El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez para anular la elección de gobernador de Puebla, medida que el integrante de la Sala Superior había interpuesto ante la ratificación del triunfo de la panista Martha Erika Alonso como producto de un recuento total de votos.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó el recurso de impugnación que derivó en el segundo cómputo de sufragios, consideró que el fallo del jurado constituyó “una decisión equivocada, antidemocrática”. Con todo, afirmó a nombre del gobierno que encabeza: “Vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de Derecho”.
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Adelantó que la relación con la esposa del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle, será meramente institucional. Mientras que tratándose del rival de Martha Erika, el ex perredista Miguel Barbosa Huerta, éste contará con un puesto en la administración pública federal.
El domingo 9 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF resolvió que las irregularidades acreditadas en lo referente a los comicios de Puebla no afectaron de manera determinante “los principios constitucionales, ni el resultado de la elección”.
Sobre los actos de violencia que habían sido desestimados por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla pese a las pruebas que Morena y Barbosa Huerta presentaron en su carácter de denunciantes, el Trife reconoció que constituían acciones reprobables, sólo que insuficientes en términos de porcentaje para repercutir de forma generalizada en la elección y para quebrantar “el principio de certeza respecto a los resultados electorales”.
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La “evidencia aportada” arrojó que los hechos denunciados abarcaron 0.78 por ciento de las casillas instaladas a nivel estatal; a propósito de tales inconsistencias, “su presencia en la jornada electoral de Puebla fue marginal”, indicó la Sala Superior.
Por otro lado, magistrados del TEPJF, en su mayor parte, reconocieron que no se cumplió con un resguardo adecuado de los paquetes electorales, aunque en contraposición a los alegatos de la parte quejosa, desestimaron que tal material se hubiera alterado, toda vez que “los resultados de los cómputos y del recuento de la totalidad de las casillas realizado por el propio Trife coincidieron en cuanto a la persona que obtuvo el triunfo”.
Otros argumentos contra la votación apuntaban a la detención de brigadistas de Morena; el robo de cuatro urnas perpetrado por personal de gobierno; la instalación de “un laboratorio electoral” atribuible a la coalición Por Puebla al Frente y la sustracción de actas de escrutinio y cómputo por parte de la presidenta del 18 Consejo Distrital. Actos que conforme a lo resuelto por el Tribunal de la Federación, no fueron acreditados.
La máxima Corte negó que las autoridades electorales de Puebla hubieran actuado “con parcialidad en la tramitación y sustanciación de los recursos de inconformidad”, confirmando así la validez de la elección y, por ende, el triunfo de la fórmula Por Puebla al Frente, encabezada por Martha Erika Alonso.
Ante ello, Barbosa Huerta acusó que el hoy senador Moreno Valle había ejercido presión política para que cuatro de siete magistrados, incluida la presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora, se negaran a anular los comicios. En ese tenor, demandó investigar “quiénes fueron los operadores de esta sucia operación”.
