Infraestructura Municipal -ahora integrada a Servicios Públicos- mantiene el descontrol con las obras y empresas a las que son asignados los recursos; desde el inicio de diciembre tendrían que haber sido asignados la totalidad de los 110 mdp, pero a la fecha no llegan a la mitad. Hay desconfianza aún entre miembros de un mismo gremio constructivo
Desde el 7 de diciembre, la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura del Ayuntamiento de Ensenada debió entregar al Gobierno Federal el programa 2018 con dinero del Ramo 33.
Tanto el Ayuntamiento representado por Marco Antonio Novelo como el Gobierno del Estado de Baja California, tienen millonarios adeudos con empresas, y el único recurso disponible en Ensenada es el del Ramo 33 para zonas de mayor marginación, con una bolsa de 110 millones de pesos.
De acuerdo con una notificación enviada por Sindicatura Municipal, hasta el miércoles 12 de diciembre sólo había contratado un 42 por ciento de las 108 obras aprobadas por el Cabildo.
Los últimos gobiernos federales han sido permisivos, sin embargo, las reglas van a cambiar con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, de acuerdo al propio reglamento del Ramo 33, la autoridad puede solicitar la devolución del recurso.
ZETA intentó un acercamiento con el titular de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura de Ensenada, César Cuevas Ceseña, quien se negó a dar información sobre la situación legal de las empresas contratadas por la dependencia a su cargo.
GUERRA ENTRE CONSTRUCTORAS POR OBRA
A días de que se dieran a conocer los resultados de la contratación de obras con dinero del Ramo 33, una empresa constructora de Ensenada envió al gremio un mensaje anónimo tras hurgar en la situación financiera de una compañía constructora afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
De acuerdo con la Ley Obras Públicas, Equipamiento y Suministro en Baja California, toda empresa contratada debe estar al corriente con el fisco para concursar.
En la queja hecha por el gremio, y que no ha sido elevada a denuncia ante el Ministerio Público, se detalla con cifras cómo un integrante de la mesa directiva tiene fuertes adeudos con el fisco, y aunque la Ley de Obras lo prohíbe, es uno de los principales acreedores de obra en los tres niveles de gobierno.
Los documentos que exhibió de su homólogo fueron la situación financiera con la omisión del pago mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde marzo de 2016 a la fecha; además de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios desde marzo de 2018 a la fecha, pagos provisionales de ISR desde abril de 2016, declaración anual de 2017 y declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA desde junio de 2015 a la fecha. Factores suficientes para ubicarlo en la lista de empresas no aptas.
“Ha estado trabajando de forma irregular, presentado documentos falsos y alterados debido a que no se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales”, se menciona en el documento.
“Es vergonzoso constatar cómo este tipo de personas representan a organismos reconocidos a nivel nacional, y que no cumplan con obligaciones fiscales a las que cualquier ciudadano está sujeto, más aún cuando hablamos de una empresa a la que se le pagará por sus servicios, con dinero proveniente del pago con mucho esfuerzo de nuestros impuestos”.
Aunque los documentos oficiales se exhibieron en redes sociales, nadie ha presentado queja formal ante Sindicatura Municipal, que es la entidad sancionadora.
ASIGNACIONES DE OBRA EXPRÉS
De una media de diez empresas de Ensenada que licitan para los gobiernos municipal y estatal, cinco caen en irregularidades, al no estar al corriente con la Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para el sector, desarrollar la asignación de obra exprés se presta para entregar en manos de empresas no reconocidas las obras más importantes para la comunidad a las que menos recursos se asignan.
Acorde con el empresario Luis Martínez, los pagos de impuestos, de derechos, materiales y cuotas tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto Nacional para el Fondo de Vivienda (Infonavit), representan una carga alta e ingresos bajos cuando se trabaja para el sector público.
“Si le agregas que muchas veces la Cámara te pide feria y merma tu utilidad, ¿cómo haces deducible esa mochila si se paga así, sin recibo y sin factura?”, planteó otro socio del organismo que pidió el anonimato.
PIDEN A AYUNTAMIENTO NO “CONFIARSE” DE AMLO
El programa de obra tiene tiempos límites y el personal del Ayuntamiento fue advertido por oficio que debe redoblar esfuerzos para evitar errores.
