios.
Dato relevante si se toma en consideración que conforme al Artículo 13 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeño, una vez que los establecimientos son “autorizados deberán refrendar anualmente su registro”.
El Listado de Proveedores inscritos en ese Registro, publicado el 1 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, indica que de las 28 empresas que cuentan con sucursales en alguno de los cinco municipios bajacalifornianos, 15 refrendaron la vigencia de alguna de ellas entre 2017 y 2018.
Foto: Alan García Loza
A decir de un trabajador de una empresa que pidió el anonimato, algunas casas de empeño no cumplen con las disposiciones de Profeco, la Norma Oficial Mexicana y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que se traduce en perjuicio de los usuarios.
CONGRESO DE BC APRUEBA MODIFICACIONES A LEY QUE REGULA CASAS DE EMPEÑO
El pasado 25 de octubre el Congreso de Baja California aprobó con 16 votos a favor la iniciativa que reforma los artículos 36, 41 y 42 de la Ley que establece las bases de operación de las casas de empeño en el estado. Su entrada en vigor será un día después de que el Ejecutivo la publique, lo que se prevé en los próximos días.
Rocío López Gorosave, presidente del Congreso local, aseguró que con estas modificaciones “se da certeza jurídica de que los objetos empeñados son de la legítima propiedad de quien los empeñe y por lo tanto que no son robados”.
En entrevista con este Semanario, la diputada perredista comentó que la iniciativa, presentada el 23 de marzo de 2017, surgió después de muchas pláticas con ciudadanos y grupos empresariales, “ya que todos sabemos que el final de los objetos robados son las casas de empeño”.
Para evitarlo, nos dimos a la tarea de modificar esa ley con una iniciativa que básicamente consiste en que el cliente firme un documento bajo protesta de decir la verdad, acompañado de la credencial de elector y la copia de comprobante de domicilio para asegurar su legítima pertenencia.
Así, el Artículo 36 establecerá que “el documento oficial con fotografía que ampare la identidad del pignorante, y la factura de compra o documento que acredite la legal propiedad del bien en prenda, deberán anexarse al contrato, en copia simple, debidamente cotejada con la original”.
Además, derogará la fracción VI del Artículo 41, y anexará la fracción III al Artículo 42 para asentar que se impondrá suspensión temporal al permisionario cuando omita anexar las copias de dichos documentos al contrato.
López Gorosave consideró que las modificaciones aprobadas respetan el sentido social de esos negocios a los que acuden las familias cuando se ven en apuros económicos para empeñar sus pertenencias y así resolver sus problemas de manera inmediata al tiempo que se evita que en las casas de empeño se trafique con artículos robados.
Sobre los cambios hechos en la ley local, Julio Felipe García Muñoz, delegado de Profeco, comentó: “lo que dice la Ley ya lo dice la Ley Federal también, no puedes andar negociando con cosas robadas, eso está prohibido en todos lados. No lo dicen los contratos de adhesión, pero está prohibido”.
“La Profeco ni las casas de empeño (son investigadoras) para andar buscando”, pero si se cometen delitos del orden común el Estado tendría que intervenir.
En opinión del trabajador de la casa de empeño consultado, las modificaciones “no abonan”, ya que las empresas cumplen desde hace años con la NOM-179-SCFI-2016 (antes NOM-179-SCFI-2007).
La cual indica que el contrato de adhesión avalado por Profeco deberá contener la “manifestación del consumidor bajo protesta de decir la verdad de que es legal, legítimo e indiscutible propietario de la prenda y que tiene un origen lícito”.
MINORÍA DE OBJETOS ROBADOS LLEGAN A CASAS DE EMPEÑO: AMESPRE
Joel Rodríguez Navarro, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), señaló que diariamente se efectúan 125 mil operaciones (de empeños, desempeños, y refrendos entre otras), alrededor de 45 millones al año. De éstas el porcentaje de objetos que están relacionados con alguna carpeta de investigación judicial es de 0.0002%.
Foto: Julieta Aragón.- Julio Felipe García Muñoz, delegado de PROFECO en Baja California / Foto: Tomada de Internet.- Joel Rodríguez Navarro, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios
“Durante 2015 hicimos 47.8 millones de operaciones, de ésas tuvimos únicamente 111 denuncias penales” que equivalen al 0.0002% de las operaciones”, y una vez que cambió el sistema penal el porcentaje se ha mantenido.
Al detallar que en Baja California hay cien de las tres mil sucursales afiliadas a esta agrupación, Rodríguez Navarro manifestó que el estado sigue siendo uno de los que tiene los niveles “más bajos” de objetos relacionados con carpetas de investigación, por lo que no se ha “detectado como foco”.
Adicional a la firma del contrato, las sucursales afiladas solicitan al pignorante comprobante de domicilio, huella digital, identificación oficial, y prácticamente todos los establecimientos cuentan con circuito cerrado de televisión, para agregar “un componente extra” al tema de seguridad.
De modo que se tienen identificados al 100% de los pignorantes, lo que permite colaborar con la autoridad en cualquier momento.
En ese rubro, el empresario destacó el Convenio de Colaboración firmado el 22 de septiembre de 2016 entre Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora General de Justica de Baja California, y Gabriel Rafael Mondragón, presidente de la Amespre.
Con el cual se establece el compromiso de las casas de empeño de recabar nombre, domicilio, y el documento de identificación de los usuarios, así como el documento que acredite la propiedad de los objetos, y las características de las prendas, en aras de compartir esa información con la autoridad.
Mientras que la Procuraduría se comprometió a brindar orientación a la Amespre cuando tenga la “calidad de ofendido y coadyuvante del Ministerio Público, en todas las etapas del procedimiento penal, procurando la protección de su patrimonio”.
A decir del empleado consultado, todas estas medidas han contribuido para que haya disminuido el número de productos de procedencia ilícita que llega a las casas de empeño, pues en diversas ocasiones el Ministerio Público requiere información sobre alguna persona que ha hecho un empeño, describe los objetos y el lapso en el que pudo hacer la operación.
“Si coincide con algún empeño entonces nos pide que remitamos a la Agencia del Ministerio Público copia de la boleta, de la identificación, así como de los objetos que se describieron en el oficio que nos hizo llegar”.
Refirió que en Ensenada y Tecate frecuentemente requieren información; en contraste, en Tijuana se nos pidió una vez hace un par de años.
Este procedimiento ha hecho que en algunos casos los establecimientos tengan que entregar los artículos dejados en prenda para que la autoridad investigue delitos contra robo a casa habitación y a negocio, así como asaltos a transeúntes. En lo que va del año, la empresa para la que labora entregó dos objetos en Tecate y seis en Ensenada.
Por otro lado, Rodríguez Navarro apuntó que las casas de empeño tienen desde hace cinco años la obligación de presentar informes de todas las operaciones relevantes que celebran, y cuando una empresa empeña tres o más cosas de la misma característica.
AMESPRE BRINDA SERVICIO A DOS DE CADA TRES MEXICANOS
En “Amespre atendemos a dos de cada tres mexicanos que no tendrían otra forma de financiarse, con préstamos que van desde 50 pesos hasta la cantidad que alcance la prenda”, indicó el ejecutivo, quien precisó que el 76% de los empréstitos son por un monto promedio de mil pesos a cuatro semanas.
Dijo que como política de la asociación se ha determinado que las sucursales que la integren manejen casi las mismas tasas de interés. Si bien, depende del artículo y el plazo por el que se empeñe, “la tasa más baja está en el 2.3% y la más alta, como cuando se empeña un vehículo, puede llegar hasta el 5%”.
Agregó que cada año, a partir de la segunda semana de febrero se observa un incremento que oscila entre 7 y 15% de operaciones de empeño, que disminuye cuando concluye marzo.