“Lo que queremos es que contraten a tiempo y evitarán errores”, advirtió uno de los ingenieros encargados de las obras en Sindicatura Municipal.
Foto: Enrique Botello
De acuerdo con la Ley que regula el recurso del Ramo 33, las consecuencias por llevar a cabo los procedimientos conforme a los artículos son que, de entrada, serán observados y, de reincidir la actual administración municipal -en 2017 ocurrió lo mismo-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) obligará a las instancias correspondientes a perseguir a los funcionarios responsables.
El caso más drástico sería que Tesorería resuelva devolver el dinero, el cual fue depositado a las arcas municipales desde hace meses.
A diferencia de otros gobiernos, la advertencia en el de Ensenada es que los funcionarios no deben fiarse “de los conocidos”, porque con el nuevo Gobierno de México -que encabeza Andrés Manuel López Obrador- habría cero tolerancia a estas prácticas.
CARGA FISCAL DE DESARROLLADORAS, LA MISMA PARA TODOS
Una compañía constructora tiene la misma carga fiscal que cualquier otra empresa con actividad empresarial, a excepción de algunas con necesidad de contratación de personal y nóminas semanales fijas.
El contador público Marco Navarro Steck explicó que la diferencia radica en una nómina con estas características, donde hay que pagar a muchos empleados cada semana y entonces la operación financiera se complica.
“No es como con un proveedor que le dices ‘espérame tantito, luego te pago’, no; la nómina hay que pagarla junto con el pago a Infonavit e IMSS”, sentenció
En números redondos, la carga es del 30 por ciento adicional a la nómina, es decir, quienes pagan 100 mil pesos de sueldos, deben pagar 30 mil pesos de retenciones, IMSS e Infonavit.
En la opinión de Navarro, una compañía se presiona financieramente respecto a la carga que representan los sueldos mensuales, “si sumamos a la nómina que tienen contratos y los clientes morosos (que a veces es el mismo gobierno), pagar se vuelve una mala combinación”.
Ley de Obras Públicas de BC
Artículo 27.- La Secretaría integrará un padrón de contratistas y proveedores registrando y clasificándolos, por especialidad y capacidad técnica, económica y de ejecución fiscal anual, conforme a los criterios y procedimientos que al respecto fije. Solamente podrán ser registradas en el Padrón las personas físicas o morales que cuenten con su domicilio fiscal en el Estado.
- Aquellas que no hubieren cumplido con sus obligaciones contractuales respecto; y que como consecuencia, haya sido perjudicada gravemente la dependencia o entidad respectiva.
- Aquellas que hubieren proporcionado información falsa o hayan actuado con dolo o mala fe en algún procedimiento de licitación para la adjudicación de contratos.
Las obligaciones fiscales de una empresa constructora consisten en declarar ISR, declaraciones mensuales de IVA, presentar el informe de retenciones como persona moral a quienes prestan servicios de honorarios o personas independientes, además de las cuotas de IMSS e Infonavit.
HACEN LO QUE QUIEREN CON OBRAS
Infraestructura Municipal inició con la contratación de las obras con dinero de 2018, pero no ha entregado seis proyectos pendientes de 2017 porque la empresa constructora asignada se quedó sin dinero para continuar.
La síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos comentó a ZETA que la oficina a su cargo no revisa que las empresas estén al corriente ante el SAT, sólo que tengan la capacidad económica para llevar a cabo la obra. No obstante, hay cabida para iniciar investigaciones con sólo presentar la queja formal en la institución.
“Los comités de obra ciudadanos tienen meses esperando que el Ayuntamiento entregue formalmente los trabajos comprometidos desde el año pasado ; aquellos inconclusos fueron señalados por el Órgano de Fiscalización en Baja California, a través de Sindicatura Municipal, por lo que se procedió a notificar a Infraestructura sobre las irregularidades detectadas en las diferentes colonias”, expuso la funcionaria, como:
* Sistema de drenaje pluvial en la delegación Francisco Zarco
* Sistema de drenaje pluvial en el mercado público de Maneadero
* Sistema pluvial en Valle Verde
* Muro de contención en Colonia 89
* Línea de aguas tratadas en Maneadero
* Sistema de drenaje pluvial en Delegación El Porvenir.
